Internet, contra el intento de censura del Gobierno

Usuarios y profesionales de la red comparten un manifiesto en defensa de la libertad de información y opinión, que el anteproyecto de Ley de Economía sostenible quiere cercenar. 

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¡Última hora! El gobierno rectifica y dice ahora que será necesaria la aprobación de un juez para cerrar una web. 

REDACCION HO.- El currículo censor del actual Gobierno empieza a ser dilatado. Desde el proyecto de estatuto del periodista que intentó poner en marcha con IU en la primera legislatura, hasta su declarada intención de restringir la libertad de conciencia, pasando por el reforzamiento más descarado de su casi monopolio mediático, el gobierno socialista lleva cinco años tratando de adueñarse de todos los resortes de la información y de la opinión.

Hasta ahora se salvaba la red. Con internet es más difícil y las intenciones censoras del PSOE y sus aliados han chocado hasta ahora contra un muro. Hasta que llegó la SGAE.

La coartada de la protección de los derechos de autor, que empezó a utilizar Sarkozy en Francia, ha proporcionado al Gobierno la excusa que andaba buscando para meterle mano a la red.

En la parte final del de Ley de Economía sostenible figura la posibilidad de cortar el acceso a la red sin una orden judicial. La libertad en internet quedaría de esta manera al arbitrio del gobierno de turno.

Páginas web, blogs, profesionales de internet, periodistas y creadores comparten hoy en la red este manifiesto contra la intención del Gobierno de restringir las libertades:

En defensa de los derechos fundamentales en internet

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que...

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial - un organismo dependiente del ministerio de Cultura -, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores, es de todos y de ninguno. Si quieres sumarte a él, difúndelo por Internet.