El PP se compromete con la vida frente al informe de la Subcomisión del aborto

El PP se compromete con la vida frente al informe de la Subcomisión del aborto

«BLOGS HO: <span class="feedlink"><a href="http://blogs.hazteoir.org/jcastro/2009/02/19/zapatero-apuesta-por-eliminar-a-todos-los-sindrome-de-down/"><span style="color: #003871">Zapatero apuesta por eliminar a todos los Síndrome de Down</span></a>, por Jo

Los colectivos en defensa de la vida felicitan al Grupo Parlamentario Popular por su voto Particular al Informe de la Subcomisión sobre la aplicación de la legislación en materia del aborto (ofrecemos el texto íntegro) y le animan a seguir luchando por los derechos de la mujer y del no nacido.

REDACCIÓN.- El PP argumenta su voto particular (cuyo texto íntegro adjuntamos en esta noticia) en una serie de motivos, entre los que denuncia "la intención de preconstituir una demanda política en ausencia de demanda social y preparar, de esta forma, una decisión previamente asumida".  A ello responde, según el PP, la limitación de las comparecencias y la celeridad dada a los trabajos, que han provocado el cierre "precipitado" de la subcomisión sin atender los requerimientos de los populares, lo que, añaden, "ha limitado la posibilidad de examinar, con el suficiente y necesario sosiego y con la debida profundidad, los muy diversos y complejos aspectos que concurren en la problemática del aborto en nuestra sociedad".

Con todo, el PP destaca el testimonio de algunos comparecientes, "que desmontan algunos tópicos de los grupos pro-abortistas como que el aborto es una solución y no un problema, o que la mujer que decide abortar, lo hace en ejercicio de un derecho".  Como indica el PP, "ha quedado demostrado, por el contrario, que en España no hay hoy, ni creemos que pueda haberlo, un derecho al aborto sino una despenalización parcial, y desde luego, para ninguna mujer es una decisión fácil y sin consecuencias". 

En este sentido, recuerda que "prácticamente la totalidad de los intervinientes, aun siendo partidarios del aborto, han reconocido que éste es malo para la mujer. Y no solo para ella. El aborto destruye una vida humana y, con el número actual de abortos y las bajas tasas de crecimiento vegetativo que hoy tiene España, demuestra un enorme fracaso político y social. Un fracaso de las políticas de prevención de embarazos no deseados, de las políticas de igualdad, las de lucha contra la violencia de género, y las de apoyo a la maternidad. Por eso hay consenso en el objetivo básico de reducir el número de abortos y de evitar su utilización como método anticonceptivo o de planificación familiar".

El PP denuncia así "la banalización de algo tan serio y tan dramático como el aborto", y aunque se felicitan de que se reconozca en el informe de la Subcomisión aprobado ayer como un objetivo esencial la reducción del número de abortos en España, considera que "afirmaciones de este tipo refuerzan el peso de nuestros argumentos en favor de la vida y los valores de una sociedad que defiende a las personas, incluso antes de nacer, en el seno materno".

El voto particular expresa claramente su postura frente al aborto, al expresar que "el PP ha defendido, defiende y defenderá siempre el derecho a la vida. Este derecho, reconocido y garantizado en su doble significación física y moral por el artículo 15 de la Constitución, es la proyección de un valor superior del ordenamiento constitucional -la vida humana- y constituye el derecho fundamental y troncal en cuanto supuesto ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible. La prohibición de la pena de muerte que la misma Constitución establece, es correlato lógico de este valor superior - la protección de la vida humana- que fundamenta nuestra convivencia".

Es por todo ello por lo que el PP expresa que "no puede suscribir ni compartir las conclusiones elaboradas por la ponente de la Subcomisión", y formula su voto particular, en el que destacan los siguientes puntos que pasamos a resumir:

I) Consideramos demostrado en esta Subcomisión: 

 1. Que no existe demanda social para la reforma de la legislación en materia de aborto. Solo hay demanda social en torno al cumplimiento de la ley y en contra una ley de plazos.

