EpC: la objeción no ha lugar frente a una ilegalidad

EpC: la objeción no ha lugar frente a una ilegalidad

Para el TS no existe el derecho a objetar ante un hecho que se aparta de la legalidad constitucional.

REDACCIÓN HO.- Las sentencias íntegras del Tribunal Supremo sobre Educación para la Ciudadanía que se acaban de conocer niegan el derecho a la objeción de conciencia ante la materia por parte de las familias. Y en la fundamentación de ese rechazo, el Supremo también da la razón a los objetores.

El Tribunal se extiende en consideraciones acerca del derecho a la objeción de conciencia y deja muy claro, y en reiteradas ocasiones, que la posibilidad de ejercer la objeción de conciencia es un derecho que emana de la propia Constitución:

"Esta Sala no excluye de raíz que, en circunstancias verdaderamente excepcionales, no pueda entenderse que de la Constitución surge tácitamente un derecho a quedar eximido del cumplimiento de algún deber jurídico válido".

Sin embargo el Tribunal Supremo no aprecia motivo para objetar la asignatura de EpC porque, como explica prolijamente en el fundamento octavo de la sentencia referida a Asturias, no existe derecho a la objeción ante un hecho anticonstitucional. Y el adoctrinamiento lo sería:

"El punto de equilibrio constitucionalmente adecuado puede ser a veces difícil de encontrar; pero es indiscutible que los padres no tienen, en virtud del artículo 27.3 ["derecho de los padres a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones"], un derecho ilimitado a oponerse a la programación de la enseñanza por el Estado. El artículo 27.3, dicho de otro modo, permite pedir que se anulen las normas reguladoras de una asignatura obligatoria en tanto en cuanto invadan el derecho de los padres a decidir la enseñanza que deben recibir sus hijos en materia religiosa o moral; pero no permite pedir dispensas o exenciones".

El Supremo recuerda de esta manera que, desde la legalidad constitucional, no existe ninguna posibilidad de que EpC incluya consideraciones morales. Por lo tanto no ha lugar la objeción:

"Hay que destacar que dicho precepto constitucional [el 27.3] sólo reconoce el derecho a elegir la educación religiosa y moral de los hijos, no sobre materias ajenas a la religión y la moral. En la medida en que Educación para la Ciudadanía abarca temas ajenos a la religión o la moral en sentido propio, como  son los relativos a la organización y funcionamiento de la democracia constitucional, el significado de los derechos fundamentales o, incluso, usos sociales establecidos y reglas meramente técnicas, no resulta aplicable el artículo 27.3".

"Este sólo regirá para aquellos aspectos de la citada materia que incidan sobre problemas morales, pues hay que entender que la religión, por ser algo ajeno a la ciudadanía, ha de quedar necesariamente fuera de la referida materia".

En suma, el fallo del Supremo rechaza la objeción porque en el caso de que EpC incluyera adoctrinamiento moral, la materia estaría incumpliendo las leyes vigentes y ante esa  situación la respuesta no puede ser la objeción de conciencia sino la enmienda  de una disciplina que estaría atentando contra la Constitución:

"En un Estado democrático de Derecho, el estatuto de los ciudadanos es el mismo para todos, cualesquiera que sean sus creencias religiosas y morales y, precisamente por ello, en la medida en que esas creencias sean respetadas, no hay serias razones  constitucionales para oponerse a la existencia de una materia obligatoria cuya finalidad es formar en los rudimentos de dicha ciudadanía, incluido el reconocimiento del propio derecho a la libertad ideológica y religiosa".

Algunos de los votos particulares emitidos por hasta 10 de los 29 magistrados destacan que, en virtud de las propias argumentaciones jurídicas en que se basan las resoluciones, deberían haber sido anulados algunos de los elementos de los currículos de EpC, porque, en tanto en cuanto abordan cuestiones de carácter moral, vulneran el mandato constitucional contenido en el artículo 27.3.

¿Adoptará esa decisión la Sala Tercera cuando aborde la cuestión de ilegalidad de los Reales Decretos de enseñanzas mínimas de Primaria y de la ESO suscitada por el TSJ de Andalucía, que ha sido recientemente admitida a trámite por el Alto Tribunal?

El Supremo puede haber cerrado en falso el asunto que tenía sobre la mesa, y no solo por el hecho significativo de que el 34% de los miembros de la Sala hayan emitido votos parrticulares. De ello alerta D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, uno de los diez magistrados que han firmado algún voto particular. Su Señoría advierte que las cuatro sentencias conocidas hoy, "más que pacificar y resolver de modo definitivo" la cuestión de la legitimidad de la EpC, pueden provocar una cascada de litigios en los que, "caso por caso, centro por centro, texto por texto y explicación por explicación, los padres se vean abocados a reivindicar el derecho que les reconoce la Constitución" a que "sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones" (art. 27.3).  

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