Los alumnos objetores de Castilla y León no entrarán en clase de EpC

Las plataformas de la región piden que los efectos de las sentencias favorables del TSJCyL se extiendan a los hijos de todas las familias objetoras. La Consejería anuncia que no lo hará.

• El TSJ de Castilla y León reconoce la objeción de conciencia a EpC

REDACCIÓN HO.- Las plataformas de padres objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC) de Castilla y León han comparecido esta mañana ante los medios de comunicación, con el fin de analizar las sentencias dictadas el pasado miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) reconociendo el derecho a la objeción de conciencia a EpC así como las consecuencias que de ellas se derivan.

Han intervenido en el acto varios portavoces de las diez asociaciones de padres que vertebran el movimiento objetor en la Comunidad: Salamanca Educa en Libertad, Segovia Educa en Libertad, Soria Educa en Libertad, Palencia Educa en Libertad, Zamora Educa en Libertad. 27punto3, Aranda Educa en Libertad, Ávila Educa en Libertad, Burgos Educa en Libertad, León Educa en Libertad y Padres por la Libertad de Valladolid.

Análisis de las sentencias y sus implicaciones

Lourdes Ruano Espina, presidenta de Salamanca Educa en Libertad, ha afirmado que "las sentencias que acabamos de conocer confirman, efectivamente, que la materia escolar tiene una intensa carga ética, moral e ideológica y que incide en la privacidad e intimidad de los alumnos, por lo que reconocen el derecho a la objeción de conciencia de los padres, y establecen que los niños quedan exentos de cursar la materia sin que pueda tener consecuencias negativas para ello".

Ruano se ha congratulado por estas sentencias, "que confirman que el conflicto creado por EpC no se zanjó con las sentencias del Tribunal Supremo, tal y como vienen demostrando los padres que siguen objetando, los alumnos que siguen sin entrar en clase y las plataformas de padres cuyo número sigue aumentando en toda España".

Por su parte, el abogado de la mayor parte de los alumnos objetores de la región, Francisco José Ramos Vega, ha realizado una valoración jurídica de las sentencias. Estas, en opinión del letrado, "se apartan del fallo del Tribunal Supremo en materia de objeción a EpC porque entienden que, en la interpretación de los derechos fundamentales, es vinculante la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y no la del Supremo".

Así mismo, Ramos Vega ha resaltado que las sentencias "destacan también que con EpC se ha incumplido el mandato del art. 27.3 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones puesto que, en efecto, el desarrollo reglamentario de la asignatura, de sus contenido y criterios de evaluación, supone una extralimitación de los poderes públicos al imponer una determinada visión que no puede ser calificada de generalizado consenso moral".

La decisión del TSJCyL reafirma a los objetores: sus hijos no darán EpC

También ha tomado la palabra José Sanz Aguilar, portavoz de la plataforma vallisoletana Padres por la Libertad, quien ha señalado que "la incomprensión y las amenazas tanto de la Consejería de Educación como de los propios centros escolares hacían que algunos padres tuvieran dudas de cara al nuevo curso". "Con estas oportunas sentencias", ha añadido, "las familias objetoras han visto reforzada y respaldada su postura, e incluso se están presentando nuevas objeciones. Los alumnos objetores de Castilla y León no van a entrar en clase de EpC".

Finalmente, Marisa Pérez Toribio, presidenta de Soria Educa en Libertad, ha recordado que cuando el Tribunal Supremo dictó cuatro sentencias negando a los padres el derecho a objetar a EpC, la Junta de Castilla y León hizo extensivos los efectos de las sentencias a los objetores castellanoleoneses, a pesar de que las resoluciones del Supremo sólo afectaban a algunos alumnos asturianos y andaluces.

"Ahora", afirma Pérez Toribio, "los padres objetores de Castilla y León esperan que estas sentencias se hagan también extensivas, de forma inmediata, a todos los objetores de la Comunidad, a los que la Junta ha dejado en situación de indefensión absoluta".

La representante de los padres objetores sorianos ha recordado que las asignaturas de EpC, tal y como están desarrolladas en los decretos autonómicos de Castilla y León, reproducen los mismos contenidos, objetivos y criterios de evaluación que fijó el Ministerio de Educación en los reales decretos de enseñanzas mínimas de Primaria, ESO y Bachillerato. Así lo acreditan una sentencia del TSJCyL dictada en abril y otra emitida en junio de 2009.

"Ahora, el presidente Herrera asegura sentirse muy cerca de las familias objetoras. Pues bien: ahora tiene ocasión de demostrarlo prestando apoyos concretos a estos padres personalmente, sin delegar esa responsabilidad en el consejero de Educación y para ello lo primero que solicitamos a Juan Vicente Herrera es que reciba a los representantes de las plataformas de Castilla y León, en quienes han confiado los padres afectados", ha concluido Pérez Toribio.

La Consejería de Educación de CyL anuncia que sólo aplicará las sentencias a las familias que las han obtenido

Cuando el 11 de febrero el Tribunal Supremo dictó cuatro sentencias en las que denegó el reconocimiento de la objeción de conciencia a EpC a una familia andaluza y a tres asturianas, la Junta de Castilla y León, pese a que esas resoluciones sólo vinculaban a quienes eran parte en los recursos que resolvieron, extendió los efectos de las mismas a todos los alumnos objetores de la región.

Por el contrario (¡oh paradoja!), dos días después de que el TSJ de la Comunidad haya dictado sentencias que se refieren a familias objetoras castellanoleonesas, el Ejecutivo de Juan V. Herrera se niega a hacer extensivas las consecuencias académicas que se derivan de tales fallos, so pretexto de que formalmente sólo son aplicables a quienes han recibido el amparo del Alto Tribunal autonómico. 

Y es que, según una información de Europa Press, el viceconsejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Fernando Sánchez-Pascuala, ha indicado hoy -también en Salamanca y casi a la misma hora en que se celebraba la rueda de prensa de los objetores- que la Administración regional "llevará a efecto" la sentencia del TSJCyL cuando tome carácter firme y que "no se va a hacer extensiva" al resto de alumnos.

El viceconsejero ha sostenido que la decisión judicial afecta a tres escolares de la Comunidad y adquirirá el estado de "firme" cuando haya "aceptación por parte de las familias" (¿esperará acaso que éstas renuncien al respaldo judicial que tanto les ha costado lograr?).

Por otra parte, Sánchez-Pascuala ha manifestado que el grupo de asignaturas de EpC debería no haber tenido carácter obligatorio y sí, "como mucho", haber sido de libre elección para evitar este tipo de complicaciones.