La Universidad argentina hace frente a los subterfugios de ataque al matrimonio

La Universidad argentina hace frente a los subterfugios de ataque al matrimonio

La Facultad de Derecho de la UCA denuncia la violación constitucional y fraude de ley que supone el nuevo caso de autorización de una "unión matrimonial" entre homosexuales, ahora por parte de la gobernadora de Tierra del Fuego.

REDACCIÓN HO / AICA.- La Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina (UCA) ha criticado la decisión de la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, de autorizar la "unión matrimonial" entre dos hombres a través de un recurso administrativo, por constituir "una clara violación de las más elementales normas y principios constitucionales vigentes en nuestro país".

Tras manifestar su "estupor" por este nuevo avasallamiento del orden público establecido en el ordenamiento jurídico argentino, advierte también que se trata de "una nueva maniobra ‘jurídico-político' en fraude a la ley argentina vigente, que establece clara e imperativamente que el matrimonio es la unión estable y permanente entre un hombre y una mujer, con el fin de fundar una familia y por tanto abierta al don de la transmisión de la vida".

La casa de altos estudios reiteró además lo dicho el 17 de noviembre pasado, cuando ante la misma situación planteada en la Ciudad de Buenos Aires aseveró que intentar legalizar las uniones entre personas del mismo sexo "sería un acto jurídico inexistente, equiparable a un acto manifiestamente nulo, de nulidad absoluta y, por tanto, no tendría efectos civiles, circunstancia que debería ser materia de revisión por la justicia civil competente".

En su declaración, la Facultad de Derecho de la UCA concluye enfatizando que "señalar estas cuestiones no tiene por intención menoscabar a ninguna minoría, sino llamar a las cosas por su nombre y defender la dignidad y finalidad propia del matrimonio como vínculo unitivo, estable y abierto a la vida que existe entre la mujer y el varón. La unión entre personas del mismo sexo es una realidad diferente y no puede ser asimilada bajo la misma forma jurídica matrimonial. Actuar como se lo ha hecho en las conductas relatadas de los funcionarios en cuestión, tiende a llevarnos al más absoluto relativismo".

Texto completo de la declaración

Una vez más, la sociedad advierte con estupor, que desde algunos ámbitos del poder político, se avasalla el orden público establecido por nuestro ordenamiento jurídico, en clara violación de las más elementales normas y principios constitucionales vigentes en nuestro país. En este caso, según refieren los distintos medios de comunicación, se trata del Poder Ejecutivo de la provincia de Tierra del Fuego que, ante la negativa del registro civil de Ushuaia, y mediante un recurso de reconsideración, resuelto por la misma gobernadora, autorizó la "unión matrimonial" entre los señores Alejandro Freire y José María Di Bello, que oportunamente fue impedida el 1 de diciembre próximo pasado, debido a la intervención de la justicia Nacional en lo Civil, a través de la jueza de 1a instancia, la Dra. Gómez Alsina y de la sala "E" de la Excelentísima Cámara de Apelaciones, a tenor de sendas causas iniciadas por un grupo de abogados en defensa del orden público matrimonial.

Se trata de una nueva maniobra "jurídico-política" en fraude a la ley argentina vigente, que establece clara e imperativamente que el matrimonio es la unión estable y permanente entre un hombre y una mujer (conf. Art. 172 del Código Civil), con el fin de fundar una familia y por tanto abierta al don de la transmisión de la vida. Además, se produce una prohibida injerencia del poder político, en este caso provincial, en violación del orden jurídico en lo que respecta a cuestiones atinentes a la interpretación y aplicación de normas de derecho de fondo que son exclusivamente sancionadas por el Honorable Congreso de la Nación (art. 75, inc. 12 de la Constitución Nacional), e interpretadas y aplicadas por el Poder Judicial, tanto nacional (art. 116 de la Constitución Nacional), como provincial en el marco de sus respectivas jurisdicciones y competencia. Asimismo, en este caso las personas involucradas por este medio, desobedecen claramente una orden judicial que estableció cautelarmente la no celebración de dicha unión.

Ante esta nueva pretensión de avasallar las instituciones jurídicas básicas de la República, aquellos que están vinculados al quehacer jurídico se ven obligados a salir en su defensa, a fin de preservar el orden público, el estado de derecho y el orden constitucional. A tal efecto, se recuerda lo que esta Facultad de Derecho declaró el día 17 de noviembre próximo pasado, ante la misma situación planteada en la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto a que en caso de llevarse a cabo el "matrimonio entre personas del mismo sexo", en directa violación de las normas de orden público establecidas en la legislación civil vigente, el mismo sería un acto jurídico inexistente, equiparable a un acto manifiestamente nulo, de nulidad absoluta y, por tanto, no tendría efectos civiles, circunstancia que debiera ser materia de revisión por la justicia civil competente.

Tal como se dijo en aquella ocasión, señalar estas cuestiones no tiene por intención menoscabar a ninguna minoría, sino llamar a las cosas por su nombre y defender la dignidad y finalidad propia del matrimonio como vínculo unitivo, estable y abierto a la vida que existe entre la mujer y el varón. La unión entre personas del mismo sexo es una realidad diferente y no puede ser asimilada bajo la misma forma jurídica matrimonial. Actuar como se lo ha hecho en las conductas relatadas de los funcionarios en cuestión, tiende a llevarnos al más absoluto relativismo.