2. La sociedad está preocupada por el incremento incesante del número de abortos en España.

3. Con toda seguridad el número de abortos reales es muy superior al que aparece en las estadísticas.

4. El aborto es malo para la mujer: Ninguna mujer quiere abortar. Algo que es malo para la mujer no puede ser considerado nunca como un derecho, ni utilizado como un método de planificación familiar. Una mujer es madre si ha concebido. Su libertad no consiste en decidir si es madre, pues ya lo es, sino en decidir si va a ser madre de un niño vivo o muerto, y a esta elección no parece que se le pueda llamar derecho. El aborto no forma parte del derecho de la mujer a su salud reproductiva, pues supone una agresión precisamente a su capacidad reproductiva. Considerar el aborto un modo de control de la natalidad lesiona gravemente el derecho a la igualdad de la mujer embarazada y ha sido rechazado expresamente en las Conferencias del Cairo y de Pekín. En consecuencia nuestro objetivo, el de todos los poderes públicos y la sociedad en su conjunto, ha de ser disminuir el número de abortos.

5. Quinto: El síndrome post-aborto existe.

6. Sexto: Las mujeres abortan en casi la totalidad de los casos porque no se les ofrece una alternativa para no hacerlo, motivo por el cual algunos comparecientes señalan que "el aborto es una de las principales causas de violencia contra la mujer".

7. Séptimo: Existe un amplio fraude de ley en la aplicación de la legislación vigente. Lo demuestra el que la inmensa mayoría de los abortos se practican por riesgo para la salud psíquica de la madre en clínicas privadas. Las clínicas no pueden ser juez y parte en estas cuestiones porque su cuenta de resultados depende del número de abortos que realizan. El incumplimiento en materia de consentimiento informado es especialmente grave porque priva a las mujeres de la información necesaria para decidir libre y voluntariamente. Tampoco es objeto de información ni seguimiento en las mujeres el síndrome post- aborto. Las consecuencias del mismo son ignoradas en la práctica por las clínicas privadas, que actúan, cobran y se desentienden, siendo la sanidad pública quién asume todas las posibles complicaciones médicas derivadas de la práctica de un aborto. El testimonio de Esperanza Puente, víctima de un aborto, ha sido muy revelador. Su experiencia y la de muchas mujeres a las que ayuda desde la Fundación Madrina y la Red Madre nos reafirman en esta conclusión. Por lo que respecta a la indicación eugenésica hemos constatado un fraude de ley de naturaleza cualitativa (Sra. López Moratalla). Este supuesto plantea un ámbito de indefinición que se aprovecha para practicar abortos, que con la ley, la doctrina del Constitucional y el estado de la ciencia en materia de genética y neonatología, no deberían producirse. El proceso tecnológico no admite hablar hoy de presunciones.A través de esta indicación se están eliminando embriones no conformes a un baremo de normalidad como en el caso del síndrome de Down, y ello pese a que la Declaración de la UNESCO del Genoma Humano señala que ningún ser humano podrá ser discriminado por razón de su código genético. La Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad, ratificada por España, no admite este supuesto despenalizador por constituir un trato desigual por motivo de discapacidad. El impacto del diagnóstico prenatal en la desaparición masiva de nacidos con síndrome de Down es además incoherente con los avances en la autonomía e integración laboral y social de tantas personas con esta deficiencia. En este mismo sentido se pronuncia el Comité Español Representante de Personas con Discapacidad (CERMI). Posiblemente la legislación en materia de interrupción voluntaria del embarazo sea un ejemplo de fraude de ley masivo, hasta el punto de ponernos en evidencia ante otros países, como en el caso de la denuncia de una televisión sueca que destapó el caso del Dr. Morín.

8. Octavo: La doctrina del Tribunal Constitucional es incompatible con una ley de plazos. No partimos de cero en la protección constitucional del nasciturus. Disponemos de la doctrina del TC consolidada en el tiempo y reiterada en varias sentencias a lo largo de estos años. La STC 53/85 sienta el régimen jurídico que con carácter integral y perspectiva de futuro corresponde a la vida humana en formación. El conflicto que se plantea en los casos de aborto no es entre derechos, sino entre valores, y el de la vida del nasciturus es fundamental. Por su parte, que el Estado tenga el deber de proteger la vida del feto hace incompatible con nuestra Constitución una situación de desprotección absoluta, como sucedería en una ley de plazos. En la actualidad existe una doctrina constitucional clara, constante y reiterada que fija el estatus jurídico de los nascituri o vida humana en formación, que implica:1º.- La necesidad de que se proteja la vida del nasciturus.2º.- Y la necesidad de que, en los casos excepcionales en que exista un conflicto de valores, se articule un sistema de garantías que evite la desprotección absoluta de la vida del feto.Y dado que una ley de plazos no cumple ninguna de estas dos exigencias básicas derivadas del art. 15 CE, según dicha doctrina debe ser considerada inconstitucional.

