Fracaso de la nueva ley del 'divorcio express': las rupturas matrimoniales aumentaron un 80%

El 8 de julio de 2005 con el rechazo de muchas asociaciones familiares e incluso con un informe crítico del Poder Judicial, el Gobierno de Zapatero se empeñó en aprobar la reforma de la ley del divorcio de 1981, poniendo en juego el ?divorcio exprés?, un auténtico fracaso que potencia la ruptura matrimonial. Pide al Gobierno que, ante la evidencia, retire esta ley que atenta contra la base de la sociedad: la familia.

Desde la aprobación de esta ley conseguir el divorcio se convierte en tarea fácil, basta con que uno de los dos miembros de la pareja lo quiera para que se lleve a cabo con suma rapidez. A partir de 3 meses después de la celebración del matrimonio, se puede iniciar el procedimiento de divorcio, sin que sea requisito imprescindible la separación. La ley del divorcio exprés se separa del resto de legislaciones europeas ya que ningún país admite el divorcio unilateral sin causa alguna o sin un plazo de reflexión Según un informe del CGPJ, desde la entrada en vigor de esta ley, los divorcios amistosos se incrementaron en 2005 un 80,93%, mientras que los no consensuados un 70,32%. El informe señala que la nueva ley tiene un efecto de "animar" a resolver estos conflictos, entendiendo tal 'animación' como un incentivo a que las parejas se divorcien. En este sentido, el CGPJ consideró que "el proceso para la obtención de la disolución del matrimonio se ve facilitado por la normativa al ser más rápido y directo para el divorcio sin la necesidad de la espera previa de la separación como anteriormente". Como se demuestra en un informe del Instituto de Política Familiar, las rupturas familiares traen consecuencias psicológicas, económicas y sociales innumerables. El fracaso de esta ley consiste en que se potencia la ruptura matrimonial en lugar de disminuirla. El gobierno se olvida de promover iniciativas positivas como la búsqueda de soluciones a las rupturas familiares, la creación de centros de orientación y terapia familiar y otras medidas contempladas en varias legislaciones europeas. Escribe al presidente del Gobierno exigiéndole que, ante la evidencia de los hechos, retire esta ley y adopte medidas que favorezcan a la familia.

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