La OMC desmonta las falacias del Gobierno en su reforma legal abortista

Aunque afirma que acatarán la ley en caso de aprobarse, no ahorra en críticas a la reforma y derrumban las coartadas en las que se ampara el Ejecutivo para su tramitación urgente.

REDACCIÓN HO.- El proyecto de Ley que tramita el Gobierno por la vía de urgencia no es del gusto de los médicos por una razón bien sencilla que anteponen a cualquier otra consideración: "de acuerdo con el Código de Ética y Deontología Médica, la profesión médica está al servicio de la vida humana". A partir de ahí, la OMC empieza a desmontar los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo para aprobar por la viña de urgencia su proyecto:

• Ni los médicos, ni mucho menos el nasciturus, estarán mejor protegidos con la nueva ley del aborto que se pretende aprobar en el Congreso. Es lo que expresa en un comunicado emitido hoy la Organización Médica Colegial (OMC), rechazando así las afirmaciones del Ejecutivo en su defensa de la reforma legal, cuando alude a la seguridad jurídica que aporta la nueva norma a la hora de perpetrar un aborto., sencillamente porque "no se ajusta a la verdad", subrayan.

• Además la OCM afirma que será muy difícil de precisar el límite de 14 semanas durante el cual la mujer será libre para abortar: "Este límite es difícil de precisar con el rigor que las leyes exigen a pesar de los medios técnicos actualmente disponibles, por lo que se introduce un aspecto subjetivo, que aconseja establecer algunas cautelas".
• Pero no se queda ahí la organización que preside el doctor Juan José Rodríguez Sendín. También sostienen que "la Objeción de Conciencia es un Derecho fundamental e irrenunciable".  Aunque el Ejecutivo dice que se reconocerá este derecho, lo cierto es que ya parte de restringirlo al cirujano y al enfermero directamente implicados en la perpetración del aborto y prepara una lista de objetores que ya ha sido criticada por su posible uso para señalar y discriminar a los profesionales que se acojan a ella; en este tema, la OMC puntualiza así que este derecho constitucional vale "para todos aquellos profesionales que deban intervenir como cooperadores necesarios en la práctica de un aborto". 

Así, piden que se establezca un sistema de garantías:

• En primer lugar, para impedir irregularidades en los informes médicos que pretendan avalar que el embarazo supone un peligro para la salud psíquica o física de la embarazada.

• Además consideran que debe elaborarse un protocolo de consentimiento informado que ofrezca las "debidas garantías de validez y respeto a la opinión y autonomía de la mujer", así como un periodo suficiente de reflexión, sin olvidar de informar de las ayudas sociales públicas y privadas a las que podrá acogerse en el caso de que decida continuar con la gestación.

• También apuntan que deberían restablecerse en los hospitales públicos y en cualquier centro en que se realicen abortos, las Comisiones técnico-éticas que establezcan la legalidad o no del aborto, con el fin de que un aborto no puede ser adoptada por un solo facultativo.

Los médicos sí aplauden que el Gobierno tenga en cuenta las sugerencias acerca de la conveniencia e importancia de informar a los padres o tutores de la decisión de abortar de una menor, que desactiva en parte uno de los aspectos más polémicos de la norma que, con premeditación, ha buscado el Gobierno.

Entre las reacciones a este comunicado, la de la doctora Mónica López Barahona, catedrática de Bioética: "que esta intervención provoque la muerte del nasciturus es muestra de que en ningún caso lo protege; aparte esta ley tiene unos componentes eugenésicos claros, en los que se permite nuevamente una selección en función de un diagnóstico que permita evaluar que el nasciturus es portador de algún tipo de patología genética, con lo cual nuevamente lo pone en el disparadero para quitarle la vida por el simple argumento de tener una determinada composición genética".