La Asociación de Fiscales acusa al fiscal general de "saltarse las reglas" al estar en minoría y de generar "una polémica innecesaria" con su informe paralelo, recordando que el Consejo Fiscal sólo puede emitir un informe.

REDACCIÓN HO.- La Asociación de Fiscales (AF) ha emitido hoy un comunicado en el que acusa fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, de generar "una polémica innecesaria" al trasladar al Gobierno un informe sobre la nueva Ley del aborto paralelo al que redactó la mayoría del Consejo Fiscal, en el que se incluían críticas a esta iniciativa promovida por el Ejecutivo socialista.

"Sólo hay un informe del Consejo Fiscal, y no varios o alternativos, la postura de la minoría puede ser también expuesta al órgano ministerial que solicita el informe, pero sólo puede ser considerada como un voto particular",

Así de clara se muestra la Asociación de Fiscales, que añade que

"estas reglas del juego son perfectamente conocidas por el Fiscal General del Estado, y no pueden ser alteradas por el mero hecho de que, en esta ocasión, su postura haya sido la minoritaria".

La asociación de fiscales también censura a la Fiscalía general por la nota de prensa emitida, que en su opinión "ha generado una polémica innecesaria, porque no se ha ajustado a la realidad de lo acordado por el Consejo Fiscal, ni a lo dispuesto en la legislación vigente, pero, sobre todo, porque se pone en tela de juicio la esencia misma del propio Consejo como órgano democrático y representativo de los miembros de la carrera fiscal".

El texto elaborado por mayoría en el Consejo Fiscal -que no contó con el apoyo de Conde-Pumpido- defendía que se informe a los padres cuya hija menor de 18 años vaya interrumpir voluntariamente su embarazo para que así puedan ejercer su derecho a la patria potestad.

La UPF, minoritaria, insiste con falsos argumentos

Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), minoritaria en el Consejo Fiscal, también emitió hoy una nota de prensa en la que califican como "inaplazable y necesaria" la reforma de la regulación sobre la interrupción voluntaria del embarazo, y defienden "un sistema de plazos que sea respetuoso con el derecho de la mujer a decidir en las primeras semanas de embarazo, y complementándolo con una reformulación de las actuales indicaciones que dé solución a casos justificados detectados fuera de plazo".  Con ello, usan el falso argumento de contemplar el aborto como un derecho, sujeto a la libre decisión de la mujer, frente a lo que establece nuestra Constitución consagrando el derecho a la vida, como también aclaró el Tribunal Constitucional en sentencia de diciembre de 1985.

En claro alineamiento con las tesis del Gobierno, la UPF considera también que "el Anteproyecto de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, actualmente en trámite, es una respuesta adecuada a aquella demanda social", matiza esta asociación, que insiste en que "resulta plenamente conforme con nuestra Constitución pues pondera y protege debidamente los derechos constitucionales al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación".