La hija de Chaves participó en la petición de subvenciones a la Junta

REDACCION HO.- Un nuevo testimonio, que hoy El Mundo recoge en sus páginas, demostraría la implicación personal y activa de Manuel Chaves en el caso Matsa, y pondría al descubierto las mentiras del ministro.

Se trataría del apoderado que formalizó ante la Junta y en nombre de la empresa petición de subvención, Francisco Javier López Rubio, quien ha reconocido  que trabajó con Paula Chaves Iborra a lo largo de toda la tramitación del expediente "en contra de lo afirmado por su padre."

La Fiscalía admitió la versión de Manuel Chaves, según la cual, en la petición de los más de 10 millones de euros concedidos a la empresa, la hija del entonces presidente de la Junta no habría tenido nada que ver.

Las declaraciones de Chaves en el Congreso de los Diputados fueron estas:

"Es rotundamente falso que mi hija haya tenido participación en el procedimiento de solicitud y aprobación de ese incentivo, ni como apoderada ni como nada."

El Mundo revela hoy la falsedad de esta afirmación, que de ser exacta pondría en evidencia el grado de corrupción del ex presidente andaluz y la "tolerancia" de la Fiscalía ante los asuntos que afectan al PSOE:

"«Paula Chaves era la directora de la asesoría jurídica y, evidentemente, siendo abogado como soy y trabajando en tramitación de ayudas en confección de expedientes, se ha trabajado con ella, porque era la responsable jurídica de Matsa», declaró López Rubio a este diario en una conversación en la que también reconoció que su relación profesional con la hija de Chaves fue «frecuente y fluida» a lo largo de los meses.

«Yo tenía una serie de responsables a los que reportar y de los que, a la vez, sacaba la información. Uno de ellos era Paula Chaves, pero también estaban el director general de Matsa, el director financiero, el de operaciones, el de planta, el de recursos humanos... Son gente con la que te relacionas en la empresa a un cierto nivel, para sacar la información que necesitas para realizar la tramitación del expediente y la confección de la memoria», explicó a EL MUNDO el ex apoderado.

En concreto, y recurriendo al argot técnico profesional, López Rubio precisó que él «ponía en copia de los expedientes» a la hija del vicepresidente del Gobierno para su supervisión y validación, como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta que quien en verdad estaba contratado por Aguas Teñidas no era él, sino el despacho de abogados Solventa Consultores, bufete para el que sigue trabajando en la actualidad.

Sobre el papel concreto que jugó Paula Chaves Iborra en la tramitación de la ayuda, López Rubio detalla que, «dentro de su parcela de asesoría jurídica, fue más activo en la fase de presentación final del expediente. En la confección y tramitación fue menos activa, porque en esa fase no tiene nada que aportar. Cuando se está haciendo un tema de planta de minas, la gente que te apoya son los ingenieros».

«Lo lógico y lo normal es que, en un proyecto de esa índole, que es un gran proyecto para la Sierra de Huelva coincidiendo con un momento dulce del mercado del cobre, con una inversión que supera los 200 millones de euros, uno esté relacionado al nivel de lo que denominan los norteamericanos decision maker: la gente que tiene los parámetros para realizar el proyecto», subraya López Rubio.

En ese nivel de responsabilidad directiva se encontraba la hija de Chaves dentro de Matsa. Sin embargo, tanto desde la Junta de Andalucía como desde las filas del PSOE se insiste en definir a Paula Chaves Iborra como una simple trabajadora -el secretario de Comunicación de los socialistas andaluces y diputado autonómico, Miguel Ángel Vázquez, llegó a afirmar que «está en los aledaños del mileurismo»- que no tuvo relación alguna con la tramitación del incentivo.

De hecho, en una entrevista publicada a finales de agosto, el vicepresidente tercero del Gobierno subrayaba en esa misma línea: «Mi hija no tuvo nada que ver en el expediente de las ayudas a una empresa que ha invertido más de 200 millones y ha creado más de 500 empleos».

En realidad, la participación de Paula Chaves fue decisiva en la gestión de la subvención. En este sentido, hay que recordar que fue ella quien firmó -en calidad de apoderada de la empresa- la aceptación de los casi 10,l millones de euros aprobados por la Agencia IDEA para el proyecto con la ratificación del Consejo de Gobierno presidido por su padre, quien el pasado 20 de enero votó la aprobación de la ayuda pese a prohibírselo la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta.

En su artículo 7.1, la Ley señala que «los titulares de altos cargos están obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas, entidades o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiesen tenido alguna parte ellos, su cónyuge, pareja de hecho inscrita en el correspondiente Registro o persona de su familia dentro del segundo grado civil». Ahora que se sabe que la hija de Chaves codirigió la tramitación del expediente, parece más evidente que su padre nunca debió participar en la aprobación de la ayuda."