Los objetores andaluces a EpC denuncian que la Junta no protege a los menores
Han recibido "con gran estupor e indignación" la reubicación de la supuesta responsable del escándalo del BOJA como secretaria general técnica en la Consejería de Justicia.
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REDACCIÓN HO.- Las plataformas andaluzas de padres objetores al grupo de asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC) manifiestan en un comunicado conjunto que han recibido "con gran estupor e indignación" la noticia de que M.ª Luz Osorio ha sido reubicada como nueva secretaria general técnica en la Delegación de la Consejería de Justicia en Sevilla.
Esta funcionaria fue destituida de su anterior cargo como secretaria general técnica de la Consejería de Educación, tras haber sido señalada como supuesta responsable de la publicación de los nombres de casi un centenar hijos de objetores -todos ellos menores de edad- en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), en un episodio que los objetores andaluces consideran que fue "una gran demostración de cobardía por parte de la entonces Consejera de Educación, Teresa Jiménez".
La publicación de nombres de alumnos objetores a EpC en el BOJA fue catalogada por el Defensor del Pueblo Andaluz y por la Fiscalía como una irregularidad muy grave, porque lesionaba el derecho a la intimidad de los menores. Sin embargo, en lo que las plataformas definen como "una clara complicidad con la Junta de Andalucía", la Fiscalía decidió archivar el caso con el pretexto de no someter a los niños a un "tenso debate público".
A juicio de las dieciséis entidades firmantes de la nota, "este turbio asunto choca de plano con lo sucedido en el caso de Marta del Castillo", en el que "la Fiscalía ha solicitado una indemnización a algún medio de comunicación por la publicación de imágenes de alguno de los menores implicados en el caso".
Los objetores denuncian que los andaluces están "en manos de un gobierno oscuro", puesto que éste sólo protege a los menores que le reportan algún rédito mediático.También aseguran que la Junta de Andalucía "pretende engañar a los ciudadanos con actitudes despreciables y trileras, quitando y reubicando a funcionarios de su cargo aparentando que asumen responsabilidades". En cuanto al Ministerio Fiscal, entienden que "demuestra una falta total de independencia al convertirse en una marioneta más de la Junta de Andalucía".
Por todo ello, las plataformas andaluzas de familias objetoras a EpC expresan su "rechazo a este agravio comparativo en la protección de los menores por parte de la Junta de Andalucía".
Tras destacar que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido a trámite el recurso presentado por unos padres de la provincia de Huelva contra un libro de texto de EpC, así como las casi 90 sentencias emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) y las dos acordadas por el Juzgado Contencioso-Administrativo de Zaragoza, todas las cuales eximen de cursar y ser evaluados de las asignaturas de EpC a 175 menores, las entidades que vertebran el movimiento objetor andaluz advierten al Gobierno regional que los objetores no cejarán en su lucha por conseguir que se respete el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, consagrado en el artículo 27.3 de la Constitución."Para defender este derecho llegaremos hasta donde haga falta", aseguran.
Finalmente, insisten en que "la Junta de Andalucía no ha demostrado ningún respeto ni intención de proteger a los menores". "Por tanto -concluyen-, no vamos a dejar en sus manos la educación de nuestros hijos".
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