Garzón imputa a los peritos que avalan la conexión de ETA con el 11-M

Garzón imputa a los peritos que avalan la conexión de ETA con el 11-M

El juez Baltasar Garzón, obviando que carece de competencias para ello e ignorando la petición de las víctimas para que se inhiba, ha dado la vuelta a la historia y ha imputado un delito de falsedad documental a los peritos que elaboraron el informe que vinculaba a ETA con el 11-M. La AVT insiste en que Garzón debe remitir el caso a los Juzgados de Plaza de Castilla y, frente a la tendencia del Gobierno de premiar a quien falsifica, ha publicado la carta de una víctima indignada ante la condecoración a los escoltas del llamado caso Bono.

Garzón, ignorando que carece de competencias en este caso después de que la Audiencia Nacional se declarar incompetente en favor de los Juzgados de Plaza de Castilla, ha imputado un delito de falsedad en documento oficial a los peritos que elaboraron el informe sobre el ácido bórico que relacionaba a ETA con el 11-M. El juez les acusa de falsificar la fecha del informe.

Según el auto, los imputados entregaron este documento a su jefe, Francisco Ramírez, quien les ordenó que suprimieran la referencia a ETA. Al negarse los peritos, el propio Ramírez suprimió la alusión a la banda terrorista, lo firmó y lo remitió al juez Del Olmo sin haber realizado él los análisis. Un año y cuatro meses después, los peritos sacaron de su ordenador el informe original para demostrar que Ramírez lo había falseado. Como lo volvieron a firmar, Garzón da la vuelta a esta historia y, en consonancia con la línea gubernamental de rechazar toda vinculación etarra con los atentados, les imputa a ellos el delito.
 
Por si fuera poco, horas después de la imputación Garzón ordenó un registro de las mesas de los tres peritos de la sede de la Comisaría General de Policía Científica, en uno de los edificios que integra el complejo policial de Canillas, en Madrid. Esta es una decisión contraria al auto en el que la Audiencia acordó remitir el caso de la falsificación a los Juzgados de Instrucción de Madrid.

Mientras, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido la decisión de la sala de lo penal de este tribunal de remitir a los juzgados de Madrid el asunto sobre presunto delito de falsedad en el informe pericial relativo al ácido bórico hallado en la casa de Hassan El Haski. En el escrito de la Fiscalía se considera "meridianamente clara" la conexión entre el informe pericial del laboratorio químico-toxicológico y la investigación abierta contra El Haski, por lo que se afirma que el instructor -el juez Baltasar Garzón- se encuentra "perfectamente habilitado para la investigación de la sustancia incautada en el domicilio del imputado".
 
Las víctimas, como hicieran el miércoles, ha vuelto a exigir la inhibición de Garzón. El responsable de los servicios jurídicos y portavoz de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, José María de Pablo, ha  afirmado que "el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón no es competente para imputar a nadie por falsedad documental. Él sabe que no lo es".

A esta afirmación se añade la del presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Francisco José Alcaraz, que ha criticado que las investigaciones policiales y judiciales se estén centrando más en investigar una posible falsificación en las fechas de salida de un informe en el que se relacionaba a ETA con el 11-M cuando lo importante es, según enfatizó, verificar la autenticidad del contenido.

En relación con estas prácticas manipuladoras para con la Justicia que parecen haberse puesto de moda, la AVT ha salido al paso de la actitud del Ministerio del Interior de premiar a los agentes que falsificaron su declaración en el caso de las inexistentes agresiones a José Bono durante una manifestación de las víctimas.

Así, la AVT ha hecho pública una carta enviada al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por parte de Pedro Samuel Martín García, víctima de ETA en el atentado ocurrido el 16 de marzo de 1991 en San Sebastián, en la que manifiesta su indignación por la condecoración. En la misiva, Martín García, ex guardia civil y ahora delegado de la AVT en Salamanca, dice haberse quedado "perplejo" y sentirse "humillado" por ver cómo el Ministerio del Interior condecora a "aquellos que incumplen la legalidad".