R. Navarro-Valls recuerda que la objeción de conciencia es un derecho previo a la ley

R. Navarro-Valls recuerda que la objeción de conciencia es un derecho previo a la ley

En el I Congreso de Juristas Católicos, también calificó como "anticonstitucional" el proyecto de ley del aborto.

REDACCIÓN HO y ZENIT.org.- El catedrático de Derecho Eclesiástico y académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación Rafael Navarro-Valls aseguró el pasado sábado, en el marco del I Congreso de Juristas Católicos, que es perfectamente legítimo acogerse al ejercicio de la objeción de conciencia, aunque no haya una ley que específicamente la reconozca. 

El congreso, que tuvo lugar el viernes 18 y el sábado 19 de septiembre en la Universidad San Pablo-CEU de Madrid, giró en torno al tema "Derecho y Moral" y fue organizado por la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU.

En su intervención, Navarro-Valls abordó dos cuestiones de tanta actualidad como la objeción de conciencia y la reforma proabortista que está a punto de iniciar su tramitación parlamentaria. 

El académico defendió que los ciudadanos pueden ejercer el derecho a la objeción de conciencia sin que para ello sea precisa una regulación específica, a pesar de que "se le ha metido en la cabeza a alguna Sala del Tribunal Supremo que para que una objeción de conciencia sea efectiva es necesario que haya una ley que expresamente la reconozca".Y es que, como recordó, el derecho del ser humano a poder actuar de acuerdo con su conciencia es previo a cualquier norma jurídica.

El proyecto de ley del aborto es "anticonstitucional"

En cuanto al proyecto de ley del aborto que prepara el Gobierno, lo calificó como "anticonstitucional".

Para el jurista, esa reforma legislativa quiebra el principio de que la vida del nasciturus es alguien merecedor de tutela, principio consagrado por una sentencia del Tribunal Constitucional del año 1985, pues en el proyecto del Gobierno el aborto no se presenta como un conflicto de intereses, sino "como la imposición de una voluntad".

El catedrático también afirmó que, si el Gobierno tratara de defender realmente la voluntad de la embarazada, sería necesario que, además de la posibilidad de abortar, las autoridades públicas ofrecieran una serie de prestaciones que ayudaran a la mujer a completar su proceso de gestación. Con estas ayudas, que podrían canalizarse a través de la Seguridad Social, "el legislador demostraría que su intención no es masacrar miles de fetos al año, sino cumplir realmente con la voluntad de la madre".

La primera edición del Congreso de Juristas Católicos sirvió para que éstos pusieran en común sus inquietudes y para crear foros de debate que favorecieran la discusión, según explicaron los organizadores en la clausura.

Entre las conclusiones del encuentro, destacaron el rechazo de la visión laicista del mundo actual, que pretende confinar la religión al ámbito individual; las implicaciones que ello tiene en la concepción del ser humano; la reivindicación del valor de una antropología metafísica; y la necesidad de hacer valer la importancia de la familia, el matrimonio, la paternidad y la maternidad.