El Supremo da la razón a los padres objetores

El Supremo da la razón a los padres objetores

«<a href="http://www.hazteoir.org/node/17386">Cabrera pierde la locuacidad ante la sentencia de EpC</a>»
«<a href="http://www.hazteoir.org/node/17389">El movimiento objetor resalta que el Tribunal Supremo prohíbe que EpC adoctrine</a> »

Al rechazar el adoctrinamiento del Gobierno, las sentencias convierten en innecesaria la objeción, siempre que la Administración educativa las cumpla y las haga cumplir.

REDACCIÓN HO.- La sentencia sobre EpC dada a conocer hoy en su integridad por el Tribunal Supremo niega la objeción de conciencia ante la asignatura.

Sin embargo el texto de las resoluciones de Andalucía y Asturias suprime el motivo que llevó a tantas familias a ejercer su derecho a la objeción de conciencia, es decir, el adoctrinamiento.

El alto tribunal lo explica de esta manera en el fundamento quinto de la sentencia referida a Asturias:

"Si se demostrara que las enseñanzas controvertidas incurren en un adoctrinamiento incompatible con las responsabilidades que atribuye al Estado en la educación el artículo 27.2 de la Constitución, la preservación de esos mismos derechos fundamentales de los artículos 16.1 y 27.3 exigiría la adopción por los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de cuantas medidas fuesen necesarias para el cese inmediato de esa actividad".

Lo que el Tribunal Supremo ha hecho es lanzar un serio aviso al Gobierno, al sistema educativo en su conjunto, a los centros de enseñanza y a sus profesionales, para que no caigan en la tentación de utilizar EpC para el adoctrinamiento de los niños españoles.

Tal como han venido repitiendo las organizaciones defensoras de las familias que se oponían a EpC, si se suprimen los motivos que movieron a la objeción, nada hay que decir con respecto al resto de contenidos de la asignatura.

Los objetores no estaban contra la materia, sino contra el adoctrinamiento que encubría. En este sentido su triunfo ha sido total, como remarca el fundamento décimoquinto de la sentencia de Asturias:

"En una sociedad democrática, no debe ser la Administración educativa --ni tampoco los centros docentes, ni los concretos profesores-- quien se erija en árbitro de las cuestiones morales controvertidas. Estas pertenecen al ámbito del libre debate en la sociedad civil, donde no se da la relación vertical profesor-alumno, y por supuesto al de las conciencias individuales. Todo ello implica que cuando deban abordarse problemas de esa índole al impartir la materia Educación para la Ciudadanía --o, llegado el caso, cualquier otra-- es exigible la más exquisita objetividad y el más prudente distanciamiento".

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