Sin una reforma de la educación no hay pacto posible

Sin una reforma de la educación no hay pacto posible

Educar en libertad es imprescindible para abordar la actual emergencia educativa. 

REDACCIÓN HO.- En este principio de curso, desde numerosas instancias se habla de pacto educativo. Profesionales por la Ética, fiel a su vocación de servicio a la sociedad ha presentado esta mañana en Madrid, como contribución al debate, el Informe "Educar en libertad. Principios y valores que deben sustentar una política educativa".

En la presentación del estudio ha intervenido Begoña Sánchez Ramos, vocal de la Junta Directiva de Profesionales por la Ética, quien ha repasado las iniciativas de esta asociación en el ámbito educativo (cursos de educación en valores para profesores, campaña informativa sobre Educación para la Ciudadanía, apoyo a los padres objetores...) hasta la presentación de este Informe, elaborado por un equipo interdisciplinar de expertos en educación con la colaboración de padres de familia. 

A continuación ha tomado la palabra José María Barrio, profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense. Para Barrio, el principal problema del sistema educativo español es su diseño desde categorías sociológicas como la ideología de género o un pseudoprogresismo a ultranza; además, muchas veces quienes definen la educación en España no lo hacen tanto pensando en sus hijos como en imponer determinados modelos pedagógicos a los hijos de los demás. 

Por último, ha tomado la palabra Mariano Bailly-Baillière Torres-Pardo, coordinador del Informe "Educar en libertad. Principios y valores que deben sustentar una política educativa".

El Informe aborda el papel que deben desempeñar los diferentes agentes educativos: la familia, los alumnos, los profesores, los centros docentes y la Administración. Entre otros puntos, señala que: 

  • Los primeros y principales responsables de la educación de los alumnos son sus padres. Éstos tienen derecho a que sus hijos reciban una educación acorde con sus principios morales y religiosos eligiendo el centro estatal o de iniciativa social más adecuado para sus hijos.
  • Todos los alumnos deben gozar de una igualdad efectiva de oportunidades de escolarización y formación sobre la base de principios de verdadera equidad.
  • Los alumnos deben ser educados en el valor del esfuerzo y el mérito.
  • La Administración del Estado ha de potenciar la cohesión nacional en la escuela, mediante el estudio de la Historia y la cultura comunes de los españoles.
  • Los padres tienen derecho a escoger la lengua de aprendizaje que quieren para sus hijos.
  • La Administración y los centros estatales deberán velar activamente por evitar una instrucción que no respete directa o indirectamente la neutralidad ideológica en todas las materias escolares.
  • Es precisa una recuperación de la autoridad del profesor; debe hacerse efectiva a nivel nacional la institución del docente como Autoridad Pública.
  • No hay educación sin un entorno educativo favorable a los valores que quieren transmitirse a los hijos. Por ello, además del entorno escolar, la Administración ha de proteger al menor de la programación radiofónica y televisiva que proponga modelos éticos perjudiciales para su desarrollo como persona íntegra y ciudadano cabal. 

Finalmente, Mariano Bailly-Baillière Torres-Pardo ha manifestado que "la situación de emergencia educativa está calando en la sociedad española". "Es imprescindible -ha añadido- una reforma radical que inspire las políticas educativas durante un período de tiempo suficiente para que rinda sus frutos. Hemos querido titular el Informe Educar en libertad porque creemos que educar en libertad es condición para favorecer la libertad de todos los ciudadanos". 

Además, ha manifestado que "la finalidad de la educación no es defendernos de la juventud. Es permitir desarrollarse a los jóvenes. Los padres no podemos hacer dejación de nuestros derechos y obligaciones. Pero el Estado debe velar por un entorno que facilite la labor educativa".

Ha concluido solicitando la retirada del conjunto de asignaturas denominadas genéricamente Educación para la Ciudadanía porque "constituyen un obstáculo para llegar a un pacto educativo duradero" ya que transmiten una fuerte carga ideológica.