Profesionales por la Ética exige al Gobierno de Madrid que EpC se imparta con neutralidad

La Junta de Andalucía ya ha dictado órdenes para ello a sus inspectores.

• AEL, CEL y VAEL piden a Font de Mora que vele por la neutralidad ideológica en los centros estatales 
• Asociaciones de padres de Castilla y León exigen que la Junta garantice la neutralidad ideológica en las aulas
• BLOGS HO: A padres con EpC adaptada, en Profesionales por la Ética
  

REDACCIÓN HO.- La asociación Profesionales por la Ética ha emitido hoy un comunicado en el que da a conocer que, con ocasión del reciente inicio del curso académico 2009-2010, ha requerido a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para que cumpla con su deber de garantizar que, en los centros de los que el Gobierno regional es titular, se impartan las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC) con la neutralidad que les es exigible.

Como es sabido, la implantación de ese grupo de materias en los dos cursos anteriores ha originado una polémica que ni tan siquiera han podido zanjar las sentencias sobre estas materias escolares que el Tribunal Supremo dictó el pasado mes de febrero. En ellas, además de denegar el reconocimiento del derecho de los padres a objetar, su Sala de lo Contencioso-Administrativo detalla la obligación de las administraciones educativas de velar por el cumplimiento de la neutralidad ideológica en los centros estatales. Esas resoluciones exigen, además, que los centros educativos y sus profesores eviten adoctrinar a los alumnos a través del proyecto educativo, los textos y las explicaciones.

La primera Comunidad Autónoma que tomó nota de las sentencias del Supremo fue la de Andalucía. Con fecha 9 de marzo, el Jefe del Servicio de Inspección de la Consejería de Educación envió a todos los inspectores una circular (se adjunta como documento 1) en la que les indicaba que, "en el marco de las funciones de supervisión y asesoramiento que les corresponden", velen para que se cumpla lo ordenado por el Alto Tribunal:

"En relación con el desarrollo y la impartición de la asignatura EpC es exigible a los libros de texto y demás materiales curriculares, a los proyectos educativos de los centros docentes y al profesorado la más exquisita objetividad y el más prudente distanciamiento al tratar cuestiones morales que en la sociedad española sean controvertidas, evitando caer en el adoctrinamiento al alumnado".

Profesionales por la Ética considera inexplicable que la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid no haya remitido hasta ahora ninguna circular que recuerde a los centros estatales las obligaciones que se derivan de las sentencias del Supremo, aunque se dio mucha prisa en mandar una carta ordenando la entrada en clase de los objetores a EpC.

Así mismo, denuncia la confusión que ha causado en los padres la utilización política que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre hizo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid conocida el pasado 4 de agosto en la que se declara que el currículo de Madrid es, en esencia, el mismo que el del Gobierno central.

Por estos motivos, recién iniciado el curso 2009-2010, Profesionales por la Ética ha remitido un requerimiento (se adjunta como documento 2) a la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, en el que le solicita que:

• Informe a todos los centros estatales y a sus profesores de los términos en los que el Tribunal Supremo ha detallado la obligación de no adoctrinar.
• Requiera formalmente a todos los centros públicos para que cumplan escrupulosamente la legalidad vigente en materia de neutralidad ideológica.
• Promueva de oficio la inspección educativa con tales fines.
• Actúe debidamente contra los responsables de actividades que vulneren la obligación de no adoctrinar, aplicando si fuera necesario la sanción correspondiente.

Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, confía en que el Gobierno de la Comunidad de Madrid (antes tan beligerante contra EpC) atienda el requerimiento que se le hace en nombre de los padres madrileños.

Por otra parte, plataformas y asociaciones de padres objetores a EpC de varias comunidades autónomas (como Castilla y León y la Comunidad Valenciana) también se han dirigido a sus respectivas consejerías de Educación reclamándoles que velen por la neutralidad en las enseñanzas de EpC en los centros estatales.