La última operación contra ETA confirma que la banda seguía extorsionando

HAZTEOIR.ORG (LA RAZÓN) .- La Policía francesa encontró este martes, en el domicilio de José Luis Cau, detenido en la operación contra una de las redes del «impuesto revolucionario» -como ETA denomina a sus acciones de extorsión-, documentación sobre el cobro de este chantaje fechada en junio, según han informado a La Razón fuentes antiterroristas.

La documentación incautada demuestra que ETA ha seguido extorsionando a empresarios durante la 'tregua'

Las investigaciones, que han culminado con el arresto de doce individuos en Francia y España, se habían iniciado hace ocho años en torno a las actividades que se desarrollaban en el bar «Faisán» de Behovia, a escasos metros de la frontera, al que acudían empresarios que habían recibido cartas de ETA para iniciar las gestiones con las que hacer frente al pago del dinero que les había exigido la banda.

La documentación encontrada incluye un recibo en el que se acredita que dos empresarios han hecho efectivo el pago de 64.000 euros y está fechada en junio. Aunque se tratara de una «deuda» anterior al comienzo del alto el fuego (el dato está siendo investigado), queda demostrado, según las citadas fuentes, que ETA, además de enviar este mes nuevas cartas del «impuesto», no ha «perdonado» el dinero que le debían los extorsionados. En una palabra, que mantiene totalmente activo su entramado de chantaje.

Sospechan que la red de extorsión desarticulada el martes no es la única que posee ETA

Las Fuerzas de Seguridad prosiguen, no obstante, sus investigaciones, ya que hay fundadas sospechas de que la red desarticulada ayer no es la única, por lo que la banda mantendría su capacidad de extorsión.

La operación fue dirigida y coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska y su colega francesa la magistrada Laurence Le Vert, que se desplazaron a Irún y Bayona, respectivamente, para controlar de cerca todo el operativo.

Intervenidas más de medio centenar de cuentas bancarias

Además de las doce detenciones, los jueces ordenaron el bloqueo de más de medio centenar de cuentas bancarias y el embargo de propiedades inmobiliarias con un valor que supera los 700.000 euros, según informó el Ministerio del Interior.

La estructura etarra estaba en manos de veteranos miembros de la banda terrorista con antecedes por sus actividades en el área financiera de ETA y en la extorsión. Es el caso de Eloy Uriarte Díaz de Guereño, «Señor Robles», o de Ramón Sagarzazu Olazaguirre, «Xenpelar», de 69 años. Aunque en la operación fue detenido también Julen Madariaga, uno de los fundadores de ETA y en la actualidad dirigente de Aralar, Interior no le imputa ninguna actividad concreta dentro del funcionamiento de la red desmantelada, lo que hace pensar que ha sido arrestado porque tal vez haya intervenido en algún caso concreto de extorsión.

ETA trasladaba el dinero obtenido de la extorsión a 'paraísos fiscales'

Según informó el Ministerio del Interior, Ángel Iturbe era el cabecilla de la red y tenía a sus órdenes en territorio francés a José Luis Cau, Cristina Larrañaga, Eloy Uriarte, Kepa Badiola y Ramón Sagarzazu. A este grupo de personas les correspondía «coordinar y canalizar» las peticiones de dinero a los empresarios. En territorio español actuaban, presuntamente, Elosua Urbieta, Carmelo Luquin y Harocarene Camio.

Las funciones que realizaban, según Interior, eran las de establecer contacto con los extorsionados, negociar las formas de pago y fijar los plazos y procedimientos para que los empresarios les entregaran el dinero. La última fase de las actividades de la trama, una vez conseguido el dinero, era invertir y ocultar el dinero «trasladándolo a paraísos fiscales», según Interior.

Encuentran 40.000 euros en efectivo y un listado de matrículas de la Policía durante el registro

El embargo de bienes inmuebles y propiedades ordenado por los jueces se ha realizado al tener sospechas de que habían sido adquiridos con dinero obtenido mediante la extorsión. Los agentes españoles y galos han realizado veintidós registros, entre ellos el del «Faisán».

El juez Grande-Marlaska se trasladó a este establecimiento alrededor de las dos de la tarde acompañado de un hijo del propietario para proceder a su registro y al precinto. En la inspección se encontraron 40.000 euros en efectivo, así como un listado de matrículas de coches pertenecientes a la Policía que habían sido utilizados por los agentes que intervenían en el seguimiento a la red.

La vigilancia del bar habría permitido seguir en ocasiones el paso de dinero de la extorsión a través del mismo. Su siguiente paso era José Luis Cau, quien a su vez lo hacía llegar, presuntamente, a personas como Eloy Uriarte para que, por último, lo entregara a Ángel Iturbe.