No a las sedaciones terminales 'a la carta' en Andalucía

No a las sedaciones terminales 'a la carta' en Andalucía

Después del aborto, la eutanasia. La siguiente meta en el proyecto ideológico de Zapatero empieza este miércoles en el Parlamento de Andalucía, con la votación de la mal llamada Ley de Muerte Digna. Pide al PP andaluz una posición clara en defensa de la dignidad de la vida humana. 

REDACCIÓN HO.- El Parlamento andaluz votará este miércoles 17 de marzo el proyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte

La ley es totalmente innecesaria, pues ya existen normas de rango superior en el Ordenamiento Jurídico español que garantizan la autonomía del paciente y su derecho a recibir cuidados paliativos integrales. 

La finalidad de esta ley es de naturaleza ideológica.  Al legislar sobre la sedación terminal a la carta, introduce un precedente para la introducción de la eutanasia y recorta otro grado más la libertad de conciencia de médicos y auxiliares sanitarios, a los que convierte en simples funcionarios ejecutores de decisiones terapéuticas arbitrarias basadas en una voluntad ilimitada del paciente.

La mal llamada Ley de Muerte Digna deshumaniza el cuidado de los pacientes y abre la puerta a la eutanasia, auténtico objetivo ideológico del PSOE para erigir al Gobierno en poder supremo sobre la vida y la muerte de las personas.

La doctora María Alonso, médico de familia y analista de Profesionales por la Ética, ha expuesto los daños a la dignidad humana que entraña esta ley, en un esclarecedor artículo:

“Muerte digna” poco digna en Andalucía

¿Se necesita una Ley para una muerte digna? En nuestra legislación disponemos de un abanico bastante completo como para garantizar la necesaria dignidad de los momentos cercanos a la muerte: Ley Básica de Autonomía del Paciente, Ley de Calidad del Sistema Nacional de Salud, Ley de Ordenación de las profesiones Sanitarias y por supuesto, el Código Deontológico Médico.

Todas ellas garantizan del derecho del paciente a recibir cuidados paliativos integrales  y de calidad, también el respeto a la autonomía del paciente en la toma de decisiones sobre cualquier intervención sanitaria y la actuación médica profesional con una la adecuación del esfuerzo terapéutico para no generar mayor dolor con un tratamiento ineficaz o desproporcionado.

Por tanto, ya disponemos de los instrumentos jurídicos, profesionales y éticos indispensables para una adecuada implementación para una muerte digna y, ahora, debería ser el Estado el que respondiera ineludiblemente con la esperada inversión en el Plan Nacional de Cuidados Paliativos, como una prestación sanitaria innegable al 100% de la población con enfermedad incurable.

En cambio, ¿por qué desconoce este Proyecto de Ley el derecho de los profesionales sanitarios a la objeción  de conciencia, precisamente cuando existe el riesgo real de que los derechos de los pacientes y su voluntad no tengan límites? ¿cómo pueden afirmar que ningún médico puede oponerse a esta Ley puesto que todo lo legislado será considerado buena práctica médica?. Un profesional sanitario sabe, por ejemplo, que la sedación terminal sólo es ética si constituye una herramienta terapéutica para tratar síntomas refractarios a otros tratamientos. Así, una sedación terminal a la cartaen un paciente asintomático o con síntomas que pueden ser controlados mediante otros tratamientos, no puede ser aceptada como un criterio de buena práctica médica.

Y otro ejemplo más: si se aplica una sedación sistemática profunda en la agonía y ésta se prolonga con el paciente inconsciente y la familia se empieza a poner nerviosa,  ¿se considerará buena práctica clínica aumentar la dosis del sedante para acelerar el esperado fallecimiento? ¿No es éste otro motivo para que el médico se niegue a inducir más sedación  porque estaría tratando la angustia de la familia y no al paciente ya asintomático?

Los límites de la autonomía y peticiones del paciente están definidos, en beneficio del propio paciente, por lo que marca la lex artis (probada buena práctica profesional) evitándose así medidas arbitrarias contraindicadas o no indicadas. Por eso, los profesionales sanitarios demandan, desde todos los ámbitos, el derecho a negarse a facilitar un tratamiento contraindicado que entra en contradicción con los principios básicos de cuidado del paciente al que se está atendiendo.

El Estado, por tanto, no puede violentar los principios que regulan los Códigos Deontológicos de los profesionales sanitarios, que, por sí mismo, ya son una exigencia de excelencia profesional.

Los políticos que este miércoles otorgarán su voto, tienen una gran responsabilidad sobre la salvaguarda de la verdadera dignidad de la muerte en un contexto humanizador. Esta ley abre una puerta a la eutanasia   y limita la libertad de ciencia y de conciencia de los profesionales sanitarios. Generará, si no se remedia, nuevos conflictos al oponerse a la dignidad de los seres humanos, como ya tenemos experiencia con otras recientes leyes educativas y de salud sexual por su carácter impositivo y no democrático.

Ni los médicos ni los enfermos terminales necesitamos una Ley de muerte digna pro-eutanásica como ésta, sino favorecer el desarrollo de las normas mencionadas ya existentes, para potenciar una muerte digna humanizadora, que es la que todos deseamos.

María Alonso (Médico de Familia)

Profesionales por la Ética