Nuevo revés de la UE a Zapatero

Bruselas abre otro expediente al gobierno socialista por la financiación de TVE.

REDACCIÓN HO.- El intervencionismo de todos los gobiernos en las televisiones públicas no tiene más solución que una privatización general de esta suerte de nueva “prensa del movimiento” en que se han convertido TVE y el inacabable coro de las cadenas autonómicas. Sin embargo ni PSOE ni PP están dispuestos a renunciar a sus tan escasamente democráticos privilegios mediáticos.

La última vez que alguien trató de proponer la privatización de una cadena autonómica (sucedió en la Comunidad Valenciana), un sector del PP, el que ocupaba el gobierno regional, intentó poco menos que enterrar en cal viva a otro sector del PP, el proponente de la privatización.  

Con las televisiones públicas en España pasa como con la ley electoral: a nadie le gusta, pero todos se ponen las botas. Y ahora Bruselas ha expedientado al gobierno socialista por hacerlo de manera tan descarada.

La Comisión Europea expedientó hoy a España por la tasa que ha impuesto a los operadores de telecomunicaciones para financiar Radio Televisión Española, con el fin de compensar así la supresión de la publicidad.

Bruselas considera que esta tasa podría ser incompatible con la legislación comunitaria  sobre telecomunicaciones y perjudicar indebidamente a los operadores, limitando las inversiones en nuevas redes y afectando negativamente a los clientes.

Segundo expediente de la UE sobre una de las televisiones de Zapatero

Se trata del segundo procedimiento que lanza Bruselas contra el nuevo modelo de financiación de RTVE. El pasado mes de diciembre, el ejecutivo comunitario ya abrió una investigación en profundidad por considerar que este modelo podría vulnerar además las normas de la UE sobre ayudas públicas. Bruselas cree que esta tasa podría constituir un "subsidio ilegal" para RTVE. 

Ambas investigaciones continuarán ahora "en paralelo", según explicó el portavoz de Telecomunicaciones, Jonathan Todd.

El nuevo modelo, que entró en vigor en septiembre, suprime la publicidad en TVE y obliga a los operadores de telefonía a contribuir a la financiación de la televisión pública con el 0,9% de sus ingresos, a las cadenas privadas a aportar el 3%, y a las de pago el 1,5%.

El ejecutivo comunitario cree que la tasa que se aplica a los operadores de telefonía "aparentemente no está relacionada con los costes de regular el sector sino que está relacionada con la ausencia de ingresos publicitarios", según explicó el portavoz.

La apertura del expediente adopta la forma de una carta de emplazamiento, primera fase de un procedimiento de infracción. El Gobierno tiene ahora un plazo de dos meses para responder a la denuncia de Bruselas. Si los argumentos de España no le convencen, la Comisión podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.