El mayor movimiento objetor de la Historia recibe 2009 esperando la sentencia del Supremo sobre EpC

Ya son 263 las sentencias y autos de medidas cautelares dictadas por los jueces, un cuerpo de doctrina que reconoce el derecho a objetar frente al conjunto de asignaturas de adoctrinamiento moral e ideológico conocido como Educación para la Ciudadanía.

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REDACCIÓN HO Y EUROPA PRESS.- El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, por un lado, y decenas de miles de objetores a las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC), por otro, esperan de 2009 la resolución del Tribunal Supremo (TS) sobre los recursos contra cuatro sentencias acordadas por los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía y Asturias, que se emitirá el próximo 26 de enero.

Sobre las resoluciones judiciales, la entidad representantiva del movimiento objetor Profesionales por la Ética indicó este martes a Europa Press que los últimos datos advierten de que hay un total de 263 (entre autos y medidas cautelares) que favorecen a los objetores, a cuyos hijos se exime de ser evaluados hasta que el Supremo se pronuncie sobre la legalidad de los actuales currículos de EpC y sobre la legitimidad de la objeción de conciencia frente a ellos.

Tal y como establece la Ley Orgánica de Educación (LOE), que entró en vigor en 2006, desde el inicio de este curso 2008-2009 se imparte la EpC de forma obligatoria en todas las comunidades autónomas, después de que durante el curso anterior se hubiera comenzado a dar en siete regiones (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Navarra).

La presidenta madrileña recordó recientemente que, pese a la postura crítica del Partido Popular y de algunos gobiernos autonómicos gobernados por esa formación política (especialmente los de Madrid y la Comunidad Valenciana) en relación con este grupo de asignaturas, en todas las comunidades se está impartiendo la EpC, ya que es "una obligación legal que hay que cumplir le guste a uno o no", y subrayó que tanto en Madrid como en Valencia, se está dando clase de estas asignaturas.

Aguirre aclaró que "lo que se está haciendo en las dos comunidades es atender a los padres que objetan a que sus niños sean adoctrinados por esa asignatura ya que los padres tienen ese derecho recogido en la Constitución". De ese modo, según Aguirre, los padres "pueden elegir la educación que mejor se adapte a sus principios y a sus valores".

La Comunidad de Madrid ha de responder en enero a un requerimiento ministerial 

Sin embargo, sobre la Consejería de Educación madrileña pesa un requerimiento del Gobierno por las instrucciones que ha dado a sus centros para que atiendan a los alumnos que objeten la asignatura, a los que se les da la posibilidad de aprobar mediante un trabajo. Si el Gobierno madrileño no contesta en enero, el Ministerio de Educación estudiará la posibilidad de presentar un recurso contencioso administrativo al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

En cuanto al Ejecutivo de la Comunidad Valenciana, que no ha dictado ninguna resolución respecto de las objeciones planteadas por los padres de unos 6000 alumnos de la región y ha forzado que centenares de ellos hayan planteado recursos ante el TSJ de la Comunidad por silencio administrativo, ha protagonizado a lo largo de este año una polémica, tras emitir una orden en la que obligaba a que EpC se impartiera en inglés en todos los centros escolares, contra la que algunos sindicatos de profesores y asociaciones de padres convocaron huelgas y manifestaciones.

Para poner fin a esta situación y con el objetivo de asegurar la "correcta implantación" de la asignatura en la región valenciana, la Consejería de Educación cedió a las presiones de los defensores del diseño de EpC fijado por el Ministerio de Educación y decidió hacer efectiva una moratoria, dando la oportunidad a los docentes titulares de la asignatura a decidir dar la materia en inglés, en castellano o valenciano.

Sobre esta rectificación del Gobierno valenciano, el Ministerio de Educación aseguró que se trataba de "una buena noticia", no sin antes apuntar que el Consell "ha intentado hacer política de oposición al Gobierno utilizando la educación y creando una enorme confusión". "Confiamos en que impere el sentido común y que esta medida sea el inicio de la vuelta a la normalidad en la comunidad educativa valenciana", señaló la ministra Mercedes Cabrera en su última comparecencia del año en el Senado.

El Vaticano considera ilegítima la EpC actual y estima necesaria la objeción

La polémica sobre EpC llegó hasta el Vaticano, que afirmó que, en España, la objeción a EpC es necesaria porque el currículo actual de ese grupo de materias representa una "intrusión estatal absolutamente ilegítima". Así lo declararon recientemente el prefecto de la Congregación Pontificia para la Educación Católica del Vaticano, Zenon Grocholewski, y el prefecto de la Congregación Pontificia para las Causas de los Santos del Vaticano, Angelo Amato,en sendas entrevistaa publicadaa por la revista católica italiana 'Il Consulente Re'.

"Obviamente, aquí en Roma, conocemos bien este grave problema", señaló Amato, para añadir que existe una tendencia creciente en toda Europa a dejar que el Estado entre "cada vez más en la vida personal de cada uno" y a que los poderes públicos obliguen a las familias a que sus hijos estudien "determinadas materias, no de instrucción sino de adoctrinamiento".