La Junta de Castilla y León permanece pasiva ante el adoctrinamiento

Los objetores hacen esa denuncia y aclaran, además, que la sentencia del TSJCyL establece que el currículo autonómico de EpC no omite ningún elemento del fijado por el Ministerio.

• EpC es igual de adoctrinadora en Castilla y León
• El TSJ de Castilla y León considera que el currículo autonómico de EpC no contradice el nacional 

REDACCIÓN HO y EUROPA PRESS.- Los objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC) expresaron hoy su decepción, tras reunirse con la Junta de Castilla y León. Así mismo, criticaron a las autoridades educativas por negarse a tomar medidas, en uso de sus competencias, contra algunas actuaciones irregulares que se dan en la práctica docente.

Así lo manifestó Lourdes Ruano, portavoz de la plataforma Educa en Libertad de Salamanca, tras el encuentro que mantuvieron entre las 12:30 y las 15:15 horas de hoy con el viceconsejero de Educación, Fernando Sánchez Pascuala.

Aunque la cita estaba fijada con antelación, la entrevista se ha producido 24 horas después de que se conociera una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) en la que establece que el decreto autonómico de desarrollo de Educación para la Ciudadanía en la ESO es acorde con el currículo fijado por el Ministerio en el Real Decreto 1631/2006.

El Departamento entonces dirigido por Mercedes Cabrera planteó en su día recurso contencioso-administrativo ante el TSJCyL, por entender que el currículo regional de EpC incumple lo dispuesto en la norma estatal en 28 puntos; sin embargo, como ayer informó HO, el Tribunal ha considerado que ninguno de ellos se aparta de lo fijado en el citado real decreto.

Oídos sordos a las peticones de los padres objetores

Durante la reunión celebrada hoy, los representantes de estos padres formularon a la Junta peticiones muy "concretas" sobre cuestiones como que no se "persiga" a los niños, que no se les impida la promoción y la titulación "más allá de lo que establecen las normas" o que no se contemple la figura del "abandono" en estos casos, porque hay una buena disposición por parte de los objetores para que sus hijos realicen alguna actividad sustitutoria de las clases de EpC e incluso trabajos sobre algunos temas incluidos en los programas de esas materias, como la Constitución y los derechos humanos.

Según Lourdes Ruano, el movimiento objetor ha solicitado a la Administración que realice una labor de inspección de libros y herramientas pedagógicas que incumplen lo que establece el Tribunal Supremo en sus recientes sentencias. La respuesta de la Junta ha sido que hagan denuncias "concretas".

La portavoz de los padres objetores explicó que "desde el principio de la reunión" han sido conscientes de que la Consejería tenía su postura "tomada" y de que lo que iban a plantear no serviría de nada. De esta forma, explicó que sus interlocutores se han limitado "a decir lo que dicen las normas", algo que ellos conocen perfectamente. "No han mostrado ninguna voluntad política, teniendo competencias para hacerlo", dijo.

La Junta falsea el contenido de la sentencia del TSJCyL

Además, la portavoz criticó que los responsables políticos de la Consejería, al presentar ante la opinión pública el fallo del TSJCyL, deforman el contenido de la sentencia. Ruano, prestigiosa catedrática de Derecho de la Universidad de Salamanca, aclaró que lo que ésta dice es que los decretos autonómicos que regulan Educación para la Ciudadanía son ajustados a derecho "no por lo que dice la Junta", sino porque, según el TSJCyL, en la regulación autonómica de EpC no se ha omitido nada de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que establecen los decretos del Ministerio.

"Es decir, que los decretos autonómicos, con criterios más generales, reproducen lo mismo que los del Ministerio", añadió.

Ruano considera que esto es algo "muy importante", porque respalda a los padres que quieren mantener la objeción de conciencia e insistió en que han alegado reiteradamente ante la Consejería que los muchos libros de texto "no cumplen con lo establecido por el Tribunal Supremo" y son los mismos que en el resto de las comunidades autónomas.

Sin embargo, la única solución dada por la Consejería, por la que se han mostrado "indignados", es que los padres denuncien directamente a los profesores.

Denuncian que algunos textos inculcan una ideología "concreta"

Ruano aseguró que los padres han mostrado varios contenidos de libros de texto de diversas editoriales que se utilizan en centros educativos de la Comunidad y que están inspirados en una ideología "muy concreta" que los padres objetores no comparten. Una ideología que, además, "contrarresta la formación moral en la que ellos educan a los hijos". Por eso, han pedido a ls autoridades "que actúen sobre ese tipo de materiales", ya que tienen competencia para ello; sin embargo, éstas no han mostrado "la más mínima intención de actuar".

Por ello, considera que la reunión ha sido "francamente decepcionante" y ha explicado que las plataformas se han ido con la impresión de que por parte de la Consejería no había "ningún tipo de voluntad" ni de escuchar ni de entender a estos padres, que tienen razones importantes y de "todo respeto", protegidas además por el Ordenamiento Jurídico.

A partir de ahora, según ha anunciado Lourdes Ruano, seguirán "avanzando, respetando y apoyando la libertad de los padres, que son los que tienen la última palabra". Además, recordó que los procesos judiciales sobre la objeción siguen abiertos ya en Castilla y León todavía no hay sentencias.

Así mismo, indicó que, además de intentar hablar con los profesores siempre que se plantee algún conflicto, seguirán utilizando todas las vías sobre las que el Tribunal Supremo se pronunció en febrero, como denunciar libros de texto o instar a la Inspección Educativa a que intervenga, pese a la negativa de la Junta.