11-M: la Justicia da la razón a las víctimas y resuelve la inhibición de Garzón

11-M: la Justicia da la razón a las víctimas y resuelve la inhibición de Garzón

Las víctimas han visto satisfecho su denuncia: la Sala de lo Penal ha resuelto que Garzón no es competente para investigar el informe del ácido bórico sobre la posible conexión de ETA con los atentados, sino que lo debe trasladar a los juzgados de Plaza de Castilla. El magistrado se lo había auto adjudicado. Al tiempo, se ha conocido que el informe sobre este tipo de explosivo, encontrado en la casa del imputado islamista Hasan el Haski y común también en los atentados etarras, fue examinado por cinco instancias superiores que no cuestionaron su autoría. La división que está provocando el caso Garzón, con una inusual presencia en el interrogatorio a los peritos de la fiscal Olga Sánchez -favorable a las tesis del Gobierno de descartar  cualquier nexo etarra-, es más grave en cuanto se aproxima la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Al tiempo, la ?guerra política? del 11-M está provocando un enfrentamiento máximo en el seno de la Policía y entre los medios de comunicación.

REDACCIÓN HO.-La Fiscalía había recurrido el auto inicial de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ya advertía a Garzón que no tiene competencia para investigar la falsificación del informe de los tres peritos sobre el 11-M y ETA. Esta era también la opinión de las víctimas y del sindicato Manos Limpias¸ que habían exigido a Baltasar Garzón que se inhibiera del caso.

En un nuevo auto, de respuesta al recurso de súplica, la sala que preside Gómez Bermúdez ha resuelto que el caso es competencia de los juzgados madrileños de Plaza de Castilla. Se trata de un supuesto delito de falsificación, y no de terrorismo ni de narcotráfico, y por lo tanto no es competencia de la Audiencia Nacional. El vocal del área ?moderada? del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José Luis Requero había insistido, poco antes de esta resolución, en que Garzón debía dejar el caso y no obstaculizar la investigación. Los fiscales propuestos por el PSOE, que vieron rechazada su petición de amparo a Garzón, amenazan con proseguir el embate político en el seno del Consejo, lo que pinta un turbio panorama ante la renovación del CGPJ, prevista para noviembre.

Intimidación y prácticas inusuales en torno a Garzón

Caso aparte es la denuncia interpuesta por los peritos que firmaron los informes en los que se establecía una posible conexión de ETA con los atentados. Garzón les imputó un delito de falsedad documental y les sometió a un interrogatorio de 30 horas sin asistencia legal, a pesar de la presencia de dos fiscales, entre ellos la fiscal que sirvió para la instrucción del sumario del 11-M, Olga Sánchez. Los peritos se sintieron acusados por el magistrado, e interpusieron una querella afirmando también haberse sentido vejados por Garzón, al que consideran incompetente para instruir el caso.

La fiscal del 11-M, Olga Sánchez, fue una de los fiscales, junto con Pedro Rubira, que estuvieron presentes en el interrogatorio de Garzón a los peritos. Según fuentes jurídicas, el hecho de que se destinen dos fiscales a interrogar a testigos y uno de ellos esté destinado a un caso relacionado es algo "completamente inusual".

Sobre la cuestión de competencia planteada por los peritos, que deberá ser resuelta también por la sala de lo penal, las fuentes consultadas indicaron que antes de estudiarla deberá subsanarse el defecto formal que supone que los peritos -que comparecieron ante Garzón como testigos- no estén personados con abogado y procurador en la causa, para lo que se les dará un plazo de tres días. Después, el tribunal podría pedir informe a las partes antes de pronunciarse.

Interior no cuestionó el informe hace un año

En relación con los peritos, uno de los tres que vinculó el 11-M con ETA, Manuel Escribano, incluyó este documento entre los méritos para solicitar una condecoración. Hace ahora un año, según desvela El Mundo, la instancia llegó al entonces ministro Alonso. Antes, el expediente fue examinado en cinco niveles policiales y en ninguno de ellos se cuestionó la autoría, como se hace ahora a raíz de salir ante la opinión pública. Finalmente, el titular de Interior firmó la resolución para denegar la cruz al mérito policial con distintivo rojo. Esta circunstancia figura en el recurso presentado por el perito contra la imputación de Garzón.

Mientras tanto, Garzón no se da por enterado sigue adelante con las diligencias de investigación, y hoy mismo había citado a la coordinadora general de España y Libertad, Yolanda Couceiro, para que ratificara su denuncia, lo que ésta se negó hacer porque, a pesar de haberla presentado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ahora mantiene que este tribunal no es competente para entender de los hechos. En declaraciones a los periodistas a su salida de la Audiencia, Couceiro aseguró que Garzón -que regresó este miércoles a España de un viaje por Colombia- pretende "amedrentarles como a los peritos" y amenazó con querellarse contra el magistrado si no se inhibe en el caso como le ha reclamado. El juez tendrá que decidir si se abstiene de seguir investigando también a petición de la magistrada de Madrid que ha iniciado actuaciones por los mismos hechos.

Guerra mediática y policial

El empeño por desterrar la conexión etarra en relación con el 11-M, siguiendo la tesis del Gobierno, ha generado también una guerra entre medios de comunicación. El periodista de Cuatro Iñaki Gabilondo, vinculado profesionalmente al grupo Prisa, ha lanzado durísimos ataques a la Cadena COPE por sus informaciones sobre el 11-M. Gabilondo ha hablado de contenidos "indignos", "intolerables", de "traición" al Estado y ha llegado a apuntar que estas informaciones pueden ser un "delito". Para él, "es una vergüenza" que no lo sea. También ha acusado a los obispos de mirar hacia otro lado al achacar la difusión de la "teoría de la conspiración" a un "comunicador concreto".

El uso del polémico informe del ácido bórico como arma arrojadiza también se vive en el seno de la Policía y, en concreto, entre los dos sindicatos con mayor número de afiliados en el Cuerpo Nacional de Policía.  Desde hace semanas, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) -mayoritario en el Cuerpo, con 30.000 afiliados, y que se autocalifica de ?progresista?- y la Confederación Española de Policía (CEP) ?con 17.000 afiliados y señalada por sus rivales por su proximidad al PP- mantienen una dura batalla de comunicados y circulares que parece haberse recrudecido a raíz del célebre documento pericial sobre el ácido bórico.  De hecho, son abogados de la CEP los que han asumido la defensa de los peritos de la Policía a los que el juez Baltasar Garzón acusó el viernes de falsificar documentos de la investigación del 11-M. Totalmente contraria es la postura del SUP, quien no ha dudado en defender a los máximos responsables de la Comisaría General de Policía Científica de las acusaciones de ?falsificar? el documento original redactado por los peritos lanzadas por varios de medios de comunicación. 

El enfrentamiento entre ambas formaciones sindicales -que, curiosamente, hasta hace poco tenían un acuerdo de unidad de acción- se ha traducido en un cruce de acusaciones e insultos que cuelgan en las páginas webs del SUP y de la CEP y en las páginas de sus revistas internas, que ha provocado una demanda del SUP por injurias y calumnias ante los insultos ofrecidos en uno de los foros de la página de la CEP.