El Gobierno Valenciano aprueba el anteproyecto de Ley de Protección del Embarazo

El Gobierno Valenciano aprueba el anteproyecto de Ley de Protección del Embarazo

La Generalitat sigue implicándose en la defensa de la vida: bastará con la acreditación médica del embarazo para acceder a las ayudas, sin necesidad de esperar al nacimiento.

REDACCIÓN HO.- Dentro de unos meses, en cuanto se tramite la ley autonómica anunciada esta misma mañana por el Ejecutivo valenciano, todas las ayudas sociales, educativas, sanitarias, fiscales o de acceso a una vivienda puestas en marcha por la Generalitat Valenciana se adelantan unos meses, y las mujeres valencianas podrán solicitarlas desde que exista acreditación médica de embarazo, y por tanto, sin necesidad a tener que esperar al nacimiento del menor.

Estas medidas forman parte de la futura Ley de Protección a la Maternidad, un texto legislativo pionero en España que incluye medidas de diversos departamentos de la Generalitat a favor de la mujer embarazada.

Francisco Camps, ha presidido este lunes la Comisión Interdepartamental de Apoyo a la Maternidad -que integra a seis consejeros además de al propio presidente del Ejecutivo valenciano-, que ha aprobado el anteproyecto de Ley, y ha destacado la necesidad de apostar por la natalidad para garantizar las futuras pensiones. Así anunciaba el compromiso el propio Camps:

"En el momento mismo que haya una certificación de esa concepción, para la administración autonómica y todas las políticas que desarrolla la administración autonómica, se considera que ya forma parte de la familia, y por lo tanto ya esa familia tiene acceso a todos aquellos beneficios que significa el incremento familiar o que significa algún tipo de ayudas por parte de la Generalitat".

Así, por ejemplo, a partir de ese embarazo certificado se puede acceder al beneficio de deducciones fiscales o mejora el baremo de los hermanos a la hora de elegir colegio. El texto persigue también la creación de toda una red asistencial para las mujeres con dificultades socioeconómicas para tener un hijo

Mientras el Gobierno central busca una fórmula con la que ampliar el acceso al aborto por parte de las españolas, la Generalitat trabaja en la protección de las embarazadas.  Francisco Campsha destacado no obstante que  con la nueva normativa "no hacemos pulsos a nadie, trabajamos en beneficio de las personas y en favor de las familias", ha dicho. "Esta medida es acorde con la apuesta por la natalidad, por el apoyo a las familias, a las madres embarazadas y a todo lo que hemos conseguido conquistar durante las últimas generaciones de bienestar y de oportunidades para todos", ha señalado Camps, quien ha agregado que esta Ley "amplía su cancha hasta el último espacio autonómico competencial que nos corresponde".

De la Comisión que se reúne hoy saldrá un anteproyecto de ley que el pleno del Consell recibirá en los próximos días. Este grupo está compuesto por los titulares de Economía, Gerardo Camps; Bienestar Social, Juan Cotino; Educación, Alejandro Font de Mora; Sanidad, Manuel Cervera; Justicia, Paula Sánchez de León; Inmigración, Rafael Blasco, y el presidente Camps. El espíritu de la nueva norma nació en el artículo 8 de la Ley de Protección de la Infancia, en el que se instaba a preservar "la vida en formación".

Una vez el texto llegue al Gobierno valenciano, éste encargará sendos informes al Consejo Económico y Social y el Consell Jurídic Consultiu antes de remitir la ley a Les Corts para su debate y aprobación. Fuentes de la Generalitat explicaron que se trata de el Ejecutivo otorga gran prioridad a la iniciativa, por lo que se espera que esté aprobada poco después del verano o, en cualquier caso, antes de final de año.

En apoyo de la familia y de la mujer embarazada

La nueva normativa integra bajo un mismo texto medidas de información y apoyo a las embarazadas con dificultades especiales. Algunas de ellas ya se están poniendo en marcha o se contemplan en algunos programas, tanto estatales como autonómicos, de asistencia social. Otras constituyen toda una novedad. Entre éstas, la creación de una red voluntaria de familias de acogida para mujeres (sobre todo jóvenes) gestantes que no tengan recursos o no cuenten con respaldo familiar.

En la actualidad ya existe un sistema estatal de acogida de menores gestionado por las autonomías. Lo que no estaba regulado era que las beneficiarias de ese cobijo fueran jóvenes embarazadas en riesgo de exclusión. Esta medida se estructurará en base a una red de voluntarios de la Comunidad que quieran prestar su amparo a estas mujeres (no necesariamente menores de edad). Las familias receptoras podrán acceder a las ayudas contempladas en el caso de acogida de menores, o beneficiarse de su militancia en alguna de las entidades que reciban subvenciones de la Generalitat por asistencia a mujeres.

Precisamente ése es otro de los puntos fuertes de la ley: la prestación de ayudas a asociaciones de carácter benéfico con el objetivo de crear una red sólida de asistencia a través de organizaciones que lleguen más rápida y directamente a las mujeres. Así, por ejemplo, el Consell subvencionará a las entidades que ofrezcan asistencia psicológica a embarazadas con dificultades más allá del servicio que también prestará Bienestar Social en virtud de un convenio con los Colegios de Psicólogos de la Comunitat.

Destaca asimismo la ampliación de las ayudas al ámbito de la educación. La ley contempla la elaboración de programas individualizados para que aquellas chicas en edad escolar que se vean arrastradas a abandonar los estudios por quedarse embarazadas, puedan completarlos bien a distancia o, incluso, con profesores a domicilio.

Renta garantizada de 600 euros

En materia económica, el Consell contempla ayudas indirectas, por ejemplo, para sufragar el gasto farmacéutico derivado del proceso de gestación. Pero también aportaciones directas, en el marco de la ya existente Renta Garantizada de Ciudadanía, por la que se otorgan un máximo de 600 euros al mes, durante un máximo de 36 meses, a cambio del compromiso de aceptación de un plan de inserción social y/o laboral de la beneficiaria de las ayudas. Toda esta información estará a disposición de las mujeres a través de tres centros provinciales, 186 puntos de atención, un teléfono gratuito y una página web.