El Gobierno confirma el objetivo de la Ley del aborto, blindando su negocio

El Gobierno confirma el objetivo de la Ley del aborto, blindando su negocio

Se apresura a atender la demanda que la patronal abortista le manifestara el pasado día 11, y deja en manos de quien se lucra con el aborto el decidir si se perpetra o no en menores, al margen absoluto de los padres. 

REDACCIÓN HO.- Si era palpable y denunciado por muchos que la reforma de la ley del aborto, sin ninguna demanda social y con la sociedad en contra y la gran división institucional que ha introducido la barra libre establecida -ejemplo, su aprobación: en el Congreso por 183 votos contra 162 y en el Senado por 132 votos contra 126- , era una cortina de humo que demostraba la incompetencia del Ejecutivo de Zapatero para afrontar los problemas reales de España, como la grave crisis económica que ha provocado que las directrices se nos impongan desde el exterior ante el hartazgo internacional, ahora queda diáfano que la única empresa que se le ocurre potenciar a nuestro desgobierno emergido, en medio de la grave crisis, es a la de la muerte. Según publica hoy El País, serán los médicos quienes decidan si se practica el aborto en el caso de menores. Los padres, eso ya lo sabíamos, han quedado al margen  no sólo a la hora de consentir en la grave práctica que se le practicará a sus hijas, sino, gracias al subterfugio que pactaron con el PNV, ni siquiera tendrán que ser informados.

El pasado día 11, bajo la excusa de presentar un informe, la patronal del aborto, a través de su presidente, Santiago Barambio, mientras cínicamente señalaba que son un colectivo demasiado pequeño para que el Gobierno se ocupara de legislar para ellos, reclamaba a renglón seguido que lo hiciera para solucionar el vacío legal  que les blindara en sus practicas abortistas y les protegiera jurídicamente. Así, solicitaba al Gobierno un mayor desarrollo y concreción legal respecto a la perpetración del aborto a menores  sin consentimiento ni conocimiento de los padres.

La ley , que establece que las jóvenes de 16 y 17 años podrán abortar libremente hasta la semana 14, presentando un  documento que acredite que al menos uno de sus padres (o tutores) está informado, algo innecesario si la menor alega  que informar a los padres les conllevará "un grave conflicto". A la hora de expresar qué entiende la ley por "conflicto grave", el abanico es tan amplio que lo convierte en puro humo "un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo". La trampa ya se conocía. Pero creaba inseguridad a los profesionales del aborto,  según denunciaron estos públicamente el día 15, al  enfrentarse a posibles demandas.

El Gobierno se ha apresurado a recoger su demanda, evienciando una vez más en quién pone sus miras la ley del aborto. Según la información filtrada al grupo amigo PRISA, el último borrador del desarrollo reglamentario de la nueva ley del aborto que entrará en vigor el próximo 5 de julio soluciona la inquietud expresada por los abortorios; en los casos en los que se alegue que decir en casa que van a abortar les supone un "grave conflicto", será el médico que las atienda quien determine si los temores de las menores son fundados. El profesional podrá pedir un informe de la situación de la mujer a un psicólogo o trabajador social para tomar la decisión. La decisión  queda pues en manos de quien tiene un interés directo en que se perpetre el aborto, negocio que les lucra.

El borrador del desarrollo reglamentario de la llamada Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del embarazo -aprobada el 24 de febrero y publicada en el BOE el 4 de marzo- está ya en manos de algunas consejerías de Sanidad de las autonomías, y dentro de unos días entrará en un proceso participado de alegaciones en el que éstas y las organizaciones involucradas en la perpetración del aborto -ellas sí- podrán opinar e introducir algún cambio.

Inquietud entre los profesionales

El Gobierno apuesta de nuevo así por el raduvalismo, precisamente en uno  de los puntos más controvertidos dela ley, el referente al aborto libre de las menores para que puedan tomar "la decisión de abortar" solas.

"Es un error conceder autonomía absoluta para abortar a las menores", dicen los representantes de los colegios profesionales, a los que no se les oye,al igual que a los profesionales sanitarios que sostienen que la nueva ley no les proporciona más garantías jurídicas que la anterior.

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