Nueva marca del Gobierno: primera condena por detenciones políticas desde 1978

HAZTEOIR.ORG .- Los agentes condenados lo han sido por los delitos de detención ilegal, falsedad en documento público y coacciones.

Hay que recordar que estas detenciones se produjeron durante la manifestación convocada en Madrid el 22 de enero de 2005 por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). A esta manifestación asistió, de forma inesperada, el entonces Ministro de Defensa, el socialista José Bono, quien aseguró haber sido agredido durante la oleada de abucheos que recibió por parte de los manifestantes. A pesar de las acusaciones de Bono, sus propios escoltas del aseguraron que no hubo agresiones.

Detenidos por ser afiliados del PP

A los tres días de la manifestación, el delegado de Gobierno en Madrid, Constantino Méndez (que dimió ayer de forma "irrevocable" como consecuencia de ese caso), anunció las detenciones de un fontanero jubilado y un ama de casa, ambos afiliados del Partido Popular de Las Rozas (Madrid), acusados de la inexistente agresión al Ministro.

Las detenciones se hicieron sin ningún género de pruebas, hasta el punto que el Inspector Jefe de la Brigada de Información de la Policía se negó a practicar las detenciones por considerarlas ilegales. Por este motivo fue cesado fulminantemente de su puesto por el Comisario Rodolfo Ruiz, uno de los tres condenados durante este proceso judicial, que tendrá que cumplir 5 años de cárcel y 8 de inhabilitación absoluta.

El fiscal, siguiendo las consignas del Gobierno, se negó a presentar acusaciones contra los condenados

Hay que señalar que la fiscalía, una vez más siguiendo las directrices del Gobierno, se negó a presentar acusación alguna contra los agentes autores de estas detenciones ilegales. A pesar de ello, las condenas han sido posibles a causa de las múltiples contradicciones mostradas por los agentes ante los magistrados, así como por las irregularidades e incluso manipulaciones que se dieron durante el proceso de detención de los dos afiliados del PP.

La sentencia incluye, además, el pago de una indemnización de 12.000 euros a los dos afiliados del PP, "primero por ser detenidos y luego al aparecer ante la opinión pública como imputados de unos hechos que no habían cometido". Los dos afiliados han indicado que esta cantidad le sea embolsada a la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

La AVT denuncia que estos hechos constituyen "la primera detención ilegal en la historia de la democracia" 

La AVT ha acogido positivamente esta condena, que confirma lo que ha calificado como "la primera detención ilegal en la historia de la democracia", y ha exigido la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, que se producía horas después de la difusión de este comunicado de la AVT.

Las víctimas del terrorismo también han reclamado al Ejecutivo de Zapatero que pida disculpas por criminalizar y atacar a los dos afiliados detenidos ilegalmente y a la propia AVT, que fue objeto de una campaña de difamaciones por parte del Gobierno y de sus medios afines con motivo de lo ocurrido en aquella manifestación.

La AVT ha pedido al Gobierno y al PSOE que tengan la valentía de "reconocer los errores cometidos y pidan disculpas públicamente" por haber utilizado la "mentira" contra las víctimas. Además, la AVT ha reclamado que se depure "la responsabilidad de quién dio esas órdenes" de detención sobre los dos afiliados del PP, y que "no pase como siempre, que sean las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los que tengan que pagar los errores y la mala gestión" de los responsables políticos.

En cuanto a la dimisión de Constantino Méndez, ésta se produjo a media tarde de este lunes. Según el hasta ahora Delegado del Gobierno en Madrid, ha dimitido en "responsabilidad y en defensa de la profesionalidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado".

Primera dimisión por el 'caso Bono': renuncia el Delegado del Gobierno en Madrid

Hay que recordar que HazteOir.org ya pidió reiteradas veces la dimisión de Constantino Méndez. La primera petición fue a raíz de la brutal carga policial ordenada por el Delegado contra docenas de amas de casa, padres de familia, jóvenes y jubilados que se manifestaron pacíficamente en defensa de la familia ante el Congreso de los Diputados el 16 de marzo de 2005.

Las siguientes peticiones de dimisión dirigidas por HO contra Méndez, y para las cuales incluso se lanzó una alerta, surgieron como consecuencia de la manipulación que la Delegación del Gobierno en Madrid hizo de las cifras de asistencia a las manifestaciones del 18 de junio de 2005, en defensa de la familia, y del pasado 12 de noviembre, por la libertad de enseñanza.

Ha hecho falta que se produjese la primera sentencia judicial por detención política desde 1978 para que Constantino Méndez presentase finalmente su renuncia.