El PSOE quiere sumar los votos de PNV y ERC-IU a su proyecto abortista

El PSOE quiere sumar los votos de PNV y ERC-IU a su proyecto abortista

Mientras tanto la división llega a CiU, donde una parte de sus diputados se suma al rechazo al aborto.

REDACCION HO.- Para sacar adelante su proyecto abortista, el PSOE y su gobierno cuentan en el Congreso de los Diputados con los votos de ERC, IU-ICV, Nafarroa Bai y BNG. Es decir, con los apoyos de los grupos extremistas y nacionalistas, los compañeros de viaje de terroristas y los secesionistas.

El PSOE quiere ahora el apoyo del PNV para diluir el carácter frentista que han ido tomando en el Congreso las formaciones que apoyan el exterminio de niños.

La portavoz socialista de Igualdad, Carmen Montón, va a iniciar esta semana los contactos con todos estos grupos para intentar poner de acuerdo sus planteamientos, que difieren notablemente. Los secesionistas catalanes, gallegos y navarros exigen una reforma abortista lo más radical posible y mantienen como planteamiento irrenunciable que las menores de edad puedan abortar libremente y de manera clandestina, usurpando desde el Congreso la patria potestad a los padres y relegando a las familias a meros comparsas en la formación de sus hijos.

Por su parte, el PNV reclama una suavización de este punto y quiere preservar el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario, a lo que también se niegan los demás grupos abortistas.

Fuentes socialistas señalan que no están dispuestos a considerar ni la exclusión de las menores, ni la objeción de conciencia. Sin embargo Montón pretende proponer una redacción del texto que suavice las reticencias del PNV.

El grupo parlamentario de CiU se divide

El voto de los diputados de CiU estará dividido a la hora de considerar el proyecto abortista del Gobierno. Ocho de los diez diputados catalanes  presentaron ayer una enmienda a la totalidad de la reforma de la Ley del Aborto, uniéndose de este modo al PP, UPN y UPyD, que también han pedido la devolución del texto.

La enmienda de los nacionalistas catalanes fue firmada por los cuatro diputados de Unió Democrática de Catalunya y por cuatro de los seis de Convergencia Democrática de Catalunya, aunque por distintos motivos. Los democristianos de  Josep Antoni Duran i Lleida argumentan que una ley de plazos "es inconstitucional", que el proyecto del Gobierno muestra "un total desinterés por la vida del aún no nacido" y además no contiene "medidas adicionales de ayuda a la embarazada, salvo la de facilitar la interrupción del embarazo".

Rechazan asimismo que el aborto se pueda convertir en un derecho, puesto que "no existe el derecho a causar un mal objetivo: la destrucción de la vida del aún no nacido", y arremeten contra el artículo que permite a las chicas de 16 años abortar libre y clandestinamente porque, entre otras cosas, "degradada la patria potestad".

Los diputados de UDC recuerdan también las encuestas, que demuestran el rechazo de la sociedad española, "ampliamente contraria" al proyecto del Gobierno.

Por su parte, los cuatro diputados de CDC aseguran que los poderes públicos y la sociedad tienen la obligación de intentar evitar los abortos, a través de alternativas sólidas que fomenten el apoyo a la familia, a la maternidad y el ejercicio de una sexualidad responsable. Y afirman que es necesario "legislar para evitar las actuales situaciones abusivas que comportan una grave desprotección del nasciturus, pero la respuesta no debe ser necesariamente una ley de plazos".

Carlos Salvador (UPN) y Rosa Díez, también contra el proyecto del Gobierno

El diputado de Unión del Pueblo Navarro, Carlos Salvador, rechaza asimismo el proyecto del gobiernoCarlos Salvador porque considera que es una reforma "ilegítima, incongruente, inoportuna y fundamentalmente injusta, ilegal e inútil":

"El PSOE debe ser consciente de que su victoria electoral no le legitima, en modo alguno, a aprobar una propuesta creadora de un supuesto derecho a abortar."

La diputada de Unión, Progreso y Democracia, Rosa Díez, también propone la devolución del texto al Gobierno porque su propuesta "busca deliberadamente la división de la sociedad en beneficio de los intereses electorales del Gobierno" y "mezcla plazos y supuestos en un híbrido de escasa solidez jurídica".