‘Declaración ante la crisis moral y económica': la CEE incide en la recuperación de la ética

• Un resumen del Documento
• El Documento en 5 claves  

REDACCIÓN HO.- La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha hecho pública una importante Declaración ante la crisis moral y económica, resultado de la última Asamblea Plenaria de los obispos españoles, del que adjuntamos un resumen y el Documento en 5 claves que aporta la Conferencia. Los obispos afirman en su documento , que será ampliado en el futuro, que las causas de esta crisis están en la pérdida de los valores morales, la falta de honradez, la codicia y la carencia de control de las estructuras financieras que potencian una economía globalizada.

Considera la CEE que el bienestar no siempre se ha administrado correctamente, y nos ha llevado a vivir por encima de nuestras posibilidades en esta crisis, que va más allá, señalan, de la falta de trabajo. Así lo expresaba esta mañana monseñor Juan José Omella, obispo de la Comisión de Pastoral Social:

"No es sólo una crisis económica, de trabajo y de dinero. Creemos que hay una crisis de ética, moral. Una crisis del hombre, que está en el fondo. No es una crisis material, es una crisis antropológica. Y el verdadero desarrollo no sólo debe alcanzar al hombre en su desarrollo material, sino a todo el hombre y a todos los hombres".

Monseñor Omella añadía que, aunque no le corresponde a los prelados ofrecer "soluciones técnicas", sí están en condiciones de asegurar que esta crisis "tiene su origen en la pérdida de valores morales, la falta de honradez y la codicia", como "raíz de todos los males".

Desde la Doctrina Social de la Iglesia, los obispos realizan una llamada al compromiso en la educación y en la vida pública para erradicar la corrupción y la ilegalidad, y piden un compromiso solidario de todos con los que más sufren esta crisis.

Sobre el aborto

Por otra parte, durante la rueda de prensa de presentación del documento, el secretario general de la CEE y obispo auxiliar de Madrid, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, se manifestó también frente al aborto. Y es que una de las manifestaciones más claras para los obispos de la degradación moral que lleva a la crisis material es, sin duda, la falta de protección del derecho universal a la vida de todo ser humano.

A este respecto, el portavoz de la CEE rechazaba que el a  borto pretenda ser considerado como un "derecho", añadiendo que  "es un contrasentido moral y jurídico" que el "grave pecado" del aborto no vaya a ser reconocido en el ordenamiento jurídico como un delito, ya que es un principio universal que "no se puede quitar la vida a ningún ser humano inocente, nunca y en ninguna circunstancia". El prelado puntualizó que "no siempre lo que es pecado es delito, pero no se entiende que algo que afecta tanto a la dignidad del ser humano no lo sea".

Ante la polémica con los políticos católicos que apoyen la ley, a los que los obispo recuerdan que no pueden comulgar, y en referencia a una pregunta de los medios referida al presidente del Congreso, José Bono,  indicó que "la doctrina no es contra nadie, ni un partido o persona". "En todos los casos en que un político defienda una ley que no protege a los no nacidos, la Iglesia siempre dice lo mismo", agregó.

Con todo, el portavoz de la CEE señaló que la misión de la Iglesia es "dar voz a los que no tienen voz pero tienen derecho a vivir" y reiteró que "es gravísimo quitarles la vida". En su opinión, el aborto tienen "gravísimas consecuencias sociales y económicas". Finalmente, alertó de que un pueblo que "asiste con asentimiento social a quitar la vida a sus hijos es un pueblo que no está preparado para la solidaridad fraterna".

Crisis agravada por la desprotección social y las políticas contra la natalidad

Los obispos españoles, han señalado como víctimas más importantes de esta crisis las familias "sobre todo las numerosas", y dentro de éstas en especial a los jóvenes, debido a la "tasa de desempleo disparada, hasta el punto de que hay muchos hogares que tienen a todos sus miembros activos en desempleo, que no reciben  ingresos ni del trabajo ni de las prestaciones sociales". La escasa protección social, junto a las "políticas antinatalistas son perniciosas para la sociedad y tendrán efectos económicos perjudiciales para las generaciones futuras".

Pequeños y medianos empresarios, agricultores, ganaderos y la "población emigrante de países pobres" son los otros grupos sociales más afectados. Respecto a estos últimos, los obispos piden de forma explícita "un trato humano y solidario", pues "la recién aprobada Ley de Extranjería restringe derechos que afectan decisivamente a su dignidad como personas".

Sobre la gestión que el Gobierno ha realizado de la crisis económica, monseñor Omella ha señalado que lo primero en una situación de este tipo, es "reconocerla" y, a título personal, ha considerado que el Ejecutivo "ha tardado" en hacerlo.

Compromiso personal

En la breve declaración, los prelados españoles llama a un compromiso "urgente" de los católicos, en especial para la "renovación ética de la vida social y económica que tenga en cuenta el derecho a la vida" y recuerda que Benedicto XVI asegura en su última encíclica colocaba la apertura a la vida "en el centro del verdadero desarrollo", porque "cuando una sociedad se encamina hacia la negación y la supresión de la vida, acaba por no encontrar  la motivación y la energía necesaria para esforzarse en el servicio del verdadero bien del hombre".

Los prelados invitan, del mismo modo, a aprovechar la crisis como "ocasión de discernimiento" para "poner en Dios la referencia verificadora de nuestras actitudes y comportamientos".

Trabajo decente

Por otra parte, los obispos españoles muestran una especial preocupación por el desempleo, ya que junto a la pobreza "degrada la dignidad del ser humano". Por ello, señalan, "es necesario impulsar un nuevo dinamismo laboral que nos comprometa a todos en favor de una trabajo decente que sea "expresión de la dignidad esencial de todo hombre y mujer". A este respecto, monseñor Martínez Camino, ha señalado que "la salida a la crisis no puede ser a costa de los derechos de los trabajadores".