Las izquierdas arrancan al PSOE la "formación con carácter curricular" en el exterminio de los no nacidos

Las izquierdas arrancan al PSOE la "formación con carácter curricular" en el exterminio de los no nacidos

El acuerdo radicaliza aún más el proyecto proabortista: Tardá y Llamazares no sólo presumen de ceñir la objeción de conciencia al obtener garantías de que se perpetrarán abortos en todos los centros públicos, sino de haber abierto las puertas a la hasta ahora inexistente formación universitaria del aborto.

REDACCIÓN HO.- Este es el compromiso de "diálogo" que prometía el Ejecutivo de zapatero: más radicalidad. En las últimas horas la izquierda se ha cobrado la factura de la contestada reforma legal del aborto. Los grupos parlamentarios del PSOE y de ERC-IU-ICV han acordado que la denominada Ley sobre Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo garantice que se imparta educación sexual en todos los niveles educativos de los colegios "para prevenir los embarazos no deseados" y que los alumnos de la disciplina de Ciencias de la Salud (Medicina y Enfermería) estudien cómo se realiza un aborto.

Así, los diputados Gaspar Llamazares (IU) y Joan Tardá (ERC) se han felicitado por haber forzado al Ejecutivo de Zapatero a ceñir la objeción de conciencia a los profesionales directamente implicados en la comisión del aborto -el cirujano y el enfermero-, objeción que deberá hacerse por escrito y de manera individual para evitar las "objeciones colectivas" de todo un hospital y para garantizar la práctica de abortos en los centros públicos, pues Tardá y Llamazares han expresado que han obtenido "garantías suficientes" de que se perpetrarán en todos los centros sanitarios de la red pública. Se demuestra nuevamente el plan liberticida del Ejecutivo y lo profundamente anticonstitucional de la reforma.

Pero es que además han abierto las puertas a la hasta ahora inexistente Formación Universitaria del aborto, a la que se refería así Llamazares:

"Introduce con carácter curricular la salud sexual y reproductiva y también la formación y formación en la práctica clínica de la interrupción voluntaria del embarazo, que hoy está excluida en las carreras sanitarias".

Pero como a radicales no hay quien les gane, aún hay más: eliminar uno de los dos informes que se debía realizar para poder abortar entre la semana 14 y la 22 de gestación, de modo que será suficiente con el informe de un especialista. "Con un especialista vale. No necesita otro de vigilante", añadió Llamazares.

Del mismo modo, estos partidos han pactado que la nueva ley garantice que a las mujeres que lo deseen se les practique un aborto en el territorio en el que residan.

También han arrancado al Ejecutivo la gratuidad de los métodos anticonceptivos de última generación, lo que supondrá, a parte de la cuestión fundamental de desentenderse de los graves riegos que entrañan estos fármacos, un aumento del gasto farmacéutico de 100 millones de euros. El Gobierno decidirá de qué anticonceptivos financia el 40 por ciento y de cuáles el cien por cien. Asimismo, se está pensando que haya colectivos, como el jóvenes y el de mujeres con pocos recursos, que puedan acceder a ellos gratuitamente.

Los dos diputados de izquierdas han insistido en defender lo que denominan "el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo", aunque admitieron que el proyecto de ley no habla de que el aborto sea un derecho, y de la libertad de la que tienen que disponer las menores sin consentimiento alguno de sus padres.

Los representantes de ambas formaciones se mostraron satisfechos por los logros alcanzados, aunque señalaron que aún quedan "flecos" pendientes en la nueva ley "que se pueden negociar".

El proyecto de ley será debatido el jueves en la Comisión de Igualdad del Congreso y votada en el Pleno de la Cámara del próximo día 17, última sesión ordinaria antes de las fiestas de Navidad, para que esté en el Senado desde el inicio del próximo periodo de sesiones.