“Quien se atreve a cuestionar los ‘derechos’ gays se convierte en enemigo”

“Quien se atreve a cuestionar los ‘derechos’ gays se convierte en enemigo”

Es el nuevo objetivo de quienes, con la excusa del sexo, están empeñados en cercenar las libertades individuales más elementales. Enfrentarse al lobby gay le ha costado al juez Fernando Ferrín Calamita su inhabilitación por más de dos años. 

REDACCIÓN HO.- Y puede llegar a costarle su expulsión de la carrera judicial.

¿Cree que el lobby homosexual tiene demasiado poder en España?

Un lobby es un grupo de personas influyentes, organizado para presionar en favor de determinados intereses, integrado por gran número de personas. Según las estadísticas, en España reconocen su tendencia homosexual unas 10.000 personas. Frente a 45 millones de españoles. Eso no es un lobby. Si tienen poder será por otros motivos. Alguien influyente está detrás, instrumentalizándolos. Por cierto, ignoro por qué se llama lobby "gay". Esta palabra inglesa significa alegre, vivaz.

Está usted convencido de que su vida privada ha sido determinante en el resultado judicial de su causa.

Antes de presentarse la querella se investigó mi vida privada. A través de la red y de otros medios, constataron que yo llevaba a mis hijas a un Colegio que popularmente se identifica con el Opus Dei. Pues bien, de ahí sacaron la conclusión de que yo era del Opus Dei, perteneciente según la querella a la Iglesia "más rancia". ¿Y si llevara a mis hijas a los jesuitas, a un colegio de monjas? Sobran comentarios.

Efectivamente, mi vida privada ha influido decisivamente en mi condena. Antes y durante el proceso recibí presiones de amigos comunes en forma de intermediarios, así como un intento de extorsión transmitido nada menos que a través del Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma, en síntesis para que fuera "prudente", "que considerara que era padre de familia numerosa", que no se podía ser "radical", "que era una lucha de David contra Goliat", que iba a salir "perdiendo".

En definitiva, que si mandaba un escrito a un número de fax que se me facilitaría, comprometiéndome a irme de Murcia o a cambiar de jurisdicción, me absolverían, y que si no, me condenarían, independientemente de que fuera inocente, pero que no se toleran jueces "díscolos" o "rebeldes".

No acepté. Como tampoco el pagar dinero a Mazón Costa, el abogado de las adoptantes. Si yo hubiera aceptado el pedir el traslado y hubiera pagado a Mazón Costa, no hubiera habido juicio ni, por tanto, condena.

Estoy luchando contra Goliat, pero al igual que David, llevo todas las de ganar. Aunque aparentemente pueda parecer otra cosa. Puedo perder una batalla, pero la guerra está ganada de antemano. Y creo que se me comprende. Al menos los que quieran comprender.

Usted afirma que sus creencias religiosas han influido en el desenlace de esta triste historia, pero imagino que habrá más jueces católicos. ¿Por qué usted?

No lo sé. Quizá por no haber sido "prudente" o "listo", y sí "un quijote" y "poco listo", como se me ha dicho. Por no calcular fríamente las consecuencias, y tratar de evitarlas. Por cumplir con mi deber por encima de todo, esto es, buscar ante todo y sobre todo el interés de los menores, en este caso de Candela.

Y por no firmarlo y olvidarse de este asunto se ha convertido usted en la bestia negra de los homosexuales.

Cualquier persona que se atreva a poner en riesgo sus "derechos" se convierte ipso facto en enemigo. Y eso que nadie tiene derecho a adoptar, ni homosexuales ni heterosexuales. Es el menor el que tiene derecho a ser adoptado y a crecer sano y feliz, física y psíquicamente. Pero un cristiano no puede tener miedo a nada ni a nadie.

¿En qué medida influyen las convicciones de un juez en su actividad?

Lo ha expresado muy bien Don Carlos Dívar con motivo de su toma de posesión como Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, cuando dijo que sus creencias religiosas cristianas jamás van a interferir en sus funciones, sino todo lo contrario. Asimismo, confesó creer en Dios con todas sus fuerzas.

Todas las personas tenemos nuestras ideas. No tenemos el cerebro vacío. No somos esquizofrénicos. No debería haber nunca ningún supuesto de colisión entre una norma y las convicciones personales de un juez, si aquella busca el bien común, está dentro del llamado "mínimo ético".

Como ello desgraciadamente no siempre ocurre así, en un Estado de Derecho, cuando hay colisión entre las creencias religiosas de una persona y la ley positiva, se permite la objeción de conciencia. Así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional aplicando directamente el artículo 16 de la Constitución a médicos, farmacéuticos y militares que se negaron a procesionar en honor a la Virgen del Pilar.

