El TSJ de Castilla y León considera que el currículo autonómico de EpC no contradice el nacional

REDACCIÓN HO y EUROPA PRESS.- El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha resuelto de forma favorable al Ejecutivo regional el recurso que en su día presentó el Gobierno nacional contra el desarrollo curricular de la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) en la Región. Así pues, el Alto Tribunal considera que los programas autonómicos de EpC en la ESO no contradicen los currículos nacionales fijados en el Real Decreto 1631/2006, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.

Según se recoge en un comunicado de la Junta castellano-leonesa, el fallo judicial con el que se resuelve el recurso contencioso-administrativo interpuesto en 2007 por el Ministerio de Educación a los contenidos de EpC en Castilla y León reconoce la legitimidad de la actuación de la Junta y la validez del decreto por el que se desarrollaba el contenido de la asignatura en la Comunidad.

El comunicado recuerda que el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ministerio de Educación ante el currículo de esta materia en la Región impugnaba objetivos, contenidos y criterios de evaluación de los programas autonómicos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

El Ministerio recurrió un total de 46 aspectos, 28 de los cuales se referían a EpC y la sentencia del TSJCyL desestima todas las impugnaciones propuestas por el MEC respecto a esa materia. Así pues, "legitima la actuación de la Consejería de Educación, que desde el inicio de este contencioso ha defendido la legalidad y, al mismo tiempo, la neutralidad de dicha materia en los centros escolares de la Comunidad Autónoma", indica el documento del Ejecutivo regional.

"El fallo del tribunal sólo estima la pretensión del Ministerio en uno de los 46 aspectos fundados: el TSJCyL no reconoce a la Consejería de Educación de Castilla y León prefijar una oferta cerrada de materias a los centros educativos", detalla el texto, que añade que, en todo caso, la resolución ofrece a la Administración regional la posibilidad de establecer un número mínimo de alumnos para que las materias puedan cursarse.

Para el gabinete de Herrera, esta decisión judicial, según las mismas fuentes, garantiza a las familias objetoras a EpC la "imparcialidad y neutralidad" de la asignatura en la Comunidad "tal y como se ha venido defendiendo desde la Consejería de Educación en estos últimos dos años".