REDACCIÓN HO y EUROPA PRESS.- La Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) y la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA) se han mostrado hoy "defraudadas" con las propuestas educativas el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, presentó ayer a los consejeros autonómicos. Ambas organizaciones están "temerosas" de que una hipotética aprobación de las pretensiones gubernamentales conduzca a un "pacto trampa" que eluda abordar los temas "más graves" que afectan al sistema educativo no universitario.

El presidente de CONCAPA, Luis Carbonel, ha criticado que lo que pretende ser un pacto de Estado "deje de lado los asuntos que más preocupan a la ciudadanía":

"Somos muy escépticos con este borrador que no aclara nada respecto al anterior y adolece de una falta decidida de voluntad".

A su juicio, el documento que ha redactado el equipo de Gabilondo sigue sin garantizar cuestiones "fundamentales" como la libertad de enseñanza y la de elección de centro educativo.

Carbonell ha acusado al Gobierno de tratar de imponer su ideología a través de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC) y ha defendido que su estatus académico y sus actuales currículos deberían ser modificados, algo que "tampoco aborda el texto actual". Y ha añadido:

"Esto, ligado a la aprobación de la Ley del Aborto, llevará a imponer la educación sexual desde los once años, coartando nuestro derecho a elegir el modelo de enseñanza que reciben nuestros hijos".

También ha denunciado que las medidas que el Ministro quiere introducir no contemplan la gratuidad de la enseñanza en todas las etapas previas al ingreso en la Universidad, lo que supone un trato injusto para las familias que optan por centros educativos de iniciativa social:

"Continúa la discriminación y la falta de equidad de la escuela concertada respecto a la pública".

Por su parte, la presidenta de COFAPA, Mercedes Coloma, ha recordado que un pacto de este tipo "debe hacerse con la máxima participación y transparencia" y ha reclamado acciones de "colaboración directa" con las familias, mediante ayudas destinadas a la escolarización, el transporte, el comedor o la adquisición de material didáctico. Además, ha reclamado que se posibilite el pleno ejercicio del derecho a la elección de centro docente:

"Debe profundizarse en la libertad de los padres a la hora de elegir la educación que desean para sus hijos, porque no puede estar limitada a principios meramente organizativos, sino que tiene que responder a la demanda real de las familias".