9. Noveno: no existe inseguridad jurídica en la actual definición legal. Y no la hay, como expuso otro compareciente (Sr. Banacloche) porque no existe jurisprudencia contradictoria al respecto que nos haga dudar respecto a los límites definidos por el Constitucional, ni recomendaciones sobre la materia en las Memorias de la Fiscalía General del Estado de los últimos 10 años. De existir alguna inseguridad jurídica, no afectaría a las mujeres, los profesionales que practican abortos o las clínicas. Las principales víctimas de ella serían los nascituri por las dificultades para controlar el cumplimiento de las garantías que el legislador previó. No hay mayor seguridad jurídica que la que otorga el cumplimiento de la ley, como demuestra que si ha habido alguna condena por aborto a mujeres, lo han sido por supuestos que habrían dado lugar a idénticas consecuencias penales con una ley de plazos al tratarse de abortos practicados al margen de cualquier norma legal y en avanzado estado de gestación. Pese a esto, ninguna mujer ha ingresado en prisión por este motivo.

II) En consecuencia, el Grupo Parlamentario Popular discrepa de las conclusiones formuladas en el Informe redactado por la ponente: No podemos estar de acuerdo con las conclusiones formuladas por el Grupo mayoritario porque las medidas propuestas no solucionan la verdadera problemática del aborto en España y por su total incoherencia con algunas afirmaciones que consideramos básicas y han quedado demostradas: que el aborto es algo malo para la mujer, que en consecuencia nuestro objetivo ha de ser reducir las cifras de aborto en España, y que en ningún caso debe ser contemplado como un método anticonceptivo o de planificación familiar. Y:

1º.- Nos oponemos al reconocimiento del "derecho al aborto", así denominado, o disfrazado eufemísticamente como "derecho a decidir sobre la maternidad o a la salud o autonomía reproductiva", y a que esta materia  salga del Código Penal.  Algunos comparecientes  han criticado la legislación actual porque no garantiza "el derecho a decidir" o el derecho a "la autonomía reproductiva" de las mujeres.  Sin embargo, esos pretendidos derechos no aparecen reconocidos como tales en ningún texto internacional firmado por España. No aparece en la Constitución española de 1978, ni en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 4 de Noviembre de 1950, ni en la muy reciente Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre del 2000.  Las referencias al derecho a la salud sexual y reproductiva, contenida en algunas Conferencias internacionales y a la que aludieron algunos comparecientes (Sra. Soleto), no implica la existencia de un derecho al aborto y, en todo caso, no tienen valor jurídico. En ellas (Conferencias del Cairo y de Pekín, principalmente y Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa), más bien se pone el acento en que el aborto no debe ser un método de planificación familiar.  Resulta claro que no estamos ante un derecho que haya que garantizar sino un recurso nocivo para la salud de las mujeres que los gobiernos deben evitar en la medida de lo posible con todo tipo de medidas. No se puede decir por lo tanto que España debe ajustar su legislación interna a una normativa sobre derechos que no son tales. Por lo que respecta a la salida del aborto del Código Penal, consideramos que no procedería en aplicación de la doctrina Constitucional que expresamente invoca la tutela penal del nasciturus.

