El PSOE, que propone el aborto libre hasta las 14 semanas, confía en el apoyo del Constitucional

El Gobierno, con toda probabilidad, propondrá una ley que permitirá el aborto libre en las 12 ó 14 primeras semanas de embarazo, según avanzó ayer a la agencia Europa Press el secretario general del grupo socialista en el Congreso, Ramón Jáuregui.

REDACCIÓN HO, EUROPA PRESS, DIARIO DE CÓRDOBA, ABC.-  El PSOE empieza a lanzar ya globos sonda sobre lo que, con casi total seguridad, será la nueva ley del aborto. No es nada nuevo que este texto permita el aborto libre, sin exigencias de supuestos, en las primeras 12 ó 14 semanas, pero el hecho de que quien así lo apunte sea el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Ramón Jáuregui, arroja un carácter oficial a la propuesta que hará el Gobierno socialista. Jáuregui reconoció ayer que es "una hipótesis más que posible" que la ley permita el aborto "libre", y lo hizo en el transcurso de una entrevista con Europa Press, en la que no mostró gran preocupación porque el Tribunal Constitucional sea un obstáculo, como lo fue en 1985 (ver vídeo de sus declaraciones pinchando aquí).

Según la propuesta que defiende en el Congreso el grupo Socialista, una vez que la norma esté aprobada definitivamente cualquier mujer que quiera abortar en España podrá interrumpir su embarazo sin necesidad de cumplir más requisitos que el de estar en esas 12 ó 14 primeras semanas de la gestación. La norma, llamada de plazos, es similar a la que está vigente en países como Alemania, Dinamarca, Austria, Grecia y Portugal. Ahora mismo, en España el aborto está despenalizado solo si se cumplen ciertos supuestos, como los casos de violación, malformación del feto o riesgo para la madre, supuesto este último que se ha convertido en un auténtico coladero para permitir de hecho el aborto libre en España, como denuncian numerosos colectivos en defensa de la vida. De hecho, más del 90% de los abortos perpetrados en España en 2007, según datos del Ministerio de Sanidad, se acogieron a este supuesto.

Jáuregui no mostró preocupación ante la posibilidad de que el PP recurra la futura norma ante el Tribunal Constitucional, que en el año 1985 emitió una sentencia asegurando que el artículo 15 de la Carta Magna -"todos tienen derecho a la vida"- protege también al nasciturus (individuo que ha sido concebido, pero que aún no ha nacido). Hoy en día, según el diputado socialista, el tribunal llevaría a cabo una interpretación "más flexible y más actualizada" del conflicto entre el derecho de la madre y del nasciturus.

En esta misma línea se situó la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, que se marca como objetivo que España tenga "la mejor ley posible" en sintonía con la legislación vigente que en esta materia "tienen la mayoría de países de la UE". En enero, la subcomisión del aborto del Congreso de los Diputados aprobará un informe, que será estudiado por el Gobierno a la hora de redactar la futura ley. La subcomisión, sin embargo, acaba de terminar su ronda de comparecencias de expertos y la situación en los grupos políticos sigue siendo inamovible: el PP rechaza su legalización; el PSOE y ERC-IU-ICV abogan por ella, mientras que el PNV y CiU mantienen una prudente equidistancia.

Al pronunciamiento de Jáuregui respondió el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, al advertir que esta formación política no va a apoyar la ampliación de la Ley del Aborto. Esta postura firme frente a la reforma que pretende el Gobierno no está tan decidida a la hora de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. González Pons señaló que el PP "no puede hacer un recurso ante una ley que no conoce. Lo que habría que hacer es cumplir y garantizar que se cumple la legislación vigente, que es la que el Constitucional, hasta la fecha, ha avalado".

También numerosos colectivos cívicos y profesionales sanitarios rechazaron ayer las intenciones del Gobierno, en las diversas concentraciones convocadas ante centros abortistas de toda España. Frente a la apuesta del Gobierno que sólo revertirá en acrecentar la tragedia del aborto en nuestro país, estos colectivos reclaman al Ejecutivo que abandone su proyecto de ampliación de la ley del aborto a favor de verdaderas medidas que ayuden a las mujeres embarazadas y a las familias.