Ley Aído, Ley de Amnistía: el Gobierno, al servicio del negocio del aborto

Ley Aído, Ley de Amnistía: el Gobierno, al servicio del negocio del aborto

En la reunión en marzo de 2008 entre Aído y la patronal abortista, ACAI, nace el compromiso de reformar la actual legislación que, lejos del mantra gubernamental de "dar mayor seguridad a la mujer y los profesionales" es, como denuncia el CJTM, una ‘ley de amnistía' para blindar a los negocios del aborto ante la Justicia.

ALBA, por Luis Losada Pescador.- En noviembre de 2007 detienen a Carlos Morín, dueño de los centro de abortos Ginemedex y CB Medical. Morín es licenciado en medicina especializado en abortos. Antes de que se despenalizara en aborto en España era uno de los ejecutores ilegales. "Tiraba los restos en el Monjuiic", recuerda a ALBA uno de sus estrechos colaboradores.

Tras la despenalización de 1986, Morín decidió especializarse en abortos de tercer trimestre. Abortos tardíos considerados ‘infanticidio' por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Para ello, estableció una red europea que le remitiera comercialmente los casos de embarazos más avanzados, incompatibles con las legislaciones europeas. La Fundación Morín era el instrumento de lo que se convirtió durante años en ‘turismo abortivo' con un ‘pack' completo: avión, aborto y hotel.

Morín era de los pocos en realizar abortos tardíos. No es extraño. Si todo aborto implica el fin de una vida humana inocente, en el caso de los tardíos, es necesario triturar al bebé para que pueda ser extraído. Por eso los ‘profesionales' de Morín utilizaban el "rompecocos". Su actividad era tan ingente que necesitaron un triturador industrial para comprimir los ‘restos'. Los vecinos llegaron a quejarse por la afluencia de moscas en el patio interior. Lo que no sabían es que "los restos de sangre se filtraban por las cañerías y las moscas aparecían al olor de sangre", relata una de las ex colaboradoras de Morín.

Por supuesto, Morín tenía problemas para encontrar personal tan desalmado como para ejercer a diario dicho infanticidio. Estrategia: pagar mucho y elevar de categoría. Por ejemplo, se trajo a un médico mexicano al que pagaba 10.000 euros mensuales netos en ‘B' más casa. No aguantó: cayó presa de la depresión y regresó a su país natal. Sus ‘enfermeras' eran empleadas de limpieza elevadas de categoría y muchos de sus ‘profesionales' eran extranjeros sin el título convalidado.

¿Por qué tanta infracción? Dinero, ‘poderoso caballero'.

El móvil de toda la industria del aborto. Un sector que cada año mueve al menos 50 millones de euros. Las estadísticas oficiales están infrarrepresentadas, según reconoce la investigadora del CSIC, Margarita Delgado. Los propios empresarios también lo reconocen: "Lo que se declara a Sanidad, se declara a Hacienda". Por eso en el ministerio de Sanidad calculan que las cifras reales de abortos podrían duplicar a las oficiales. Es decir, estaríamos en más de 230.000 abortos con una facturación que rondaría los 100 millones de euros. Cerca de un 30% de ese dinero proviene de fondos públicos: las administraciones sanitarias mantienen convenios de colaboración con los centros para derivarles embarazadas desde el sistema público. En el caso de Madrid es de un 20% aunque en Valencia y Andalucía se sitúa en el 50%. El resto es dinero privado cobrado en su mayoría en ‘cash' y sin recibo, tal y como relatan múltiples testimonios a la Asociación de Víctimas del Aborto.

Morín facturaba por aborto tardío cerca de 5.000 euros en ‘dinero negro'. Cada noche acudía a la caja para ‘ordeñar' el negocio. Y así es como construyó un emporio empresarial con sociedades holding en Luxemburgo, paraíso fiscal. La contabilidad oficial arrojaba una facturación anual superior a los 3 millones de euros. Su casa era más grande que la de Laporta. Tenía una piscina y pista de baile dentro de la casa y un parque automovilístico de escándalo. Un patrimonio que no le impidió dejar a su madre -traída de su Perú natal- casi escondida en una de las habitaciones de la planta más baja.

Toda esa industria le permitía lubricar convenientemente las instituciones. A través de la Fundación Morín organizaba fiestas con las que engrasaba sus buenas relaciones con la Consejería de Bienestar Social, que también le remitía ‘clientes'. También logró burlar sendas sanciones del Colegio de Médicos de Barcelona. Las denuncias quedaban siempre archivadas y las inspecciones del departamento de la Generalitat nunca pasaron a mayores.

