¿Libertad religiosa o restricción de las libertades?

REDACCIÓN HO.- Esta misma semana, el ministro de Justicia ha adelantado algunos aspectos de la reforma que, en materia de libertad religiosa y derecho a la objeción de conciencia, está preparando el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Entre las afirmaciones del señor Caamaño el pasado lunes 13 de julio, en El Escorial (Madrid), acerca de la nueva Ley de Libertad Religiosa que está preparando el Gobierno español, sobresalen algunas muy preocupantes, como cuando afirma que "también la libertad religiosa tiene que tener límites" o que "la libertad de conciencia no puede ser una excusa permanente para desobedecer la ley".

En este marco, Profesionales por la Ética ha remitido a HO un comunicado en el que recuerda que el derecho a la libertad religiosa, de culto y religión es uno de los derechos fundamentales, recogido en todas y cada una de las declaraciones internacionales de derechos humanos suscritas y ratificadas por España. Según Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de Profesionales por la Ética, "la desconfianza que el ministro expresa hacia la conciencia individual, reducto personal previo a cualquier legislación positiva, trasluce una mentalidad débilmente democrática. Tratar la conciencia de los ciudadanos como "excusa" es inaceptable en un responsable político".

La plataforma de profesionales recuerda que la Constitución Española es clara al respecto. En su artículo 10.2 establece que:

 "Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España".

Así, en relación con las declaraciones de Francisco Caamaño, PPE destaca:

Los derechos humanos, de los que forma parte esencial la libertad religiosa, no pueden ser limitados por ningún tipo de "sensibilidad" contraria a la religión, como apunta el ministro; la C.E. también es clara al respecto, al establecer en su Art. 16 que "se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la Ley".

Es altamente preocupante el contenido de las siguientes expresiones, proferidas por tan alto representante en su cometido actual de proponer la reforma de la Ley de Libertad Religiosa:

• "También la libertad religiosa tiene que tener límites".
• "No por ser una religión, le está a todo el mundo todo permitido".
• La libertad religiosa debe moverse "dentro de los límites de una sociedad democrática, y ajustarse a la lógica de esta sociedad".
• "Hay religiones sin dioses, sin libros, sin oraciones... ¿Eso es o no una religión? ¿Es religión o empresa? Todos estos distingos tenemos que abordarlos. Y no podemos dejar que sólo lo hagan los jueces".
• "Hay que regular la libertad religiosa, pero también la de conciencia". "La libertad de conciencia no puede ser una excusa permanente para desobedecer la ley. Sin ley no hay convivencia. Para que exista, deben tener derechos y obligaciones vinculadas".
• Entre otros ámbitos a regular, tras citar las cárceles, los hospitales, el Ejército, los actos y funerales públicos, aborda "la Religión en las escuelas: Cada vez hay una mayor demanda para que puedan ser educados de una forma mucho más diversa de la que hoy se ofrece".

Igualmente sus afirmaciones explicitaban la regulación urbanística del uso socio-religioso. Este uso actualmente sólo debe contar con la aprobación urbanística municipal, al igual que el resto de usos dotacionales y de equipamiento (sociales, culturales, deportivos o religiosos). No podemos entender la regulación en este punto más que para restringir el ejercicio de la libertad religiosa con exigencias adicionales.

Por todo ello, PPE denuncia que:

• La desconfianza que el ministro expresa hacia la conciencia individual, reducto personal previo a cualquier legislación positiva, trasluce una mentalidad débilmente democrática. Tratar la conciencia de los ciudadanos como "excusa" es inaceptable en un responsable político.

• La libertad religiosa es, contrariamente a lo afirmado por el ministro, previa a la sociedad democrática. Pertenece al orden de la dignidad de la persona, que todos los hombres tienen por el hecho de serlo, sea o no reconocido por el orden social o el poder político correspondiente. Como lo son todos los derechos fundamentales. Un ministro de Justicia debería saberlo.

• La Constitución española no permite más límites al ejercicio de ese derecho que los derivados del orden público. El ministro apunta limitaciones (en ciertas profesiones, en diversos ámbitos de la administración, en el urbanismo) que son evidentemente inconstitucionales y de indudable cariz totalitario.

Pedimos al ministro D. Francisco Caamaño o, en su defecto, al presidente del Gobierno español, las aclaraciones pertinentes a los planteamientos expresados por el primero en El Escorial. Si en efecto estas palabras son fieles al espíritu o la letra de la reforma de la Ley de Libertad Religiosa actualmente en proceso, exigimos al Gobierno español su rectificación inmediata.