2º.- Nos oponemos a que ese reconocimiento se traduzca en un sistema mixto de plazos e indicaciones que en la práctica represente  un sistema de aborto libre.  Hemos demostrado que una ley de plazos no cabe en nuestro sistema jurídico constitucional, porque desprotege completamente a un bien jurídico merecedor de tutela en nuestro ordenamiento. Pero no solo nos oponemos por razones de índole jurídica. Las cifras de aborto en España demuestran que la mayor parte se practican dentro de las 14 primeras semanas, lo que significa que una ley de plazos en ese entorno abriría las puertas al aborto a mujeres que hoy no se lo planteen por no asumir riesgos jurídicos. Si a eso le sumamos el mantenimiento de un sistema de indicaciones sin límite de tiempo, el resultado es la consagración de un modelo de aborto libre.  No entendemos pues cómo  el Gobierno a quien parece preocupar el incremento exponencial que ha experimentado el número de abortos en nuestro país no le preocupa los efectos que una Ley de plazos va a provocar con toda seguridad. Una ley de plazos, no puede ser la solución porque incrementará, por su mayor permisividad, el número de abortos y porque al transformar un comportamiento excepcional (indicación despenalizadora) en un derecho, induciría a la mujer a creer que el aborto no tiene consecuencias negativas para ella, cuando está ampliamente demostrado que eso no es cierto.

3º.- No debe eliminarse el consentimiento de los padres para la práctica del aborto en menores de edad.  La cuestión no es menor. La eliminación del consentimiento parental, sin lugar a dudas, empujará al aborto a las jóvenes que no quieran enfrentar esta realidad ante sus propios padres. Dejaremos solas y empujaremos al aborto a las chicas antes siquiera de saber si cuentan con el apoyo de sus familias. Puede haber madurez pero no hay autonomía personal ni económica, por eso, al eliminarlo estaremos privando a las adolescentes de la posibilidad de contar con el apoyo de su familia ya que siempre será más fácil ocultarlo, convirtiendo el aborto en lo que no es, un método anticonceptivo más, cuando todos los demás fallan.   

4º.- No debe eliminarse el plazo de 22 semanas en el aborto eugenésico.  El Estado no puede amparar en base a presunciones que una madre decida la muerte de un niño que podría sobrevivir fuera del útero materno. Teniendo en cuenta el fraude de ley cualitativo en materia de aborto eugenésico, abrir la posibilidad del mismo sin límite de tiempo en base a presunciones o parámetros discutibles de normalidad o de calidad de vida resulta absolutamente inadmisible e incompatible con la sentencia 53/85 del TC. La misma en el FJ 11 establece "ha de ponerse de manifiesto las conexión entre el desarrollo del Art. 49 de la CE -que recoge la obligación de los poderes públicos de amparar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad-, y la protección de la vida del nasciturus del Art. 15 de la CE". No olvidemos que un aborto en estado avanzado de gestación es enormemente traumático e incluso peligroso para las mujeres.

5º.- No debe limitarse el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales mediante una regulación restrictiva que incluyera una declaración previa y su inscripción en un registro.  Estamos ante un derecho fundamental amparado por el Art. 16.1 de nuestra Constitución y expresamente reconocido en la STC 53/85  que en su FJ. 14. dice lo siguiente: "cabe señalar, por lo que se refiere a la objeción de conciencia, que existe y puede ser ejercida con independencia de que se haya dictado o no tal regulación. La objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocida por el art. 16 .1 de la Constitución, como ha indicado este Tribunal en diversas ocasiones, la Constitución es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales".El médico o personal sanitario - tanto de hospitales privados como públicos - puede negarse a ejecutar un aborto sin técnicamente proclamarse objetor y aunque no se le reconociera expresamente ese derecho, haciendo notar que la muerte directa de una vida humana - que es lo que la ley le solicita en algunos supuestos - no entra dentro de la praxis específicamente médica, es decir, terapéutica de su profesión.  Consideramos que cualquier reforma legal que afecte a prácticas abortivas ha de respetar con la mayor amplitud posible la objeción de conciencia del personal médico y sanitario. Por eso mismo hay que poner especial cuidado en evitar  toda discriminación injusta contra el personal médico o sanitario o cualquier tipo de estigmatización por el hecho de objetar a la práctica de un aborto.

RECOMENDACIONES:

El verdadero derecho de la mujer es el derecho a ser madre. Ninguna mujer debería renunciar a su maternidad por un conflicto familiar, laboral o social. Algo falla en una sociedad cuando no es capaz de garantizar un derecho tan básico y del que sus principales víctimas son los colectivos más desfavorecidos y sin alternativas. Nuestro objetivo ha de ser éste.

