“La Justicia es un sistema caduco impropio de una organización pública moderna”

Llegó el alboroto a los tribunales. O tal vez no se fue nunca. A los escándalos permanentes que algunos magistrados se empeñan en protagonizar, se suma ahora el hartazgo justificado de tanto juez impotente ante la ineficacia de un sistema cuya responsabilidad última está en manos del poder ejecutivo.

José María Tomás es magistrado. Preside la Fundación por la Justicia. Es director de la Escuela de Práctica Jurídica y ha colaborado con la Unión Europea como experto para la elaboración de programas internacionales. Es patrono de la Fundación Intermon Oxfam.

A la vista de cómo están ustedes, se diría que desde 1977 a ningún partido político español le ha interesado gran cosa que la Justicia funcionara razonablemente.

La Constitución proclama el valor de la Justicia, pero la realidad es que para muchos la Justicia carece de interés. A la hora de resolver la ineficiencia de la Justicia, el que quiere no puede y el que puede, no quiere. La Justicia no contabiliza votos.

Por eso tal vez es uno de los organismos públicos más ineficaces.

Otras organizaciones han hecho el tránsito hacia modelos más eficaces con éxito, como la sanidad o los transportes públicos. No es un problema de principios, tenemos clara la independencia judicial, la inamovilidad o la distribución de competencias. Pero somos un poder del Estado cuyos instrumentos no facilitan la eficiencia.

De cada documento hemos de hacer copias en papel para cada una de las partes, los documentos que enviamos entre juzgados deben ir con su acuse de recibo, incluso al de la puerta de al lado, y de ello también se remiten copias a las partes. La ley no dice que tengamos que escribirlo todo, ni que se haya de funcionar de esta manera, pero el sistema tiene sus inercias. Y eso significa ingentes cantidades de papel, de espacio, pero también de personas y de tiempo.

La queja más tradicional es la falta de medios.

Si todo se reduce a que siempre faltan medios, estamos multiplicando la ineficiencia sin control. Le pongo un ejemplo. Casi todos los órganos judiciales tienen los mismos funcionarios hoy que cuando no existía la informática y funcionábamos con máquinas de escribir. Los medios técnicos no nos han permitido una reordenación de los recursos. ¿Por qué reclamamos más medios si con los que tenemos funcionamos como funcionamos? El nuestro es un sistema caduco, impropio de una organización pública moderna. No podemos seguir incrementando servicios ineficientes.

¿Quién ha de ponerle el cascabel al gato?

En esta organización no hay nadie que lidere el cambio. Existe una distribución de competencias tan compleja, que unos por otros... ¿Cómo puede ser que la organización de la Justicia dependa de los ayuntamientos, de los gobiernos autonómicos, de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores, del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio? ¿Cómo se puede organizar de manera eficiente un servicio en estas condiciones? 

Se supone que el Consejo General del Poder Judicial es el encargado de poner orden en todo esto.

El CGPJ es el órgano llamado a liderar el cambio, política y constitucionalmente, pero ya me dirán cómo se ha dirigido desde el enfrentamiento, la conspiración y el desprestigio. El nuevo Consejo ha nacido con ilusión de sus integrantes, pero con preocupantes servidumbres, lo que le va a exigir un esfuerzo de credibilidad numantino.

¿Y las asociaciones que representan a los jueces?

Cerca del 60 por ciento de la carrera no está asociada y conviene preguntarse por qué. Las asociaciones son al menos cómplices por los apoyos de los partidos políticos . Los datos son llamativos por los acuerdos de cuotas entre las asociaciones mayoritarias. ¿Acaso en ese 60 por ciento de la carrera judicial no asociada hay gente tan poco competente o sin méritos suficientes? Resulta escandaloso que hayamos estado casi dos años sin renovar el Consejo por las malhadadas cuotas, con la repercusión en otras designaciones estratégicamente interesantes en el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de las comunidades autónomas.

¿Por donde deberían pasar a su juicio las soluciones?

La reforma judicial pasa sobre todo por resolver la ineficiencia que en este servicio existe. Los casos de Mari Luz, de las sentencias por ejecutar, de las penas que no se pueden cumplir y prescriben, de las dilaciones injustificadas, ponen de manifiesto esa ineficiencia. A nosotros nos preocupa y nos horroriza el sistema obsoleto en el que gastamos tanta energía, que provoca capazos de desmotivación.  Solo siendo conscientes de la realidad la podremos abordar con garantías. No creo que haya que modificar principios, ni muchas leyes. Incluso tenemos demasiadas. Lo primero es ponernos de acuerdo sobre el modelo de Justicia que queremos, sin perder de vista que estamos llamados a resolver conflictos ajenos y ofrecer paz social, para lo que necesitamos un escenario razonable.

¿Y eso en la práctica como se concreta?

Reduciendo la multiplicidad de competencias; incorporando sistemas no refractarios a la medición y a los resultados; utilizando con eficacia la ingeniería de procesos y valorando el proceso mismo como un diálogo entre partes; distinguiendo y compatibilizando jurisdicción y servicio público; superando el déficit democrático en la selección de determinados destinos, abandonando corporativismos; priorizando la formación de todos los servidores públicos con las correspondientes exigencias; y diseñando y asignando con generosidad el liderazgo a quien le corresponda y esté capacitado, a quien se le puedan exigir objetivos y responsabilidades.

¿Quién debería poner en marcha ese catálogo de medidas? ¿Los jueces, el CGPJ, el Ministerio?

Los jueces estamos incapacitados para hacer eso. Hay un órgano constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, que tendría que asumir el liderazgo en la dirección y gobierno de la Justicia. Pero está mermado de facultades. Como el resto de los poderes del Estado necesita autonomía presupuestaria, que le evite clientelismos, como en tantos países ocurre.

En ese caso no percibo demasiados motivos para la esperanza.

Le daré una razón para la esperanza: el tiempo de preparación, las horas de dedicación y el compromiso con la Justicia de la gran mayoría de los jueces hacen pensar que esto tiene solución. Ese es el gran capital con que podemos afrontar el futuro. Diría que lo compartimos con todos los buenos profesionales que para la Justicia trabajan.