Cierre en falso para la Subcomisión del aborto

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REDACCIÓN HO.- La Subcomisión creada para reformar la ley del aborto echa el cerrojo esta mañana en el Congreso de los Diputados a las comparecencias de los expertos solicitadas por los distintos grupos.  Han comparecido treinta especialistas de diversos campos que han expresado opiniones diametralmente opuestas, como contrarias son las posturas de PSOE y PP. Desde el partido del Gobierno se propone una ley de plazos que el principal  partido de la oposición rechaza de plano.

La última sesión con expertos ha comenzado a las 10.00 de la mañana de este viernes. Comparecen Altamira Gonzalo Valgañón, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis; Conrado Jiménez Agrela, doctor en Bioética y Biojurídica y Presidente de la Fundación Madrina; y José Miró i Ardevol, director del Estudio 'Impacto económico del aborto: evaluación basada en el valor del capital humano', del Instituto del Capital Social de la Universidad Abat Oliba CEU.

Concluidas las comparecencias, a partir de hoy comenzarán las deliberaciones políticas para elaborar un informe y un texto común que se enviará al Ejecutivo. En teoría, el Gobierno de Zapatero tendrá en cuenta este texto para elaborar a futura ley.

Un cierre en falso

Prueba de que los trabajos de esta subcomisión son una puro papel mojado y de que no ha habido un auténtico debate es que, antes de que hayan concluido las comparecencia, la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, ya se ha apresurado a prometer esta mañana una ley del aborto para 2009 "con más garantías para las mujeres y los profesionales", porque confía en que el Gobierno mejore una ley que lleva más de 23 años en vigor.

Entiéndase en la mentalidad del Gobierno lo de "mayores garantías para las mujeres" el tener mayor facilidad para abortar, habida cuenta, como ha destacado la portavoz de Derecho a Vivir, la doctora Dador Joya, que "en esta Subcomisión el partido del Gobierno ha llamado únicamente a representantes del negocio del aborto -un negocio que justo antes de anunciarse la reforma del aborto estaba sentado en los tribunales, destacando el escándalo internacional que ha supuesto el caso  Morín-, y no ha citado ni a un solo experto que cuestione la ampliación de la despenalización del aborto".  Además, como denuncia DAV, no han comparecido además ante la subcomisión importantes colectivos afectados de primera mano con la reforma que busca el Gobierno, como son asociaciones de discapacitados que rechazan de plano el supuesto de malformaciones en el feto que permiten el llamado aborto eugenésico o colectivos de Madres que han sufrido abortos provocados tras diagnosticárseles una trisomía 20 o realizárseles una amniocentesis.

"El gobierno, pues, no quiere escuchar, su decisión está tomada de antemano hacia una ley de plazos que favorezca la industria del aborto, en vez de apoyar las alternativas al aborto, como es la atención a la mujer embarazada, que nunca desea pasar por lo que siempre es una experiencia traumática y que le supone graves riegos, aparte de suponer la muerte del feto".

Por otra parte, léase en "mayores garantías para los profesionales" labores encaminadas a fomentar la práctica del aborto, cuando han querido mirar para otro lado ante la objeción de conciencia que ejercitan los profesionales en la Sanidad pública al negarse a realizar abortos, y lo disfrazan de coacciones por parte de sus superiores, cuando la realidad es que el Ejecutivo no ha mostrado denuncia ni evidencia alguna de que sea así. De ahí, por ejemplo, los apuntes del Ejecutivo hacia la creación de listados con los nombres de los facultativos que se nieguen a realizar abortos en la Sanidad pública, algo que difícilmente se puede entender de otra forma que no sea como una medida de coacción.