El Gobierno no quiere tocar su proyecto del aborto

• El PSOE desprecia a las instituciones y persiste en imponer su reforma proabortista
• El Consejo de Estado no se pronunciará sobre la reforma proabortista antes de mediados de septiembre
• Herrero de Miñón elaborará el dictamen del aborto para el Consejo de Estado

REDACCION HO.- Lo han dicho una y otra vez los miembros del gobierno de los socialistas y los dirigentes del PSOE: no quieren modificar el texto del proyecto del aborto, digan lo que digan los fiscales, los jueces y el Consejo de Estado, único órgano pendiente de decisión.

De vez en cuando los abortistas amagan algún gesto para enredar, como Fernández de la Vega esta misma mañana, pero poco más. Domingo Pérez, que repasa hoy en ABC la situación en la que se encuentra el recorrido parlamentario del aborto, subraya que pocas veces un gobierno ha mostrado tanta cerrazón ante un proyecto de ley:

"Lo avisó, pocos días antes del cierre de este curso político, el portavoz parlamentario del Grupo socialista, Juan Antonio Alonso; lo reafirmó poco después, aunque casi de pasada, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y ayer, lo confirmó con total rotundidad la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín.

Al texto del anteproyecto para la reforma de la ley del aborto no se le tocará ni una coma hasta que no llegue al Congreso. Significa esto que, tal como salió el documento del Ministerio de Igualdad que dirige Bibiana Aído -fue aprobado el pasado 14 de mayo en Consejo de Ministros-, llegará al Parlamento allá para comienzos de octubre.

Blindado e intocable

Por el camino habrá ninguneado a algunos de los estamentos más influyentes y respetados del país. Asombra el absoluto menosprecio demostrado por el Ejecutivo a largos meses de trabajo de fiscales, jueces, expertos en bioética y, finalmente, del Consejo de Estado que, desde el 28 de julio, cuenta con el anteproyecto en su poder para elaborar el preceptivo último informe -no vinculante como todos los demás-, antes de que el texto regrese al Consejo de Ministros y éste lo remita al Parlamento para su posterior discusión y aprobación definitiva.

Pocas veces un anteproyecto de ley ha recibido un blindaje tan absoluto e inquebrantable por parte del Gobierno. Pajín lo justifica con una de sus lapidarias afirmaciones: «La ley llegará tal y como está porque es la mejor posible». Sin embargo, las voces que han manifestado serias dudas sobre la constitucionalidad del anteproyecto han sido tan numerosas como elevadas.

Primero fue el Consejo Fiscal. Emitió un informe, aprobado por la mayoría, claramente contrario y denunciando muchos puntos de anticonstitucionalidad en el anteproyecto. Se dio la inusual circunstancia de que el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, siempre fiel a los designios gubernamentales, patrocinó a título personal otro informe favorable a las tesis del Ministerio de Igualdad -basadas en premisas del más radical y rancio feminismo- y que decidió adjuntar al de la mayoría.

Luego le tocó el turno al Consejo General del Poder Judicial que, aunque por primera vez en su historia no fue capaz de aprobar una conclusión en su Pleno, sí que elaboró dos dictámenes previos, uno en contra de la reforma y otro que, aunque más favorable, también recogía advertencias y dudas sobre cuestiones tan controvertidas como la posibilidad de que las niñas de 16 años y menos puedan abortar sin conocimiento ni autorización paterna.

El Comité Español de Bioética, igualmente, se encuentra en pleno proceso de elaboración de un informe que se conocerá a mediados de septiembre y que, según fuentes consultadas por ABC, «no se mojará en absoluto, ni a favor ni en contra de la Ley». Poco importa, porque su destino, como el de todos los demás, será, si no la papelera, como mucho el de ser ignorado de forma rotunda y absoluta.

Con este ánimo van a acometer los miembros del Consejo de Estado su tarea. La elaboración del dictamen ha recaído en la Sección Tercera que preside uno de los padres de la Constitución, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, que elevará su propuesta a la Comisión Permanente que preside Francisco Rubio Llorente, al tiempo presidente del Consejo.

Hasta finales de septiembre no se conocerán unas conclusiones que al Gobierno, como ha quedado demostrado, le importan más bien poco ya que no le interesa, por estrategia política, tocar ni una línea: en septiembre tiene que sacar adelante los presupuestos y utilizará la ley del aborto como moneda de cambio."