Europa busca subterfugios para blindar el movimiento gay

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REDACCION HO.- En Europa se supone que todo está sometido a la crítica. Todo. Excepto el movimiento homosexual. La supuesta libertad de expresión de las democracias europeas se diluye como un azucarillo ante el lobby gay.

La Unión Europea quiere tipificar un nuevo tipo de delito, el crimen causado por el odio, una iniciativa tras la cual aparecen las presiones del movimiento gay, que pretende utilizar esa figura jurídica para poder perseguir penalmente a quienes les critiquen.

El semanario Alba informa en su último número acerca de esta campaña:

"Tras la polémica sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos -brazo judicial del Consejo de Europa- sobre la presencia de los crucifijos en la aulas, ahora es el Comité de Ministros -que congrega a los representantes de los 47 Estados miembros de esa institución- el que contribuye a esa ofensiva que, so pretexto de ampliar los ‘derechos' de las minorías, reduce los de la mayoría. Tras reunir a un comité de expertos "sobre discriminación en base a la orientación sexual e identidad de género", el Comité ha elaborado una recomendación que, si se aplicara, supondría una auténtica revolución jurídica y cambiaría por completo el estilo de vida y los referentes morales vigentes.

"Lo más importante es que plantea el principio según el cual no cabe la posibilidad de emitir un juicio moral sobre la homosexualidad porque alegan que no es un problema de opinión. El trabajo del Consejo de Europa tiende a hacer de la homosexualidad una realidad natural, sin que se pueda valorarla desde el punto de vista moral", afirma a Alba Gregor Puppinck, director del Centro Europeo de Justicia y Derecho (www.eclj.org), una entidad de inspiración cristiana con sede en Estrasburgo cuyo objetivo es proteger y defender la libertad religiosa en Europa.

El proyecto consta de doce apartados, uno por cada ámbito. El primero se refiere a los "crímenes motivados por el odio". Odio hacia las minorías sexuales, se entiende. Insta a los Estados miembros a considerar como agravante la discriminación sexual siempre que figure en unos de esos "crímenes de odio" y a que tomen las medidas judiciales específicas para facilitar su denuncia.

Hasta el deporte

En materia del supuesto "discurso de odio" -uno de los campos de actuación favoritos del ‘lobby' gay-, recomienda a los Estados miembros tomar las "medidas apropiadas para combatir cualquier forma de expresión, incluídos en los medios y en Internet, que razonablemente podrían producir odio u otras formas de discriminacón hacia las lesbianas, los homosexuales, bisexuales o personas transgénero". No se olvida de presionar a los Estados miembros para que "promuevan la tolerancia hacia esos colectivos", incluso entre las comunidades religiosas.

Un aspecto donde más se percibe el apretón de tuercas es cuando se indica que "ni los valores culturales, tradicionales o religiosos, ni las reglas de la ‘cultura dominante' pueden ser invocados para justificar el discurso de odio o cualquier otra forma de discriminación en base a la orientación sexual o a la identidad de género".

En lo tocante a la libertad de expresión, el documento insta a los Estados miembros a garantizar la libertad de expresión de esos grupos "para que puedan impartir infomación sobre asustos relativos a a la orientación sexual e identidad de género". También hace recomendaciones en materias ya ‘trabajadas' por el ‘lobby' gay como el empleo o la sanidad. Según Puppinck, las recomendaciones en materia de empleo y de contratación "no protegen los derechos de las organizaciones profesionales -entre los que se incluyen a las Iglesias o a los colegios privados- a no contratar a lesbianas, gays, bisexuales o transexuales. Es una vuelta atrás: hasta ahora, la mayor parte de los textos han reconocido la salvaguarda de las organizaciones religiosas en materia de contratación".

El proyecto innova al extender los objetivos del ‘lobby' gay a materias que hasta ahora se habían quedado a salvo de sus garras como la vivienda, el deporte o el derecho de asilo. Respecto de éste último, los Estados miembros "deberían reconocer que un bien fundado temor de persecución basado en la orientación sexual o en el derecho de asilo puede constituir un motivo válido para conseguir el estatuto de refugiado, al amparo del derecho internacional"."