La inmunidad salta por los aires cuando la Justicia actúa

Pero cuando en noviembre de 2007 el juzgado nº 33 de Barcelona decide aceptar la querella presentada, detenerle y enviar a la Guardia Civil a requisar la documentación, toda su inmunidad salta por los aires. La suya y la de toda la industria del aborto porque -en paralelo- la Comunidad de Madrid decide enviar inspectores sanitarios y clausurar las instalaciones madrileñas de Morín y Mayrit por diversas irregularidades. Además, Intereconomia TV emite un video con cámara oculta en el centro de abortos ‘El Bosque' en el que se demuestra el pago en dinero negro, la irrelevancia del preceptivo informe psicológico y el aborto de menores sin consentimiento.

Las feministas -entonces- se empiezan a preocupar. Se dividen entre quienes optan por desvincularse de Morín y entre quienes salen en su defensa a pesar de los ‘rompecocos' y las trituradoras industriales. De la Vega fue de estas últimas.

Tras el ‘caso Morín', las diferentes organizaciones provida se envalentona y empiezan a presentarse querellas por incumpliendo de lo establecido en la ley, especialmente en lo relativo al aborto por razones de salud psicológica, un ‘coladero' por el que se escapa el 97% de los abortos en España. La Asociación de Víctimas del Aborto contabilizaba hasta 8 procesos judiciales en marcha en octubre de 2008: dos contra Isadora, uno contra Callao, otro contra CB Medical (la ‘filial' de Morín en Madrid), otro contra ‘El Bosque', otro contra Mayrit y dos en Cataluña: Barnamedic (Barcelona) y Centro Médico Aragón (Gerona).

Es entonces cuando la industria del aborto se preocupa: su inmunidad parece llegar a su fin. Según el activista provida, Jesús Poveda, una reunión entre los ministerios de Justicia, Igualdad y Sanidad con los afectados decide poner en marcha la ‘Ley Aído'. En marzo de 2008 la recién nombrada ministra de Igualdad, Bibiana Aído, mantiene una primera reunión con el presidente de la patronal de centros de abortos ACAI, Santiago Barambio. Fruto de ese encuentro se concluye la necesidad de reformar la ley "para ofrecer mayor seguridad jurídica a las mujeres y a los profesionales", reitera Aído cual ‘mantra'.

Un "fraude electoral" -según el PP- porque la reforma de la Ley del Aborto no estaba presente ni en el programa electoral -que hablaba de "abrir una reflexión"- ni en el discurso de investidura. Es más, cuando Izquierda Unida trató de reformar la ley a finales de la pasada legislatura, De la Vega llegó a afirmar a ALBA que "no era necesario reformar la ley, sino cumplir la legislación vigente".

"En realidad se trata de una Ley de Amnistía para los ‘morines' que se encuentran con contingencias judiciales y que eleva a rango de ley los incumplimientos de la actual legislación", señala el presidente del Centro Jurídico Tomás Moro, Javier Pérez-Roldán. "Resulta increíble que un gobierno decida cambiar una ley tras reunirse con una patronal; ¿qué pensarían los españoles si se subieran las tarifas eléctricas tras una reunión con la patronal UNESA?", se pregunta el periodista italiano, Rodolfo Casadei.

La Ley Aído se radicaliza en su tramitación parlamentaria

Durante la defensa parlamentaria del anteproyecto de reforma de la Ley del Aborto, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, se mostró abierta a modificaciones. Un claro guiño a la posibilidad de cerrar la puerta al aborto de las menores tal y como exigían los mismos cristianos socialistas y el PNV.

Sin embargo, finalmente se optó por pactar la reforma con los grupos radicales y forzar al PNV a sumarse al ‘consenso'. "Se habría aprobado sin nosotros", se justifica el portavoz ‘peneuvista', Joseba Agirretxea. Y todo ello con el pie en el acelerador. "Que tenían prisa era evidente", señala a ALBA una diputada del PP. Y las prisas convirtieron la tramitación en la Comisión de Igualdad fue un absoluto ‘guirigay'. Finalmente se aprueba el aborto a las menores sin el consentimiento de sus padres, aunque se concede al PNV que los padres o tutores deban ser informados. Eso sí, se deja la puerta abierta a que la información no se produzca en caso de que exista un grave conflicto paterno-filial. Un nuevo coladero.

Otra de las reformas introducidas es la reducción a uno del ‘equipo' de médicos que evaluará la 'incompatibilidad con la vida' del feto mayor de 22 semanas. Además, el médico no podrá ser contrario al aborto por lo que la interpretación de ‘incompatible con la vida' puede ser ‘flexible'. El supuesto objetivo de la ley de acabar con los abortos tardíos -y los ‘morines'- puede terminar en nada.

Por último, se permite la objeción de conciencia, pero debe ser individual, de los ‘médicos' ligados directamente al aborto y por escrito. Es decir, se veta la posibilidad de que un centro sanitario católico pueda declararse objetor. Y se establecen las ‘listas negras' que tanto éxito han dado a los abortistas de la vecina Portugal. Estamos ante una de las legislaciones más agresivas de la UE. "Es mentira que la Ley Aído sea europea", concluye la portavoz de ‘Bebé Aído', Beatriz Molina.