PPE: el TS "ha atendido el fondo de las demandas" de los objetores

PPE: el TS "ha atendido el fondo de las demandas" de los objetores

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Así mismo, señala que "la batalla jurídica a favor de la libertad de educación e ideológica no ha hecho más que empezar porque la objeción de conciencia no es un fin en sí misma sino un medio".

REDACCIÓN HO.- Por medio de un comunicado emitido esta tarde, Profesionales por la Ética (PPE) ha resaltado que el motivo que ha llevado a más de 52 mil padres a objetar a Educación para la Ciudadanía ha sido el carácter ideológico y adoctrinador de este conjunto de asignaturas.

En esa nota, la asociación hace una primera valoración de las cuatro sentencias del Tribunal Supremo relacionadas con el derecho a la objeción a Educación para la Ciudadanía (correspondientes a 3 recursos de Asturias y 1 de Andalucía) conocidas al mediodía de hoy.

Profesionales por la Ética resalta que, aunque las cuatro sentencias deniegan la posibilidad de objetar a Educación para la Ciudadanía, favorecen las pretensiones de los padres objetores en los siguientes aspectos:

  1. Dejan abierta la posibilidad de solicitar que se anulen las normas reguladoras de una asignatura obligatoria si esta invadiera el derecho de los padres a decidir la enseñanza que deben recibir sus hijos en materia religiosa o moral.
  2. Si se demostrara que hay adoctrinamiento en el proyecto educativo y en los textos, podrá pedirse a los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo cuantas medidas fuesen necesarias para el cese inmediato de esa actividad. 
  3. El hecho de que EpC sea ajustada a Derecho no autoriza a la Administración ni a los centros ni a los profesores a inculcar puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que son controvertidas en la sociedad española.

El comunicado destaca que han emitido votos particulares discrepantes de las sentencias 10 magistrados de los 29 que formaban el Pleno el día que se adoptó la decisión: Juan José González Rivas, Manuel Campos Sánchez-Bordona, Emilio Frías Ponce, Jesús Ernesto Peces Morate, Mariano de Oro-Pulido López , Pedro José Yagüe Gil, Juan Gonzalo Martínez Micó, José Manuel Sieira Míguez, José Diaz Delgado y Celsa Pico Lorenzo.

Además, algunos de los fundamentos jurídicos de las sentencias del Tribunal Supremo reconocen las tesis de los objetores:

  • Los proyectos, textos y explicaciones relativos a Educación para la Ciudadanía no podrán incurrir en adoctrinamiento. Y si lo hicieran, se podrá acudir a la tutela judicial efectiva en los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo.
  • El deber de cursar Educación para la Ciudadanía no autoriza a la Administración educativa, ni tampoco a los centros docentes, ni a los concretos profesores, a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas.
  • Las asignaturas obligatorias no deben ser pretexto para tratar de persuadir a los alumnos sobre ideas y doctrinas que -independientemente de que estén mejor o peor argumentadas- reflejan tomas de posición sobre problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad española. 
  • En una sociedad democrática, no debe ser la Administración educativa -ni tampoco los centros docentes, ni los concretos profesores- quien se erija en árbitro de las cuestiones morales controvertidas.

Para Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, "es evidente que el Tribunal Supremo ha atendido el fondo de las demandas presentadas por los padres al darles nuevos argumentos jurídicos para defenderse del adoctrinamiento escolar. Por tanto, la batalla jurídica a favor de la libertad de educación e ideológica no ha hecho más que empezar porque la objeción de conciencia no es un fin en sí misma sino un medio. Como siempre hemos afirmado, estaremos al lado de los padres que quieran seguir adelante en defensa de sus derechos fundamentales".