Los objetores de Baleares instan a su Gobierno a acatar las sentencias del TS

El IPF le reclama la adecuación de los currículos de EpC a la doctrina jurídica que contienen las resoluciones del Alto Tribunal y la retirada de los textos que no se ajustan a ella.

REDACCIÓN HO.- El Instituto de Política Familiar (IPF) de Baleares ha emitido hoy un comunicado en el que, "a la luz de las sentencias del TS sobre la asignatura de EpC", exige al Gobierno de las Islas que, en aplicación de esas resoluciones, modifique los currículos autonómicos y "retire los contenidos, objetivos y criterios de evaluación que vulneran la obligada neutralidad de la Administración".

El IPF, entidad lidera el movimiento objetor en el archipiélago, anuncia la interposición de una reclamación administrativa ante la Consejería de Educación y Cultura, "en relación a todos aquellos extremos, consideraciones, contenidos y criterios" que a su juicio "vulneran el derecho de los padres y exceden de las facultades y cometidos de la Administración, en el espíritu y letra de las Sentencias del TS".

En opinión de esta asociación, su reivindicación se basa en la doctrina jurídica expresada por el TS en el fundamento décimo de la sentencia de Andalucía, que expone lo siguiente:

(...) "Es preciso insistir en un extremo de indudable importancia: el hecho de que la materia Educación para la Ciudadanía sea ajustada a derecho y que el deber jurídico de cursarla sea válido no autoriza a la Administración educativa -ni tampoco a los centros docentes, ni a los concretos profesores- a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas.

(...) Las materias que el Estado, en su irrenunciable función de programación de la enseñanza, califica como obligatorias no deben ser pretexto para tratar de persuadir a los alumnos sobre ideas y doctrinas que -independientemente de que estén mejor o peor argumentadas- reflejan tomas de posición sobre problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad española (...)

(...) Todo ello implica que cuando deban abordarse problemas de esa índole al impartir la materia Educación para la Ciudadanía -o, llegado el caso, cualquiera otra- es exigible la más exquisita objetividad y el más prudente distanciamiento" (...)

Finalmente, la nota anuncia "la disponibilidad del IPF para dar amparo a todos aquellos padres que deseen seguir esta línea de conducta", frente a un diseño curricular de EpC "que el propio TS considera que puede adoctrinar a los alumnos".