Ahora bien, yo no tenía problemas de conciencia, ya que en todo momento actué dentro de la legalidad positiva. Me limité a recabar el informe de especialistas, hasta que me cercioré que los peritos no ahondaban o no querían ahondar en la verdad objetiva por prejuicios ideológicos precisa y paradójicamente.

Hablemos de ese informe pericial, que desencadenó las iras de las querellantes. ¿Por qué? ¿Cuál era el sentido de ese informe y por qué lo pidió?

Ordené un informe del Gabinete Psicosocial del Juzgado acerca de la repercusión que en la menor pudiera tener la adopción. Cuando acudieron Vanesa y Susana, madre biológica de Candela, las integrantes del Gabinete les dijeron que no hacía falta entrevistarse con ellas, que el informe ya lo tenía yo. Y en efecto yo tenía un informe pero había sido redactado cinco días antes de que Vanesa y Susana acudieran a su cita en el Gabinete. Ni las vieron.

En ese informe se limitan a hacer una serie de consideraciones genéricas en medio folio. Decían que daba igual lo que yo hiciera, que quisiera o no Candela iba a vivir con esa pareja; y que por ende, es mejor, porque así la niña adquiere derechos hereditarios sobre Vanesa.

Curiosa la psicología judicial. ¿Cuál fue entonces su siguiente paso?

El artículo 9 de la Ley de Protección Jurídica del Menor dice que todo menor tiene derecho a ser oído antes de adoptar resoluciones que les afecten. Como no podía oír directamente a Candela, puesto que tenía un año, tenía que oírla a través de su representante legal, en este caso la madre. Pero por apreciar intereses contrapuestos, puesto que la madre lógicamente estaba a favor de la adopción de su cónyuge, acudí tal y como establece dicho artículo a la figura del defensor judicial y nombré como tal a la Dirección General de Familia.

El Gabinete y la Dirección General de Familia siempre me habían dicho en sus informes lo que ya era una especie de coletilla, que "es esencial para el crecimiento armónico del menor tanto la figura paterna como la materna". Pero como tampoco se pronunciaban sobre lo que yo quería, les dirigí unas cuatro o cinco preguntas clave, tales como si no es cierto que es perjudicial para los menores este tipo de adopción, que se convierten en cobayas humanas, que hay un alto riesgo de homosexualidad, etc. Los psicólogos de la Dirección General de Familia se negaron a contestar por motivos ideológicos. 

Seguimos sorprendiéndonos con la visión psicológica de la administración de Justicia. ¿Cómo hizo para obtener respuesta a sus preguntas?

Harto ya de la situación, decidí cortar por lo sano y plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre la reforma del Código Civil que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero el abogado de la adoptante me lo impidió, acudiendo al ardid procesal de recusarme por ser católico para, poco después, querellarse contra mí por delito de retardo malicioso en la administración de justicia.

Así pues volvemos a la vida privada y las convicciones de un juez a la hora de administrar Justicia. No hablemos de jueces católicos. Pongámonos en el caso de un juez que pertenezca a Jueces para la Democracia, o incluso a un partido de izquierdas.

No es cuestión de izquierdas ni de derechas, de que se esté o no afiliado a alguna asociación judicial. El cincuenta por ciento de los jueces y magistrados no lo está. Un juez honrado, sea cual sea su ideología o creencias, debe averiguar cuál es lo más beneficioso para un menor. Lo dicen todos los tratados internacionales suscritos por España y la normativa interna. No debe inhibirse por miedo a salirse de lo políticamente correcto y por temor a aparecer en todos los medios de comunicación.

A usted ha querido echarle hasta el propio Presidente del TSJM.

Recibí en mi domicilio particular sendas llamadas telefónicas del Presidente del TSJM, D. Juan Martínez Moya, en las que me dijo que me tomara unas largas vacaciones y que me fuera de Murcia, que había causado un grave daño al sistema, que un católico no puede estar al frente de un Juzgado de Familia. Me exigía en suma que me fuera de Murcia o que me cambiara de jurisdicción, añadiendo que dada mi antigüedad no tendría problema. Evidentemente, no acepté.

El Presidente, entre otras acciones, me abrió unas diligencias para tratar de incapacitarme y ordenó al Director del Instituto del Instituto de Medicina Legal que me reconociera a tal fin. Me vio y emitió un informe en el que dijo que estaba perfectamente capacitado para ejercer mis funciones, aunque recomendaba un "ambio de jurisdicción, sin duda auspiciado por el Presidente. Obrando de buena fe, me dijo que hiciera caso a Martínez Moya si no quería verme de pasante en un despacho de abogados de segunda fila. En ese momento yo ignoraba que se había presentado ya la querella por parte de la adoptante Vanesa de las Heras.

