Tres de los magistrados del TS que respaldaron el fallo admiten la objeción a EpC en determinados casos

Tres de los magistrados del TS que respaldaron el fallo admiten la objeción a EpC en determinados casos

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Otros siete, que votaron por reconocer la objeción a las tres familias asturianas y a la de Huelva, consideran que los currículos actuales invaden las conciencias individuales.

REDACCIÓN HO y EUROPA PRESS.- Tres magistrados que votaron a favor del fallo del Tribunal Supremo sobre Educación para la Ciudadanía (EpC) defienden la objeción de conciencia cuando determinados contenidos, que exceden de los relacionados con los principios democráticos de convivencia y los derechos y libertades fundamentales, no respeten el principio de neutralidad y sean adoctrinantes.

A través de un voto particular concurrente, formulado por el magistrado José Manuel Sieira Míguez y al que se adhirieron José Díaz Delgado y Celsa Pico Lorenzo, coincide con la sentencia en no apreciar derecho a la objeción en los supuestos en los que la asignatura fuera contraria al ordenamiento jurídico o entrara en terrenos vedados al poder público.

Sin embargo, considera que existe un tercer supuesto en el que podrían tacharse normas en materia educativa: "Los contenidos no resultan contrarios al ordenamiento jurídico, ni invaden terrenos vedados a la esfera de actuación del Estado; la oposición a cursar la asignatura viene determinada exclusivamente por su carácter obligatorio y sus contenidos adoctrinantes en cuestiones morales o religiosas más allá de los limites que señala el articulo 27.2 del texto constitucional".

En este caso, según continúa el texto, "no es necesario anular la norma que regula la asignatura, lo que por otra parte, conllevaría la limitación del derechos de quienes comparten sus contenidos, sino que, como quiera que lo que se combate es exclusivamente el no reconocimiento del derecho a obtener una exención, resulta bastante reconocer este derecho".

Los tres magistrados consideran que la vía de la objeción de conciencia "es apta en materia educativa para demandar la exención a la obligatoriedad de cursar una determinada materia, no puede llevar a la estimación del recurso contencioso por las razones que se indica en los fundamentos noveno y siguientes de la sentencia mayoritaria".

Por otra parte, entienden "precipitado" negar un derecho a la objeción de conciencia general y apuntan que el hecho de que el derecho a la objeción de conciencia encuentre sus límites en la noción de orden público, "no supone, en absoluto, la imposibilidad que establece las sentencia mayoritaria".

Ésta sostiene, en su fundamento séptimo, que sólo existe derecho a la objeción de conciencia en el supuesto del artículo 30.2 de la Constitución y en el del personal sanitario que ha de intervenir en la práctica del aborto en las modalidades en que fue despenalizado, así como en aquellos casos en que el legislador ordinario reconozca la posibilidad de dispensa por razones de conciencia de determinados deberes.

Los firmantes de este voto particular afirman que ese argumento "no compagina bien con la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) por más que no haya sido uniforme y constante" y recuerdan que el TC, según reconoce la propia Sala Tercera, ha admitido la objeción en los supuestos del aborto y en otras sentencias en las que declara "que la libertad religiosa incluye también una dimensión externa que faculta a los ciudadanos a actuar con arreglo a sus propias convicciones y a mantenerlas frente a terceros".

En definitiva, los magistrados Sieira, Díaz y Pico defienden que "si bien el derecho a la objeción de conciencia no es ilimitado, no cabe excluir su reconocimiento en vía jurisdiccional". "La tesis contraria supone reducir el artículo 16 de la Constitución a la libertad de pensamiento y de expresión y difusión de las ideas vaciándolo de contenido específico", añaden.

Para siete magistrados, los currículos de EpC invaden las conciencias individuales

Los otros siete magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que han emitido votos particulares -y que además votaron en contra del fallo que deniega a las cuatro familias afectadas por estas sentencias su derecho a objetar a EpC- defienden que los Reales Decretos que regulan los currículos de la materia "inciden en lo más propio y autónomo de las señas constitutivas de la identidad personal, como cuando se refieren a las conciencias individuales".

Además, precisan su disconformidad sobre la "tesis armonizadora" avalada por la mayoría de los magistrados, que aúna la tendencia sobre la inexistencia de la objeción de conciencia y la vulneración del derecho de los padres a elegir la educación para sus hijos conforme a sus convicciones, que se contempla en el artículo 27.3 de la CE.

"El Estado no puede invadir la esfera de la privacidad y la intimidad tratando de descubrir las conciencias individuales, los sentimientos y utilizar actitudes, máxime cuando se introducen en el análisis del comportamiento familiar", sostiene uno de los magistrados.

Así mismo, señalan que frente a la tesis mayoritaria, que no reconoce la objeción por considerar que en el texto constitucional sólo está prevista en la prestación del servicio militar, la sentencia "deja abierta la posibilidad" de que sea el Poder Judicial quien haya de resolver los conflictos que en materia de objeción de conciencia puedan producirse en la sociedad, "como el caso cuestionado y con fundamento en los
Para los jueces discrepantes, el Gobierno, con los currículos de EpC, "se ha excedido en sus competencias", al incluir contenidos que, a su entender, "no son colorario de la Constitución", y establecen, además, "criterios de evaluación que conllevan la obligación de adherirse interiormente a los mismos, lo que implica la vulneración del derecho de los padres", recogido en el artículo 27.3 de la CE.

"Una cosa es ofrecer a los alumnos una formación sobre los valores, derechos o instituciones consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales, resaltando la importancia de los valores éticos implícitos en los derechos humanos, y otra diferente es introducir una ética civil común distinta de la ética personal, ética común pública que tiene como referente único los derechos humanos reconocidos por la ley positiva, con lo que queda excluida implícitamente la fundamentación de una moral natural", detalla uno de esos votos particulares firmado por D. Emilio Frías Ponce y por D. Juan Gonzalo Martínez Micó.