El IPF de Baleares celebra las sentencias del TS

El IPF de Baleares celebra las sentencias del TS

Llama la atención sobre el hecho de que el Alto Tribunal ha dejado claro que EpC "no puede entrar en temas de controversia social".

REDACCIÓN HO.- El Instituto de Política Familiar (IPF) de Baleares, aglutinador del movimiento objetor en el archipiélago, considera que "esta batalla por la libertad se acaba de ganar según la sentencias del TS que se han dictado este mediodía".

En un comunicado remitido a HO, el IPF resalta que "el objetivo era que la asignatura no entrase en lo moral ya que este campo corresponde a la familia" y concluye que, puesto que "el Supremo dice que no puede entrar en temas de controversia social", el movimiento objetor ha "ganado por goleada".

La nota señala que el TS "ha negado el derecho de objeción de conciencia frente a una asignatura oficial establecida por el currículo". "Pero para no ser objeto de objeción, la asignatura en cuestión no debe violar la neutralidad ideológica entrando en cuestiones morales discutibles y discutidas que violan el derecho de los padres a procurar para sus hijos la formación moral que consideren más adecuada. Y eso es lo que pretendemos, de principio a fin, los padres objetores", añade.

Para el IPF, "ha quedado patente en la sociedad" que, mediante los currículos de EpC, el Gobierno "se mete en temas que no le incumben, y seguiremos peleando para que se cambie, para que haya verdadera libertad de educación y se respete la neutralidad ideológica del Estado".

El comunicado llama la atención sobre el fundamento jurídico n.º 10 de la sentencia que resuelve el recurso que afecta a una familia andaluza, en el que la Sala indica textualmente lo siguiente:

"Es preciso insistir en un extremo de indudable importancia: el hecho de que la materia Educación para la Ciudadanía sea ajustada a derecho y que el deber jurídico de cursarla sea válido no autoriza a la Administración educativa -ni tampoco a los centros docentes, ni a los concretos profesores- a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas.

Ello es consecuencia del pluralismo, consagrado como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, y del deber de neutralidad ideológica del Estado, que prohíbe a éste incurrir en cualquier forma de proselitismo. Las materias que el Estado, en su irrenunciable función de programación de la enseñanza, califica como obligatorias no deben ser pretexto para tratar de persuadir a los alumnos sobre ideas y doctrinas que -independientemente de que estén mejor o peor argumentadas- reflejan tomas de posición sobre problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad española. En una sociedad democrática, no debe ser la Administración educativa -ni tampoco los centros docentes, ni los concretos profesores- quien se erija en árbitro de las cuestiones morales controvertidas. Estas pertenecen al ámbito del libre debate en la sociedad civil, donde no se da la relación vertical profesor-alumno, y por supuesto al de las conciencias individuales. Todo ello implica que cuando deban abordarse problemas de esa índole al impartir la materia Educación para la Ciudadanía -o, llegado el caso, cualquiera otra- es exigible la más exquisita objetividad y el más prudente distanciamiento".

Finalmente, el IPF insiste en que "ha quedado patente en la sociedad que Epc se mete en temas que no le incumben" y anuncia: "Seguimos peleando para que se cambie, para que haya verdadera libertad de educación y se respete la neutralidad ideológica del Estado".