Recibí, esta vez en mi despacho, una tercera y última llamada del Presidente, en tono airado y exigente. No la atendí.

¿Por qué cree que tantos ciudadanos percibimos una pérdida creciente de libertades a pesar de que desde el punto de vista estrictamente legal, jurídico, vivimos en un estado de derecho?

Efectivamente, hay miedo y falta de libertad. Lo he constatado y doy fe de ello. A mí verbalmente me han expresado muchos profesionales del derecho murcianos su apoyo. Pero no pasan de ahí. Miedo a retratarse, a salir del montón y que ello les pueda perjudicar. No se ejercita el derecho a discrepar. Se habla de corporativismo de los jueces. Mentira. Al menos si no estás afiliado a alguna asociación. La más absoluta soledad. Sólo dos jueces me han mostrado a través de la red su apoyo. Miedo, servilismo.

Y es porque en el fondo, lisa y llanamente, no estamos en un Estado de Derecho, en el que los poderes se contrapesan, en el que los derechos y libertades fundamentales que proclama la Constitución son efectivos y no se quedan simplemente sobre el papel.

Así pasa con el derecho a la vida, con el aborto, con el derecho primario de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, con Educación para la Ciudadanía, con la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

Se discrimina por razón de sexo en contra de los heterosexuales, por razón de las creencias a los católicos, incluso a nivel colectivo se discrimina a las comunidades autónomas gobernadas por el principal partido de la oposición, etc. Se hace con el derecho al matrimonio, que sólo tienen según el artículo 32 de la C.E. el hombre y la mujer, no dos hombres o dos mujeres entre sí, para lo cual hubiera sido necesaria una reforma constitucional.

Se hace con el derecho al honor y a la intimidad, tantas veces vulnerado por determinados medios de comunicación, esos sí, verdaderos lobbies al servicio del poder. Y con la libertad religiosa, porque se confunde un Estado laico o aconfesional con un Estado laicista. Se persigue y ridiculiza todo signo religioso católico. No se permite de facto la objeción de conciencia, pretendiendo por ejemplo la publicación de los datos de  los médicos que se niegan a practicar abortos, de los objetores a la asignatura de adoctrinamiento antes aludida, etc.

Un Estado de Derecho no se permite treguas para negociar con terroristas. Simplemente se les detiene y juzga. El Código Penal castiga a las autoridades o funcionarios que dejen de perseguir un delito.

Para un Estado de Derecho todos somos iguales ante la ley. Sin embargo, hay muchos ejemplos de trato desigual, algunos de ellos muy recientes, de hace unos días.

Lo que hay en España hoy se llama técnicamente, y así se estudia desde antaño en las Facultades de Derecho, una partitocracia. Algo parecido al pacto pacífico de alternancia en el poder de Cánovas y Sagasta desde 1876, que no era la expresión de la voluntad de los electores, sino que los dirigentes de los partidos lo acordaban y pactaban previamente.

De esta forma, ambos partidos disfrutaban al mismo tiempo del presupuesto, esto es, vivían del erario público. Eso es lo que, mutatis mutandi, pasa ahora con la financiación de los partidos políticos y sindicatos.

En aquella época finalmente jugaban un papel fundamental los caciques, al igual que en la actualidad. Su función, entre otras, intimidar.

¿Por qué cree que los ciudadanos hemos dejado de confiar en la Justicia?

Por lo politizada que está desde 1985, cuando se cambió el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. No hay verdadero Poder Judicial, sino un servicio público de la Administración de Justicia, mero apéndice del Ejecutivo. La prueba del algodón, como suele decirse, es que siempre se sabe el nombre del nuevo presidente del teórico Poder Judicial antes de que se reúnan los que han de elegirle. Al igual que se conocía el nombre del nuevo Presidente del Congreso de los Diputados meses antes de las elecciones generales de marzo de 2008.

Por primera vez en la historia los jueces quieren ir al paro. Escuchando a los que defienden la huelga, da la impresión de que ustedes creen que les  han tomado el pelo. ¿El gobierno actual? ¿Un partido, o todos desde la llegada de la democracia? ¿Quiénes han faltado a sus compromisos?

