Generalidad: “La elección de la lengua no es una opción personal”

Delación y recorte de libertades, prácticas usuales en Cataluña, que ahora se quieren legalizar para que la Generalidad no siga siendo un delincuente consentido por Moncloa.

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REDACCION HO.- El próximo mes de junio, el parlamento regional catalán aprobará la Ley de Educación que hoy ha pasado el trámite de la Comisión de Educación y Universidades.

La nueva normativa consagra de manera definitiva y total la inmersión lingüística, cortando de raíz derechos ciudadanos tan elementales como el de la elección de lengua.

La Ley de Educación de Cataluña (LEC) nace para evitar que el gobierno regional siga convertido en un delincuente. Como se sabe, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han condenado en reiteradas ocasiones a los gobiernos catalanes de CiU y del tripartito por no respetar los derechos de las familias a la hora de elegir la lengua de escolarización.

En ninguna ocasión la Generalidad catalana ha cumplido ni una sola de las sentencias que en su contra se han dictado. Tampoco los sucesivos gobiernos españoles, ni los socialistas ni los populares, han hecho nada para  evitar que la Justicia siguiera siendo la gran ignorada en el ámbito de los derechos individuales de los ciudadanos que residen en las cuatro provincias catalanas.

La LEC nace como cobertura legal para la Generalidad. Provistos de este instrumento jurídico, de nada servirán ya las sentencias. Tampoco servían hasta ahora, pero afeaban la imagen que de sí mismo tiene el nacionalismo catalán, que todavía se considera democrático.

La práctica de limitación de las libertades viene de antiguo en Cataluña. La inauguraron los gobiernos de Jordi Pujol, personaje al que los partidos denominados "nacionales"  han tenido siempre por un gran hombre de Estado, y se ha incrementado desde la llegada al poder de la coalición de socialistas, republicanos y comunistas.

A partir del primer tripartito, las instrucciones de la Generalidad con respecto a la restricción de libertades se hicieron habituales. El director de los Servicios Territoriales de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña en Tarragona, Josep M. Pallàs i Guasch, dirigió en invierno de 2005 un documento a los directores de los centros docentes de la provincia, en el que se establecen los criterios para controlar la lengua que hablan los ciudadanos en el sistema educativo catalán, ya sean padres, alumnos o profesores.

El texto de los Servicios Territoriales de Enseñanza de la Generalidad  indica que la elección de la lengua por parte de alumnos y profesores "no es una opción personal".

Ordena asimismo que en todas las actividades del centro, sean o no académicas, se debe usar exclusivamente el catalán, sin excepciones con los extranjeros que solo conozcan el español, o con quien no entienda el catalán.

Se añade también una instrucción habitual en las prácticas políticas de la Generalidad catalana: la delación. Los profesores tienen la obligación de declarar por escrito en un documento oficial la lengua que han usado en cada una de las clases.

Este es el texto de la Generalidad a los directores de centros de enseñanza:

"Querido/da director/a, como bien sabéis, el marco legal de nuestro sistema educativo establece el uso de la lengua catalana como lengua normal de aprendizaje y de comunicación en las actuaciones docentes y administrativas del centro.

"Hace falta entender este uso en el sentido más amplio del término: el catalán tiene que ser la lengua de uso en las explicaciones orales y escritas de los profesores y en la vida administrativa del centro (claustros, reuniones de departamento, entrevistas con padres, etc...).

Esto incluye todo el personal, tanto docente como PAS, a todos los niveles educativos, a todas las materias y a todas las actividades dirigidas a los alumnos, incluidos los recién llegados escolarizados a las aulas de acogida.

"La realidad social del catalán es precaria. Para garantizar el logro del derecho de uso del catalán por parte de toda la ciudadanía hace falta ser firmes en la defensa de la presencia del catalán como lengua vehicular de los centros docentes del país.

"El uso del catalán o del castellano por parte del docente de la enseñanza pública no universitario no es una opción personal, ni se elige en función del contexto que tiene enfrente.

Pese a todos los matices que se quieran y pese a todas las situaciones razonablemente excepcionales que se puedan presentar, el personal docente de la Generalitat de Catalunya tiene la obligación laboral de desarrollar su trabajo en catalán.

"El profesor/a tiene que consignar, en su hoja de declaración horaria habitual, la lengua en que imparte las clases. Los directores y directoras no tienen que firmar la declaración horaria en que se manifiesten usos lingüísticos no ajustados a la realidad o a la legalidad. La Inspección de estos SSTT hará un seguimiento específico."