Los objetores a EpC de Castilla y León piden ser recibidos por Herrera

Tras haberse negado a recibirlos el Consejero de Educación, los representantes de más de 2000 familias se dirigen directamente al presidente de la Junta.

REDACCIÓN HO.- El pasado tres de marzo, las diez plataformas que representan a las familias castellano-leonesas que han presentado objeciones de conciencia contra Educación para la Ciudadanía se dirigieron al Consejero de Educación para solicitarle, con carácter urgente, una reunión. Ante su silencio, reiteraron su solicitud diez días más tarde. Pretendían buscar una solución dialogada a este conflicto, algo que, como recuerdan en un comunicado conjunto ya han intentado varias veces desde que éste se inició.

"La primera reunión que mantuvimos algunos representantes de los padres con el Consejero tuvo lugar el 12 de marzo de 2008. Ni en esa reunión, ni en la que tuvo lugar el 8 de julio de 2008 con los representantes de todas las plataformas, fue posible encontrar una solución conjunta a este conflicto, por la negativa del Consejero a admitir ninguna de las soluciones planteadas por los padres, a diferencia de lo que están haciendo otras Comunidades gobernadas por el Partido Popular, que sí están ofreciendo alternativas y evaluando a los alumnos objetores que permanecen fuera de clase", explica Marisa Pérez Toribio, de Soria Educa en Libertad, la primera plataforma de padres objetores que se reunión con Juan José Mateos.

Juan José Mateos se niega a recibirlos

"En esta ocasión -detalla Lourdes Ruano, de Salamanca Educa en Libertad- el Consejero no ha tenido siquiera la delicadeza de recibirnos. Precisamente cuando la situación es más complicada para los alumnos, puesto que han sido revocadas las medidas cautelares del Tribunal Superior de Justicia, que habían dejado a los alumnos exentos y no evaluados hasta ahora, Mateos nos ha remitido primero al Director General de Planificación y Ordenación Académica y posteriormente al Viceconsejero. No entendemos esta negativa por parte del Consejero a recibir él, personalmente, a los representantes de más de 2000 familias, que sólo estamos intentando buscar una solución que sea respetuosa con los derechos de los padres y los alumnos y se ajuste a la legalidad vigente. Esas soluciones existen, la Consejería tiene competencias para adoptar medidas que resuelvan el conflicto. No entendemos, una vez más, esta postura del Consejero".

Tras esta negativa de Juan José Mateos, los representantes de los padres se han dirigido al presidente de la Junta de Castilla y León para explicarle a él directamente estas cuestiones. "Nada desearíamos más los padres que ver cómo nuestros hijos se reincorporan con toda normalidad a las aulas, pero no lo harán mientras no tengamos todas las garantías de que la asignatura no va a servir para se imponga a nuestros hijos, a través de sus objetivos, contenidos y criterios de evaluación, unas concepciones concretas morales e ideológicas, algo que no puede hacer la escuela, como ha dejado claro el Tribunal Supremo en su reciente sentencia", añade Inmaculada López, de Segovia Educa Libertad.

La Administración ha de grantizar la neutralidad ideológica en la EpC

"Son las autoridades educativas las que tienen que garantizar esa neutralidad ideológica, y velar para que en la escuela no se introduzcan opiniones personales sobre cuestiones que son motivo de controversia en la sociedad. Tras la sentencia del Supremo, y una vez revocados los autos de medidas cautelares, la Consejería se ha limitado a ordenar a los alumnos que se reincorporen a las clases con normalidad, amenazando una vez más con el suspenso; pero no ha articulado ninguna medida para garantizar, a través por ejemplo de la Inspección Educativa, que en los centros no se impongan estas cuestiones morales e ideológicas. En algunos casos, bastaría con que se analizasen los libros de texto que se están empleando, muchos de ellos con contenidos absolutamente inaceptables para los padres, y que incumplen lo dicho expresamente por el Tribunal Supremo", manifiesta José Sanz, de Padres por la Libertad, de Valladolid.

Como EpC no ha cambiado, los objetores se mantienen firmes en su rechazo

En los últimos días, los dirigentes de cada una de las diez plataformas -Aranda Educa en Libertad, Ávila Educa en Libertad, Burgos Educa en Libertad, León Educa en Libertad, Palencia Educa en Libertad, Padres por la Libertad de Valladolid, Salamanca Educa en Libertad, Segovia Educa en Libertad, Soria Educa en Libertad y Zamora Educa en Libertad. 27punto3- se han reunido con los padres objetores a los que asesoran y han podido constatar que para éstos nada ha cambiado. Los currículos de EpC siguen siendo los mismos, por lo que para ellos permanecen plenamente vigentes las razones que les hicieron objetar en conciencia.

Así lo ha comprobado, por ejemplo, Aurelio García Primo, de León Educa en Libertad. "Todos los padres -asegura- siguen firmes en su decisión de ser objetores de conciencia, puesto que la asignatura no ha cambiado". "El bien máximo a proteger aquí son nuestros hijos, su formación moral, y la inmensa mayoría de los padres de León, como los del resto de la Comunidad, están dispuestos a afrontar las consecuencias de su decisión y sus hijos no van a entrar en clase", explica. "Lo que resulta decepcionante es que estas consecuencias negativas podrían evitarse si la Junta de Castilla y León tuviera voluntad para hacer, de forma expresa, con medidas reales, lo que ha dicho tantas veces a través de declaraciones, que respetan la voluntad de los padres y que están con ellos porque comparten, además, que esta asignatura tiene un fuerte contenido moral. Esperamos que esta vez, por fin, antes de que acabe el curso, el presidente de la Junta articule medidas que sean coherentes con dichas declaraciones y que garanticen la protección de los menores. De no ser así, el problema se verá agravado el próximo curso, puesto que la asignatura se implantará en Primaria y habrá más padres que velarán para que sus hijos no reciban esta asignatura, a una edad aún más temprana, lo que conlleva menor capacidad para discernir y un mayor riesgo de adoctrinamiento", añade García Primo.