No interesa ni ha interesado nunca, a ningún Gobierno, sea del color que sea, que la justicia funcione y que sea independiente, con los medios personales y materiales necesarios. Mientras, asistimos al despilfarro de las diferentes administraciones, central y autonómicas. Reformas suntuarias de inmuebles públicos para albergar a políticos, tuneado de vehículos ya de por sí de lujo, viajes al extranjero superfluos, para abrir "embajadas", uso de aviones del Ejército para fines particulares, etc.

Ya lo dijo Alfonso Guerra hace más de veinte años, cuando certificó la muerte de Montesquieu y de la división de poderes. En resumidas cuentas, el que se salga de lo políticamente correcto, como se dice ahora, pagará cara su osadía.  Se le tacha de retrógrado, anticuado, reaccionario.

Moderno por lo visto es no tener ideas ni principios, no pensar. Ya piensan otros por nosotros. Sólo debemos limitarnos a acudir cada cuatro años a las urnas. Ya se encargan luego los políticos al día siguiente de hacer los pactos y coaliciones pertinentes para lograr el poder aunque sea contradiciendo la voluntad popular.

Nadie en su sano juicio cree en nuestro país que la Justicia sea un poder independiente. Pero a veces parece que es la propia Justicia la que no quiere ser independiente. Solo así se entiende el servilismo de tantas asociaciones de jueces y de tanto magistrado con más ganas de medrar que de servir al ciudadano. ¿Quién no quiere la independencia de la judicatura?

No la quieren los políticos, en el peor sentido de la palabra. Los que no buscan el interés general, sino el particular: subir peldaños como sea, medrar, vivir del cuento. A fin de cuentas, para ellos la vida es breve y hay que aprovecharla. Se vive de la apariencia, cara a la galería, buscando los micrófonos y las cámaras de televisión, y mientras tanto que crezca el dinero en el banco.

Así, las asociaciones judiciales, especialmente la APM y Jueces para la Democracia, que son las mayoritarias, se convierten en correa de transmisión de los principales partidos políticos, y la lucha por el poder se refleja en donde no debería reflejarse.

A mí me llegó a decir el presidente del TSJ de Murcia que "hasta los nuestros te han abierto expediente". Se refería a que los del PP, la Asociación Profesional de la Magistratura, también habían votado a favor, creía que yo estaba afiliado. Yo soy juez por vocación, y lo que me gusta es dictar sentencias, resolver litigios de la mejor manera posible, viendo personas, no expedientes.

Hasta tal punto llega la politización que es un dato reconocido que la pertenencia a una asociación viene a ser una especie de seguro para evitar sanciones, o por lo menos para dulcificarlas. Así se ha dicho en el caso del juez Tirado, que incluso coincidió en el tiempo con mi sentencia condenatoria, lo que dio lugar a comparaciones entre la sanción disciplinaria de 1.500 euros de multa que le fue impuesta, frente a la de separación de la carrera judicial, que se me ha impuesto a mí. Y es que la pena de inhabilitación especial en eso consiste: en la expulsión de la carrera judicial y en la imposibilidad de volver a acceder a la misma durante el tiempo especificado en la sentencia, en este caso, dos años, tres meses y un día. Pasado dicho plazo, puede solicitarse del CGPJ la rehabilitación, siendo potestativo de dicho órgano el concederla o no.

No es habitual en un juez hablar con tanta rotundidad y trasparencia. Es de agradecer  la franqueza, señoría.

Estas declaraciones las he hecho al amparo del artículo 20 de la Constitución, que recoge la libertad de expresión de todo ciudadano, entre los que me encuentro. Lo digo porque el presidente del TSJ de Murcia me negó tal derecho. Considero que los jueces no somos ciudadanos de segunda y que tenemos perfecto derecho a expresarnos libremente, siempre que no revelemos asuntos profesionales.

Yo me he visto implicado en un proceso penal, se me ha condenado injustamente y tengo perfecto derecho a criticar la sentencia, como recientemente ha dicho el ínclito ministro de Justicia refiriéndose a la sanción al juez Tirado. Según el ministro se puede criticar una sentencia pero no se puede discrepar de las leyes. Vamos, como el Shabbat judío. Los hombres para las leyes, y no las leyes para los hombres.

Se puede discrepar de unas y de otras. Aunque las sentencias haya que acatarlas y recurrirlas cuando, como en el caso, sean injustas, dicho sea en términos de defensa y con los debidos respetos, como se dice en el argot forense.

Y respecto de las leyes no solamente se puede discrepar, sino que se debe discrepar cuando son injustas, cuando no respetan el principio de jerarquía normativa y vulneran derechos humanos universales, proclamados como tales en 1948 y en décadas posteriores, y suscritos por España.