La Razón pide que se promueva en las Cortes el referéndum ante la reforma legal proabortista

La Razón pide que se promueva en las Cortes el referéndum ante la reforma legal proabortista

<a href="http://www.hazteoir.org/node/26848">«El IPF insta al Gobierno a realizar un referéndum sobre el aborto»</a>« »
<a href="http://www.hazteoir.org/node/26435">«Derecho a Vivir pide un referéndum sobre el proyecto de ley del aborto»</a>

El diario dedica hoy su principal artículo editorial, a tres columnas, a la iniciativa pro-referéndum del aborto, que exigen HO, DAV, COCAPA y el IPF entre otros colectivos cívicos.

REDACCIÓN HO.- En su editorial, que por su interés reproducimos íntegro a continuación, La Razón afirma que "nada hay más democrático que trasladar directamente a los ciudadanos la responsabilidad de aprobar o rechazar una de las leyes más polémicas de nuestra historia democrática".  

Tras destacar las iniciativas emprendidas por HO y DAV estas últimas semanas defendiendo esta demanda,  cuando nuestras plataformas están ultimando la recogida de un  millón de firmas frente a la reforma legal, señala el rotativo que "la profunda división social que causa[ la reforma legal]  justifica que se consulte directamente al ciudadano", dado que "nadie pondrá en duda que la Ley del Aborto es una decisión política de especial trascendencia". Asimismo, pide a los partidos y diputados que expresaron su oposición a la reforma que vuelvan a expresar ese rechazo impulsando en las Cortes la iniciativa de la consulta popular.

Texto íntegro del editorial:

La profunda división social que causa justifica que se consulte directamente al ciudadano

Referéndum sobre el aborto

Desde hace varias semanas, una pequeña plataforma cívica viene realizando actos a pie de calle para recabar apoyos a un referéndum sobre la Ley del Aborto. No es la primera asociación que propone tal iniciativa y ya la Concapa, la confederación católica que agrupa a los padres de alumnos, abogó hace tiempo por someter la reforma abortista a una consulta popular. No se trata de ninguna idea descabellada, aunque sí sea un procedimiento excepcional, como lo demuestra que en los 30 años de democracia sólo se haya utilizado a nivel nacional en tres ocasiones: para aprobar la Constitución (1978), para la incorporación a la OTAN (1986) y sobre la Constitución Europea (2005). En el ámbito autonómico se ha utilizado para aprobar varios estatutos y también se ha empleado en el ámbito local.

Sin embargo, su uso excepcional en todo el Estado no invalida ni resta legitimidad a la realización de un referéndum sobre la Ley del Aborto. El artículo 92 de la Constitución, que lo regula, establece que «las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos». Son requisitos básicos: ser convocado por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno y previa autorización del Congreso de los Diputados. Por tanto, ningún mecanismo legal parece oponerse y nadie pondrá en duda que la Ley del Aborto es «una decisión política de especial trascendencia». Por su naturaleza, que afecta directamente al núcleo moral y ético de la sociedad española, no se trata de una ley cualquiera, ni siquiera equiparable a otras que, siendo de rango orgánico porque regulan derechos y deberes constitucionales, no resultan tan perturbadoras para la conciencia de millones de ciudadanos. No es verdad que la ley promovida por la ministra Aído concite «un amplio consenso» social. Sencillamente, eso no es cierto. Primero porque fue aprobada por una mayoría de 9 votos, lo cual no es precisamente un modelo de «consenso». Hubiera bastado que nueve diputados católicos del PSOE o pertenecientes a partidos de raíz cristiana, como el PNV, se hubieran abstenido para que la ley descarrilara. Por otra parte, la geometría parlamentaria no es reflejo automático ni exacto de la geografía social, como se demuestra con frecuencia cuando el Congreso se ve obligado a rectificar leyes por la presión social. En el caso de la reforma abortista, la división social es tan profunda y evidente que su promulgación se verá antes como una imposición a buena parte de la ciudadanía que como una norma destinada a mejorar la convivencia y «la salud reproductiva de la mujer», como sarcásticamente se denomina.

Por último, debe tenerse en cuenta un elemento que en puridad exigiría un refrendo democrático: el hecho de que el Gobierno hurtara esta ley al electorado, ya que en el programa electoral con que el PSOE concurrió a las generales de 2008 no figuraba una reforma que permitiera abortar libremente hasta las 14 semanas y hasta las 22 semanas acogiéndose a la «excusa-coladero» de la salud psicológica de la madre. Como puede observarse, son diferentes y poderosas las razones que asisten a quienes propugnan que se someta al veredicto popular una ley que tanta convulsión social provoca. Y no estaría de más que los partidos y diputados que votaron en contra en el Congreso lo impulsaran con decisión. Nada hay más democrático que trasladar directamente a los ciudadanos la responsabilidad de aprobar o rechazar una de las leyes más polémicas de nuestra historia democrática.