Los afectados por el escándalo del BOJA piden a Teresa Jiménez que asuma su responsabilidad

Los padres de los menores cuyos nombres fueron publicados en el Boletín andaluz han elevado una reclamación administrativa a la Consejería de Educación, paso previo a la presentación de una demanda judicial.

REDACCIÓN HO y EUROPA PRESS.- El abogado sevillano Carlos Seco, que defiende los intereses de numerosas familias objetoras a las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC), ha elevado una reclamación administrativa a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para que la responsable del departameto, Teresa Jiménez, "asuma y acepte" su responsabilidad por la publicación de los nombres de casi 100 menores en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Así lo dio a conocer en declaraciones a Europa Press el propio letrado sevillano, quien precisó que fue antes de iniciarse el periodo navideño cuando se registró esta reclamación administrativa, que constituye un paso previo a la presentación de la demanda judicial, todo ello en el caso de que Jiménez "se esconda bajo el silencio y no acepte su responsabilidad".

En este sentido, Seco puso de manifiesto que la titular de Educación "tiene la obligación de asumir esta responsabilidad en todos sus términos" por la "vulneración" de los derechos fundamentales a la intimidad, el honor y la propia imagen de los menores cuyas identidades aparecieron publicados en el BOJA.

Según recordó el abogado sevillano, esta presunta vulneración "ya ha sido reconocida" por las resoluciones emitidas por el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, y por la propia Fiscalía, y resaltó que la responsabilidad administrativa por parte de la consejera "se ha producido y ha quedado fehacientemente probada y demostrada".

Tras reseñar que, en el campo político, "es el presidente de la Junta, Manuel Chaves, quien tiene que decicir sobre su cese o dimisión", Carlos Seco indicó que esta reclamación administrativa ofrece a la consejera un mes de plazo para contestar, y en el caso de que la respuesta "sea negativa" se continuará el procedimiento contencioso ante los Tribunales de Justicia.

La Fiscalía reconoció que hubo "lesión del derecho a la intimidad de los menores", pero archivó las diligencias

Como informó HO, a finales del pasado mes de noviembre, la Fiscalía de Sevilla adoptó la decisión de archivar las diligencias que había incoado para investigar todo lo relacionado con la publicación en el BOJA de los nombres de los casi 100 menores citados.

La propia fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, manifestó entonces que para el Ministerio Público tiene "mayor relevancia la defensa de los intereses de los menores a mantener la privacidad de la decisión de instar el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia", que el "ejercicio de unas acciones civiles encaminadas a obtener una indemnización adecuada a la trascendencia de la intromisión".

En la resolución de la investigación, que fue abierta después de que lo solicitara por escrito el Partido Popular y una procuradora que representa los intereses de numerosos padres implicados en el caso, la fiscal jefe concluyó que la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación "produjo la lesión del derecho a la intimidad de los menores afectados" al publicar las resoluciones para sustituir la notificación personal de las mismas.

La fiscal jefe entiendió que "la vulneración del derecho a la intimidad que se ha producido con la publicidad dada en BOJA a las resoluciones administrativas afecta de forma directa a los menores afectados, que deberían comparecer en el procedimiento para ser oídos judicialmente, de manera que adquiriría tintes negativos para los intereses de los menores dada la trascendencia que cobraría la acción procesal llamando si cabe más la atención de todo su ámbito de conocimiento sobre esta opción personal".