Varapalo del TS al adoctrinamiento del Gobierno a través de EpC

Varapalo del TS al adoctrinamiento del Gobierno a través de EpC

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El Supremo advierte al Gobierno que la asignatura debe ceñirse a los preceptos constitucionales y recuerda el derecho de los padres a recurrir a los tribunales. 

REDACCIÓN  HO.- El Tribunal Supremo ha dado a conocer el contenido íntegro de las cuatro sentencias sobre Educación para la Ciudadanía, de las que hasta hace unas horas tan solo se conocía un breve resumen. Diez de los 29 magistrados (el 34% de la Sala) han emitido votos particulares en todas las resoluciones. 

Tal como apuntaba HO cuando se conoció la nota de prensa que daba escueta noticia de la decisión del TS, el Gobierno se precipitó al celebrar el supuesto triunfo de sus tesis.

En los textos íntegros de las sentencias conocidas hoy (al final de este artículo se adjuntan la sentencia de Andalucía y una resolución de Asturias), el alto tribunal niega ciertamente el derecho  la objeción de conciencia para, a continuación, advertir severamente al Gobierno acerca de sus eventuales veleidades adoctrinadoras.

En el fundamento décimo de la sentencia referida a Andalucía, el Tribunal Supremo advierte:

El hecho de que la materia Educación para la Ciudadanía sea ajustada a derecho y que el deber jurídico de cursarla sea válido no autoriza a la Administración educativa -ni tampoco a los centros docentes, ni a los concretos profesores- a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas.

Además el  Supremo señala que la normativa de EpC debe concretarse de acuerdo con los preceptos constitucionales:

Los contenidos de EpC han de experimentar ulteriores concreciones a través del proyecto educativo de cada centro y de los textos que se utilicen, así, como, obviamente, de la manera en que se expongan.

Proyectos, textos y explicaciones que deben moverse en el marco que hemos trazado de manera que el derecho de los padres a que se mantengan dentro de los límites sentados por el artículo 27.2 de la Constitución y a que, de ningún modo, se deslicen en el adoctrinamiento por prescindir de la objetividad, exposición crítica y del respeto al pluralismo imprescindibles, cobra aquí también pleno vigor.

El Tribunal Supremo deja también claro que los padres objetores están en su derecho a dirigirse a los tribunales en busca de amparo cuando los contenidos vulneren las normas constitucionales y caigan en el adoctrinamiento:

En particular, cuando proyectos, textos o explicaciones incurran en tales propósitos desviados de los fines de la educación, ese derecho fundamental les hace acreedores de la tutela judicial efectiva, preferente y sumaria que han de prestarles los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, los cuales habrán de utilizar decididamente, cuando proceda, las medidas cautelares previstas en la Ley de la Jurisdicción para asegurar que no pierdan su finalidad legítima los recursos que se interpongan.