Nueva sentencia considera que la educación diferenciada no es discriminatoria

Nueva sentencia considera que la educación diferenciada no es discriminatoria

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha declarado la nulidad de una resolución de la Xunta de Galicia que obligó a un centro escolar femenino a escolarizar en él a un alumno. Se trata de la segunda sentencia que, en menos de un mes, ha resultado favorable a la educación diferenciada en España. La anterior fue la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el cual declaró que no se puede exigir que los centros concertados sean mixtos. Ambas sentencias echan por tierra las tesis del PSOE, que sostiene que la educación diferenciada es 'inconstitucional' y 'discriminatoria'. 

HAZTEOIR.ORG (ACEPRENSA.COM) .- La decisión del TSJ de Galicia ha tenido lugar después de un recurso contencioso-administrativo interpuesto por la asociación titular del Centro Educativo Aloya (Vigo).

El Tribunal anula una resolución contra la enseñanza diferenciada tomada por el PP desde la Xunta en 2003

En el recurso, entre otros argumentos, se alegaba la violación del artículo 27.6 de la Constitución (libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales), con motivo de una resolución de la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, dada en octubre de 2003 -entonces con el Partido Popular en la Xunta-, que obligó al citado centro escolar femenino a escolarizar en él a un alumno.

Los jueces recuerdan que "desde una perspectiva estrictamente jurídica en nuestro ordenamiento jurídico no existe una prohibición general de la enseñanza o educación diferenciada. En efecto, en los textos legales de nivel orgánico que desarrollan el derecho fundamental a la educación, a la hora de definir los criterios y principios que deben regir en el proceso de admisión de alumnos en centros públicos o financiados con fondos públicos no se introduce ninguna discriminación por razón del sexo".

La educación diferenciada, avalada por los Acuerdos Internacionales y por la Constitución Española

La sentencia insiste también en que la prohibición de la educación diferenciada no está contemplada en los textos internacionales. En este sentido, cita el artículo 2.a de la Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza, adoptada el 14 de diciembre de 1960 por la Conferencia general de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, en vigor en España desde el 20 de noviembre de 1969.

Respecto al carácter femenino del colegio demandante, los magistrados entienden que éste "se integra en la perspectiva positiva del derecho a la dirección del centro, directamente derivado de la libertad de creación de centros docentes (artículo 27.6 de la Constitución), recogido por las sentencias del Tribunal Constitucional de 13 de febrero, 8 de abril de 1981 y 27 de junio de 1985".

La resolución adoptada por el Gobierno autonómico del PP en 2003 vulneraba la libertad de enseñanza

Otro argumento con el que el Tribunal fundamenta la nulidad de la resolución recurrida es el siguiente: "Si el derecho a la libertad de enseñanza, definido en nuestra Constitución española, implica el reconocimiento de un derecho de los titulares de centro docentes privados a la dirección de los mismos, y ese derecho de dirección y de creación supone la posibilidad de definir el carácter propio del Centro y marcar o diseñar los contornos o líneas de su carácter propio o personalidad educativa, hemos de admitir que uno de ellos pueda ser el de asumir como forma propia de su proyecto educativo el de ofrecer una educación diferenciada para los alumnos de sexo masculino y para los de sexo femenino, que no sería considerada discriminatoria en los términos de la Convención de la UNESCO antes aludida si el ordenamiento jurídico del Estado la admite o no la prohíbe".

Por todas estas razones, el Tribunal entiende que la resolución de la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria es contraria al ordenamiento jurídico.