Un dirigente socialista dice que la Ley de Memoria Histórica abre un 'debate sin sentido'

Un dirigente socialista dice que la Ley de Memoria Histórica abre un 'debate sin sentido'

El presidente de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, el socialista Joaquín Leguina, afirmó ayer que comprende que el Gobierno tenga que pensarse "tres o cuatro veces" la Ley de la Memoria Histórica porque "el riesgo que se corre es abrir otra vez un debate que no tiene mucho sentido". Estas declaraciones se produjeron en la víspera del 70º aniversario del comienzo de la Guerra Civil española, contienda en la que se cometieron miles de atrocidades en ambos bandos y que ahora el Gobierno quiere revisar olvidando a las víctimas del bando rojo.

HAZTEOIR.ORG (EUROPA PRESS) .- Al ser preguntado por el debate actual sobre la recuperación de la memoria histórica y por el retraso que afecta a la tramitación de la citada norma, el diputado socialista señaló que comprende que el Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero tenga que analizar este asunto varias veces y recalcó que "no es una Ley fácil".

Un debate sin sentido que hay que cerrar definitivamente, según Leguina

"Entiendo que el Gobierno se lo tenga que pensar tres o cuatro veces porque el riesgo que se corre es abrir otra vez un debate que no tiene mucho sentido. Hay que cerrar definitivamente el debate", advirtió Leguina.

El presidente de la Comisión de Defensa incidió en que "no es cierto" que durante la transición no se haya recuperado la memoria histórica y citó como prueba de ello la "enorme cantidad de libros" que se escribieron sobre el asunto en ese periodo.

"Es bien cierto que durante los años del franquismo la pobre gente que fue asesinada no tuvo ningún reconocimiento, eso es verdad, pero entiendo que el Gobierno se lo tome con rigor y con calma", añadió Leguina.

Los herederos de la represión comunista quieren que la nueva Ley olvide a las víctimas de sus crímenes

La Ley de Memoria Histórica, que el Consejo de Ministros podría aprobar este jueves, llega a la opinión pública coincidiendo con el 70º aniversario del estallido de a Guera Civil española, que tuvo lugar el 18 de julio de 1936. El Gobierno viene recibiendo fuertes presiones de sus aliados parlamentarios de la extrema izquierda para que la nueva Ley, lejos de convertirse en una herramienta de reconciliación, se transforme en un instrumento político al servicio del sectarismo ideológico de la izquierda.

Así, Izquierda Unida (IU) ha reclamado que esta fecha -el 18 de julio- se considere un día "contra el fascismo y la dictadura". Paradójicamente, esta coalición izquierdista mantiene como fuerza hegemónica en su seno al Partido Comunista de España (PCE), responsable entre 1936 y 1939 de buena parte de la persecución religiosa y de las decenas de miles de asesinatos y violaciones de los derechos humanos que se atribuyen al bando rojo o republicano en aquella contienda, encontrándose entre sus víctimas no sólo ciudadanos católicos y de derechas, sino también los comunistas trotskistas del POUM, un pequeño partido dirigido por Andreu Nin que fue liquidado en 1939 a iniciativa del PCE y por orden de Stalin.

La federación catalana de IU, ICV, ha reclamado además que la nueva Ley invalide los procesos judiciales llevados a cabo por el franquismo. Significativamente, los herederos políticos de los autores de la represión comunista en la zona republicana no mencionan la revisión de los procesos judiciales irregulares que tuvieron lugar en dicha zona -los llamados 'Tribunales Populares'-, que llevaron a la muerte a miles de españoles durante la contienda, con la aquiesciencia de las autoridades republicanas, entre ellas el propio PSOE.