1º.- Para asegurar el cumplimiento efectivo de la legislación vigente, proponemos: 

a) La existencia necesaria de una garantía pública como mecanismo para evitar fraude.

b) Protocolización exigente del consentimiento informado específico para las prácticas abortivas.

c) Necesidad de un periodo de reflexión

d) Protección de los derechos de los profesionales: no restricción de la objeción de conciencia

e) Uso ético del diagnóstico prenatal: protocolización de los supuestos de indicación de las pruebas y de las taras del feto determinantes del aborto.

2.- Para disminuir el número de embarazos imprevistos, es imprescindible poner el acento en las políticas de formación, información y prevención.

3.- Es necesario hacer pedagogía pública contra el aborto porque todos sabemos, y ha quedado ampliamente demostrado, que el aborto no es una solución, es un problema, y acarrea siempre consecuencias muy negativas para las mujeres. 

4.- Apoyo social y de los poderes públicos a la maternidad: Proponemos al Gobierno que ponga un marcha un Plan Nacional de Apoyo a la Maternidad.  Valoramos muy positivamente las iniciativas que ha puesto en marcha la sociedad civil (redes sociales de apoyo a las embarazadas) y animamos a las Administraciones Públicas para que -en el ámbito de las respectivas competencias- apoyen, impulsen, fortalezcan o creen políticas sociales y normas jurídicas tendentes a garantizar:

a) Que ninguna mujer acuda a un aborto forzada, coaccionada o impulsada por su entorno personal o las circunstancias que rodean a su embarazo y ante la ausencia de alternativas asequibles para afrontar los problemas concretos derivados de su embarazo, sean estos sociales, económicos, laborales, de vivienda, de inserción familiar, etc.

b) Que toda mujer, sean cuales sean sus circunstancias, reciba una información detallada, sosegada, personalizada y suministrada por personas ajenas a la práctica del aborto, sobre sus derechos, las ayudas públicas o privadas a que puede acceder y las alternativas y apoyos con que puede contar.

c) Que las instituciones públicas de asistencia social y la administración sanitaria a las que acuda cualquier mujer con un problema vinculado a un embarazo asuman la obligación de ofrecerle alternativas sólidas al aborto e información solvente sobre tales alternativas.

d) Que se cree un marco jurídico coherente y sistemático sobre ayudas a las mujeres embarazadas, de fácil conocimiento por éstas y accesible a través de internet, teléfonos de atención 24 horas, etc, información que debe difundirse entre el público objetivamente interesado por grupos de riesgo.

e) Que la información sobre alternativas se incorpore, junto a la de riesgos, al consentimiento informado que conforme a la legislación sanitaria debe firmar toda mujer que se vaya a someter a un aborto.

Este ambicioso Plan Nacional de Apoyo a la Maternidad debería incluir al menos:

  • Centros, prestaciones y ayudas a las mujeres embarazadas
  • Campañas públicas para informar de tales medios
  • Campañas dirigidas a los varones, especialmente los adolescentes, para motivarles a asumir su responsabilidad en el embarazo.
  • Facilitar a la mujer embarazada o nueva madre un empleo, salarios sociales, residencias o viviendas adecuadas a su situación, y los servicios de guardería durante los primeros años de vida del niño.
  • Colaboración con ONGs y Asociaciones para apoyar a la mujer embarazada.
  • Dar a conocer a las mujeres embarazadas la existencia de una red de apoyo.
  • Instrumentos de colaboración y coordinación con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para poner en marcha todas estas medidas.

Queremos concluir recordando las palabras de Sr. Jiménez Agrela: "tres de cada cuatro mujeres que acuden a nuestra Fundación - Fundación Madrina- manifestando dudas sobre si continuar su embarazo o decididas a abortar, si encuentran apoyo, deciden seguir adelante".

En nuestra mano está conseguirlo, ofreciéndoles alternativas y no empujándolas, en palabras de la Ministra Aido, a "algo tan traumático para la mujer como el aborto", porque como afirma la Ministra Chacón, "ser madre es algo maravilloso que no tiene explicación ni comparación con nada".

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado este voto particular para defender este derecho, el derecho a ser madre.