Los objetores de Castilla y León confían en una sentencia favorable del TSJ

Las plataformas que los representan consideran que la objeción de conciencia a EpC es más necesaria que nunca.

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REDACCIÓN HO.- Por medio de un comunicado conjunto, las organizaciones que agrupan a los objetores de Educación para la Ciudadanía (EpC) en Castilla y León expresan su confianza en que una pronta sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCyL) reconozca la legitimidad de sus declaraciones de rechazo en conciencia contra ese grupo de materias.

Las entidades objetoras destacan que "el Supremo dejó abierta la posibilidad de la objeción a EpC en aquellos casos en que quede perfectamente acreditada su naturaleza adoctrinadora" y consideran que eso es "algo que ya han apreciado los magistrados de Castilla y León, tanto en los contenidos como en el sistema de calificación de la asignatura, y así lo han manifestado en los autos de medidas cautelares favorables a los alumnos".

Así mismo, reivindican que, tras las cuatro sentencias del Tribunal Supremo que denegaron el ejercicio de ese derecho a varias familias asturianas y a una de Huelva, esa forma de rechazo del adoctrinamiento estatal obligatorio es más necesaria que nunca.

Firman la nota de prensa las diez plataformas cívicas que articulan el movimiento objetor de la región: Aranda Educa en Libertad, Ávila Educa en Libertad, Burgos Educa en Libertad, León Educa en Libertad, Salamanca Educa en Libertad, Segovia Educa en Libertad, Soria Educa en Libertad, Zamora Educa en Libertad. 27punto3, Palencia Educa en Libertad y Padres por la Libertad de Valladolid.

Las sentencias del TS no suponen el punto y final

Resaltan los objetores castellano-leoneses que, "a pesar de la campaña desatada por parte del gobierno para tratar de transmitir la idea de que el movimiento objetor está vencido", la decisión del TS sobre los cuatro recursos resueltos "no ha supuesto el punto y final de este conflicto". "La objeción a Educación para la Ciudadanía (EpC) -resaltan- es un caso abierto, por mucho que algunos hayan querido pasar página de manera precipitada" y destacan que "la actitud de los padres, dispuestos a seguir adelante hasta que se reconozca su derecho, recogido en la Constitución, a elegir la formación moral que desean para sus hijos, contrasta con el empeño de este Gobierno en imponer a todos los ciudadanos una visión particular de la realidad".

Recuerda seguidamente el texto del comunicado que, en Castilla y León, todos los alumnos objetores a los que les corresponde cursar alguna de las cuatro materias de EpC durante este curso "cuentan con medidas cautelares del Tribunal Superior de esta Comunidad, así como con una resolución de la Consejería de Educación en este mismo sentido". "Dichas medidas amparan a los alumnos, quedando exentos y no evaluados hasta que el propio Tribunal dicte Sentencia", precisa.

Confianza en una resolución favorable del TSJCyL

Exponen también las plataformas que, "a pesar de la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que contradice frontalmente la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los padres de Castilla y León esperan con tranquilidad la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de su Comunidad", puesto que, entre otras cosas, el Supremo "no cierra por completo la vía de la objeción de conciencia", sino que reconoce la posibilidad de que en otros procedimientos pueda llegarse a reconocer. Para ilustrar esta afirmación, los objetores citan lo afirmado por el Alto Tribunal en uno de los fundamentos jurídicos de las cuatro sentencias de fecha 11 de febrero:

"Esta Sala no excluye de raíz que, en circunstancias verdaderamente excepcionales, no pueda entenderse que de la Constitución surge tácitamente un derecho a quedar eximido del cumplimiento de algún deber jurídico válido. Pero esas circunstancias verdaderamente excepcionales no han quedado acreditadas en el presente caso".

Los responsables de las diez plataformas han manifestado que confían "absolutamente en que estas circunstancias excepcionales queden perfectamente acreditadas, en el caso de Castilla y León, en los argumentos presentados por los abogados que representan a los padres".

"Esa confianza nace, entre otras cosas, de las propias palabras de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia en los autos de medidas cautelares. En dichos autos los magistrados no se limitaban a conceder estas medidas sin entrar en el fondo del asunto, sino que se pronunciaban con toda claridad respecto a cuestiones de fondo de Educación para la Ciudadanía", añade la nota de prensa, que reproduce algunos de los argumentos esgrimidos por el TSJCyL en las resoluciones en que otorgó a los hijos de los objetores la exención provisional.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal de la región consideró probado que "la superación de esta asignatura no sólo implica recibir unos determinados conocimientos, sino que se exige del menor que los incorpore a su comportamiento para siempre".

Así mismo, los magistrados constataban que "no se aprobará la asignatura si el comportamiento de los alumnos/as no rechaza activamente -o admite activamente- algo de lo enseñado (...) estableciendo como criterio de evaluación no sólo una asimilación de contenidos sino un determinado comportamiento".

Estas frases de los magistrados del TSJCyL permiten a los objetores confiar en que en este Tribunal, y posteriormente en el Supremo si llega el caso, la sentencia les será favorable, "al haber quedado perfectamente acreditada la naturaleza adoctrinadora de estas asignaturas".

Los padres defenderán sus derechos

En los últimos párrafos de la nota, las plataformas exponen que "el Tribunal Supremo no ha tutelado los derechos de los padres y ha abierto el camino a una mayor judicialización del sistema Educativo, lo cual no resuelve el problema de fondo". Por eso, "los padres están dispuestos a defender sus derechos por todos los medios a su alcance, porque lo que está en juego es algo de tanta trascendencia como la libertad de conciencia." Plataformas objetoras de Castilla y León

Para facilitar la solución a esta situación, "que está generando un grave conflicto en el sistema educativo", las plataformas de padres objetores de Castilla y León (que se manifiestan siempre abiertas al diálogo) solicitaron el pasado tres de marzo a Juan José Mateos una reunión urgente y, aunque siguen sin recibir respuesta por parte del Consejero, esperan que produzca en breve.