AN Marshals: los justicieros universales de la Audiencia Nacional

AN Marshals: los justicieros universales de la Audiencia Nacional

"¿Son eficaces los procesos? Sólo uno ha terminado con juicio y condena en España". 

REDACCION HO.- Israel, Ruanda, Argentina, Guantánamo, Tíbet, Guatemala, El Salvador, Chile, Israel, Ruanda, no hay límite geográfico para los marshals de la Audiencia Nacional, ese "tripartito" de jueces que se han erigido en justicieros universales... a la búsqueda de la cámara. Tampoco hay límite temporal: el franquismo, la dictadura argentina, la chilena.

Hoy El País recoge una discreta, discretísima, información sobre el tripartito justiciero de la que se extraen algunos datos curiosos, como el origen del mal (¿por qué la AN puede ocuparse de terceros en lugar de resolver los asuntos pendientes en casa?) y las diferencias entre nuestros "marshals" y los jueces de otros países.

También hay un balance de las operaciones justiciero-mediáticas internacionales de nuestros jueces viajeros: "¿Son eficaces los procesos? Sólo uno ha terminado con juicio y condena en España".

En cambio no se informa acerca de lo que han costado todos los intentos de enjuiciar al universo mundo. Una pena:

"Los jueces españoles -egocéntricos o no-, no hacen sino aplicar la ley cuando abren estos procesos. La legislación española contempla desde 1985 la posibilidad de que se juzguen en España determinados delitos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional: genocidio, terrorismo, piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves, falsificación de moneda extranjera, delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores o incapaces, tráfico de drogas, tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, mutilación genital femenina -siempre que los responsables se encuentren en España- y cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España. Y la competencia corresponde a la Audiencia Nacional.

Hasta 2005, hubo dudas sobre cómo debía interpretarse este artículo y si las víctimas o perjudicados debían ser españoles para que pudiera abrirse el proceso. Pero ese año habló el Tribunal Constitucional.

Dio amparo a la activista guatemalteca Rigoberta Menchú y dijo claramente -en contra del criterio del Tribunal Supremo- que estos delitos podían investigarse aunque no hubiera conexiones con España. La Audiencia adquiría así la jurisdicción universal pura y absoluta.

La legitimidad para abrir este tipo de procesos no sólo deriva de la ley, sino también de un buen número de tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por España -Convenciones de Ginebra, Convención contra el Genocidio, contra la Tortura...- y que son, por tanto, de obligado cumplimiento.

Otros países europeos que también los han firmado, como Francia, Alemania, Holanda o Italia, tienen también procesos de justicia universal abiertos, pero en un número muy reducido ¿Cuáles son las diferencias con España?

Son esencialmente dos: la primera es la exigencia de algunos países de que el delito tenga relación con el Estado que va a juzgar.

La segunda, la posibilidad o no de ejercer la "acción popular", que implica que cualquier interesado puede presentar una denuncia aunque no le afecte de forma directa y que permite a las organizaciones de derechos humanos sostener una acusación aunque el fiscal se oponga.

España no exige que el delito, víctima o delincuente tengan ninguna relación con el país y permite, sin restricciones, la acción popular, que está recogida en la Constitución, lo que no ocurre en países vecinos."

La información completa en La Audiencia Universal.